El Katolikós de Todos los Armenios, Karekín II, y otros seis altos dignatarios de la Iglesia Apostólica Armenia deberán afrontar una nueva instancia judicial el próximo 18 de septiembre, cuando se celebre una audiencia preliminar en la sede de Vagharshapat —Echmiadzín— del tribunal de primera instancia de la provincia de Armavir.

El expediente estará a cargo del juez Serzh Rushanian, después de varias semanas de idas y vueltas judiciales respecto de qué tribunal debía entender en la causa. La decisión final quedó en manos del Tribunal de Casación de Armenia, que determinó que el proceso debía regresar a la jurisdicción de Armavir.

Además de Karekín II, están acusados el arzobispo Nathan Hovhannisian, el arzobispo Haigazun Najarian, el obispo Moushegh Babaian, el obispo Hovnan Hakobian, el obispo Makar Hakobian y el obispo Vahan Hovhannisian, todos integrantes del Supremo Consejo Espiritual de la Iglesia Apostólica Armenia.

La Fiscalía los acusa, en virtud del artículo 507, apartado 2, del Código Penal de Armenia, de obstaculizar mediante el ejercicio de atribuciones oficiales la ejecución de una resolución judicial firme. Los religiosos rechazan haber cometido delito alguno, y la defensa cuestionó además la competencia de los tribunales civiles para intervenir en decisiones de naturaleza interna y canónica de la Iglesia.

El origen del conflicto

La causa se remonta a la decisión adoptada el 10 de enero de 2026 por Karekín II de apartar al obispo Gevorg Saroian de su cargo como primado de la Diócesis de Masis (Masiatsotn).

Saroian recurrió la decisión ante la Justicia y, el 17 de enero, un tribunal dispuso como medida cautelar que continuara desempeñándose como primado hasta que existiera una sentencia definitiva sobre el litigio.

Posteriormente, Saroian fue reducido al estado laical por decisión eclesiástica y pasó a ser mencionado por su nombre secular, Arman Saroian.

Según la acusación, las decisiones posteriores adoptadas por el Katolikós y los miembros del Supremo Consejo Espiritual habrían impedido el cumplimiento de la resolución judicial que mantenía provisoriamente a Saroian en su cargo. Sobre esa base se inició el proceso penal.

La defensa sostiene, en cambio, que el Estado no puede sustituir a las autoridades eclesiásticas en cuestiones de disciplina, jerarquía y condición canónica, lo que plantea un conflicto que trasciende el caso individual y alcanza la autonomía institucional de la Iglesia Apostólica Armenia.

Una causa con sucesivos cambios de juez

El trámite judicial atravesó una sucesión poco habitual de cambios.

La primera audiencia preliminar tuvo lugar el 7 de agosto en el tribunal de Armavir. El juez Hakob Manukian se apartó del expediente al señalar una posible situación de incompatibilidad: el abogado defensor Ara Zohrabian, cuando presidía el Colegio de Abogados, había intervenido en el procedimiento mediante el cual Manukian obtuvo su matrícula profesional.

El expediente pasó entonces a Rushanian. Sin embargo, el 28 de agosto, Rushanian consideró que la causa debía examinarse en Ereván por razones de competencia territorial y dispuso su traslado al tribunal penal de primera instancia de la capital.

En Ereván fue asignada al juez Vahagn Melikian, quien remitió a su vez la cuestión al Tribunal de Casación para que definiera de manera definitiva cuál era el tribunal competente.

La máxima instancia judicial resolvió que la causa debía tramitarse en Armavir, al señalar que las acusaciones contra los otros seis religiosos sitúan los hechos presuntamente delictivos en la Sede Madre de Echmiadzín, durante una reunión del Supremo Consejo Espiritual. El Tribunal de Casación consideró además que los sucesivos traslados podían generar demoras innecesarias en el proceso.

De esta manera, el expediente volvió al juez Rushanian, quien fijó la audiencia preliminar para el 18 de septiembre.

Karekín II continúa con prohibición de salir del país

La investigación penal contra el Katolikós había sido formalizada en febrero. El 14 de febrero de 2026, las autoridades armenias impusieron a Karekín II una prohibición de abandonar Armenia como medida cautelar dentro del proceso.

La medida tuvo además una consecuencia inmediata sobre la actividad de la Iglesia: le impidió al Katolikós viajar a Austria para participar en la Asamblea de Obispos celebrada en Sankt Pölten, circunstancia que la defensa denunció entonces como un intento de interferir en el funcionamiento interno de la Iglesia.

La restricción también le impidió viajar a Georgia en marzo, cuando fue invitado a asistir al funeral del Katolikós-Patriarca de toda Georgia, Ilía II, fallecido a los 93 años tras casi medio siglo al frente de la Iglesia Ortodoxa Georgiana. La Sede Madre de Echmiadzín había expresado la intención del Katolikós de viajar, y sus abogados presentaron ante el Comité de Investigación una moción para levantar la medida cautelar. Consultado al respecto, el primer ministro Nikol Pashinian respondió que no reconoce a Karekín II como Katolikos, mientras que el Gobierno armenio anunció que el país estaría representado "al más alto nivel" en la ceremonia. Finalmente, Karekín II no pudo asistir al funeral.

La restricción sigue siendo uno de los aspectos de mayor trascendencia institucional del expediente, dado que afecta directamente la actividad internacional del jefe de la Iglesia Apostólica Armenia.

Un proceso que excede el ámbito judicial

El juicio se desarrolla en medio del prolongado enfrentamiento entre el gobierno de Nikol Pashinian y la conducción de la Iglesia Apostólica Armenia, que en los últimos meses alcanzó una intensidad sin precedentes.

Por eso, más allá de la determinación de eventuales responsabilidades penales individuales, el proceso contra Karekín II y seis miembros del Supremo Consejo Espiritual vuelve a poner en primer plano una cuestión de fondo: hasta dónde puede extenderse la jurisdicción del Estado sobre decisiones adoptadas por la Iglesia en ejercicio de su autonomía canónica.

La audiencia del 18 de septiembre en Echmiadzín será, en consecuencia, una nueva instancia de una causa cuyo alcance político, institucional y religioso ya excede ampliamente el conflicto original en torno a la conducción de una diócesis.