En los últimos tiempos, se ha hecho evidente una preocupante inversión de roles en la vida pública de Armenia. Mientras el Gobierno busca establecer una línea divisoria estricta para limitar que la Iglesia Apostólica Armenia se pronuncie sobre cuestiones relacionadas con el destino de la nación, al mismo tiempo se percibe una creciente implicación del poder ejecutivo en asuntos internos de la institución religiosa más antigua y representativa de nuestro pueblo.

Es necesario recordar una realidad histórica que, en ocasiones, genera incomodidad en los ámbitos oficiales: la Iglesia Apostólica Armenia ha sido una Iglesia de carácter nacional. Durante los siglos en los que el Estado armenio desapareció del mapa político como consecuencia de imperios y conquistas, la Iglesia no solo actuó como refugio espiritual, sino que desempeñó funciones esenciales en la preservación de la lengua, la continuidad cultural, la supervivencia colectiva y la identidad nacional.

El argumento de la “no injerencia”

Invocando el principio de laicidad, el Gobierno sostiene que la Iglesia no debería intervenir en debates relacionados con la seguridad, el territorio o la soberanía. Se afirma que “la Iglesia no debe inmiscuirse en política”. Sin embargo, este planteamiento suscita interrogantes cuando se aplica a una institución que históricamente asumió responsabilidades fundamentales para la supervivencia de la nación.

Cuando el futuro de Armenia y de Artsaj se convierte en motivo de profunda preocupación pública, la Iglesia considera que forma parte de su misión histórica y ética expresar su visión si entiende que determinadas decisiones del poder civil pueden afectar a los intereses generales de la sociedad. En su sentido más amplio, la política implica la gestión del bien común, un ámbito en el que la Iglesia ha tenido una presencia constante a lo largo de los siglos.

La asimetría del poder y las tensiones institucionales

Resulta motivo de inquietud observar encuentros del Primer Ministro con un grupo minúsculo (10) de religiosos críticos en el marco de iniciativas presentadas como procesos de “renovación” eclesial. Estas dinámicas son percibidas por amplios sectores como una injerencia unilateral en la vida interna de la Iglesia.

Asimismo, ha generado preocupación social la participación de miembros del clero en procesos judiciales desarrollados en un contexto políticamente sensible, así como la aparición de cuestionamientos públicos relacionados con aspectos de la vida personal del Katolikós Karekín II y con sus compromisos religiosos. Estas situaciones contribuyen a un clima de polarización y tensión institucional.

Ante este escenario, es necesario establecer algunas consideraciones fundamentales:

El Estado y los límites de su competencia:
En un sistema democrático y de derecho, ningún gobierno civil tiene competencia para intervenir en la estructura interna, la jerarquía o la disciplina de una institución religiosa. Incluso en el caso de que existan cuestionamientos sobre la conducta privada de miembros del clero, estos corresponden al ámbito de la justicia canónica y espiritual, y no al de la autoridad ejecutiva. La utilización de mecanismos estatales en debates internos de la Iglesia es percibida como una vulneración del principio de autonomía institucional.

La legitimidad de la Iglesia:
Por su carácter nacional y su trayectoria histórica, la Iglesia Apostólica Armenia posee una legitimidad social que trasciende los ciclos electorales. Su Consejo Espiritual Supremo, a diferencia de estructuras ejecutivas unipersonales, es un órgano colegiado en el que participan clérigos y laicos, reflejando la pluralidad de la comunidad armenia. Es este órgano el que cuenta con la autoridad para examinar la conducta de sus miembros y abordar las cuestiones internas de la institución.

Conclusión

La pretensión de reducir a la Iglesia a un papel meramente ritual es percibida por amplios sectores como un intento de privar a la sociedad de una de sus principales referencias morales. Un contexto en el que el poder civil se involucra en asuntos religiosos, recurre a mecanismos judiciales en controversias políticamente sensibles y cuestiona públicamente a las máximas autoridades eclesiásticas, mientras solicita neutralidad o silencio, corre el riesgo de debilitar la confianza institucional y la cohesión social.

Armenia necesita una Iglesia capaz de expresar su voz con responsabilidad cuando el rumbo colectivo se vuelve incierto. La experiencia histórica recuerda que los gobiernos son, por naturaleza, temporales; el Estado puede atravesar distintas etapas; pero las instituciones espirituales y la Nación perduran a través del tiempo.