Los últimos acontecimientos en Armenia muestran que lo que a primera vista puede percibirse como una lucha de poder entre la autoridad y la jerarquía eclesiástica, en realidad plantea cuestiones fundamentales: ¿qué papel debe desempeñar la Iglesia en un orden democrático?, ¿dónde terminan los intereses legítimos del Estado y dónde comienza la autonomía espiritual?, y ¿cómo debe la Iglesia relacionarse con su propia historia, siendo consciente de su poder, influencia y responsabilidad, pero también de sus límites?
La Iglesia Apostólica Armenia no es simplemente una organización religiosa más. Durante siglos ha servido de puente en tiempos de ausencia de estatalidad, ha preservado la lengua, las letras, la memoria y la fe, y en condiciones de persecución y genocidio ha dado al pueblo un espacio donde su dignidad e identidad tenían nombre. Esta experiencia histórica aún hoy moldea la conciencia de muchos armenios, tanto en Armenia como en la Diáspora: al decir "armenio" a menudo se incluye involuntariamente también a la Iglesia Armenia. Por eso, toda intervención estatal respecto a la Iglesia en Armenia se percibe no solo como una cuestión jurídica, sino también como una cuestión existencial. Al mismo tiempo, todo esto no exime a la Iglesia de la obligación de redefinir su lugar y papel en el presente democrático.
Por un lado, es preocupante cuando el Estado comienza a interferir en los asuntos internos de la Iglesia, en cuestiones de personal, por ejemplo, en la destitución o el restablecimiento de obispos. Debe entenderse que los cargos eclesiásticos no son puestos administrativos políticos, sino expresión de una vocación espiritual, regulados mediante el derecho canónico eclesiástico. Cuando los tribunales seculares y las estructuras de poder efectivamente deciden destinos eclesiásticos, se pone en peligro no solo la libertad religiosa, sino también los fundamentos del Estado de derecho, se viola la constitución del país.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, el problema se agudiza aún más cuando los clérigos son sometidos a arrestos, presiones o acusaciones penales que dan la impresión de ser instrumentalizados políticamente. Un sistema judicial que toma decisiones rápidamente en conflictos eclesiásticos a favor de partes cercanas al poder, mientras las voces críticas son perseguidas o desacreditadas, daña su propia autoridad. Ya no es percibido como un poder independiente, sino como representante de los intereses de la fuerza política gobernante. En tal situación se pone en peligro no solo la libertad religiosa, sino toda la arquitectura del Estado de derecho.
Por otro lado, todo esto no cancela la otra cara de la medalla. Presentar a la Iglesia como una estructura completamente alejada de la política es imposible cuando está tan estrechamente vinculada con la identidad nacional, el pasado político y la estructura social, como lo está la Iglesia armenia. A lo largo de la historia ha sido un actor influyente. Por lo tanto, la afirmación de "neutralidad política" es a menudo más un ideal que una realidad. Si la Iglesia desea hablar con su misión profética, como voz de Dios, como conciencia del pueblo, entonces debe estar dispuesta también a escuchar críticas, garantizando transparencia y abordando honestamente los problemas internos existentes, que siempre han existido, existen y existirán.
Armenia hoy se enfrenta a una elección. La intervención estatal no puede justificarse bajo el nombre de "reformas", y la autoridad espiritual no puede utilizarse para silenciar a la oposición. Sí, la Iglesia, siendo un cuerpo vivo, siempre ha tenido, tiene y tendrá necesidad de reformas, y sí, es obligación de la sociedad civil seguir críticamente también las estructuras del poder eclesiástico. Pero no, esto no justifica el control "disciplinario" del Estado sobre la Iglesia mediante el sistema judicial, la policía o campañas políticas. Igualmente inadmisible es también, invocando la autoridad espiritual, presentar cada crítica interna como un "ataque externo". Ambos enfoques son peligrosos y conducen a una crisis profunda.
Armenia no necesita una secularización que marginalice a la Iglesia, convirtiéndola en una estructura residual, ni tampoco una Iglesia que evite el control público. Se necesita una colaboración madura, donde el Estado proteja las libertades de la Iglesia, y la Iglesia utilice esa libertad no para priorizar los intereses de la jerarquía espiritual, sino para servir al Evangelio y a la dignidad humana, a la verdad y a la reconciliación social, manteniéndose alejada de las luchas partidistas.
Según la fe cristiana, la última palabra no pertenece ni al Estado ni a la Iglesia como estructura institucional, sino solo a Dios. Y es precisamente esta conciencia la que debe poner medida y límite al poder de ambos. En esta tensión se decidirá si Armenia puede ser un país donde la Iglesia respire libremente y cumpla su misión para la gloria de Dios, el bienestar del Hombre y el honor de la Patria, mientras el Estado, firmemente apoyado en los fundamentos de la ley y la democracia, se libere de la obsesión por temerlo todo y controlarlo todo, sin violar los principios fundamentales de la democracia.
