En el mundo, los peores acontecimientos en términos de conmociones y revoluciones sociopolíticas suelen planificarse y ejecutarse bajo las consignas más nobles y atractivas. La campaña ilegal, destructiva y ya sin límites emprendida por el primer ministro Nikol Pashinian y su grupo gobernante contra la Iglesia Apostólica Armenia, independientemente del envoltorio con que intenten presentarla, apunta como mínimo a degradar el papel de esta institución nacional fundamental en nuestra realidad histórica y espiritual.
Especialmente si, como señalan diversos analistas nacionales e internacionales, esta ofensiva posee una orientación geopolítica o, en todo caso, externa.

Cuando, abusando del poder del Estado, llevan su vergonzosa puesta en escena a la Iglesia de los Santos Siete Mártires/Heridas de Gyumri, el 7 de diciembre, sin respetar siquiera el doloroso simbolismo de esa fecha, se traspasan los límites de lo imperdonable desde la perspectiva de cualquier ciudadano consciente. Se trata de un templo que jamás había sido objeto de una “visita” tan irrespetuosa. Y los reiterados atentados contra el territorio de la Santa Sede Madre de Etchmiadzin y el Templo Madre, el sanctasanctórum de la fe armenia, resultan difíciles de describir incluso con palabras.

Quienes están llamados a defender el país frente a los desafíos externos, son hoy los mismos que están creando nuevos y peligrosos desafíos dentro del Estado. Surge inevitablemente la pregunta: ¿por qué?

Recordamos, ¿verdad?, la honesta confesión del difunto y venerado Katolikós de Todos los Armenios Vazken I:
«Acepto el cristianismo en la medida en que sirve a mi nación».

Precisamente por haber servido a la nación, la Iglesia se convirtió, a lo largo de los siglos, en una auténtica institución nacional. Resulta difícil creer que quienes hoy dividen y persiguen a nuestra Iglesia nacional ignoren que con ello violan la Constitución, el orden legal y sientan un precedente peligroso para toda la sociedad. Y, sin embargo, lo hacen. Porque hoy, en la República de Armenia, demasiadas decisiones estatales se toman según la voluntad, el capricho y el movimiento del dedo de un solo hombre. Aquí emerge un problema legislativo esencial vinculado al orden constitucional.

Durante el gobierno anterior (ah, esos “anteriores”…), cuando se preparaban las enmiendas constitucionales de 2015, mediante las cuales Armenia pasó de un sistema semipresidencial a uno parlamentario, un editorial del semanario Azg planteó con acierto la pregunta: «¿Gobierno parlamentario o gobierno del primer ministro?». Aquellas modificaciones estaban, como se dijo entonces, “hechas a medida” del presidente de turno, Serge Sarkisian, quien aspiraba a dirigir el país como primer ministro. Sin embargo, el poder prácticamente ilimitado que ofrecían terminó en manos del entonces opositor Nikol Pashinian.

En 2018, cuando escribíamos «Elogiemos después de un año», en medio del entusiasmo popular por su llegada al poder, ni siquiera podíamos imaginar hasta dónde nos conduciría ese poder concentrado.

Todas las desgracias sufridas, los crecientes desafíos y los pecados contra el sistema de valores nacionales, de los cuales hoy se intenta distraer a la sociedad con conflictos artificiales, están directamente relacionados con ese poder unipersonal sin contrapesos reales. Y, de reproducirse este esquema de poder, sus consecuencias solo se profundizarán.

No hace falta demostrar que todo poder unipersonal no controlado puede transformarse, tarde o temprano, en tiranía. Todo depende de en qué manos se encuentre esa arma poderosa y peligrosa. Aquí surge el segundo interrogante fundamental: ¿dónde está el mecanismo legal efectivo que pueda frenar la mano del líder del país o exigirle responsabilidades en caso de violaciones de la ley, abuso de poder o uso indebido del cargo?

En términos generales, esta situación resulta insostenible. Este peligroso rumbo de sembrar divisiones, enemistad y odio dentro del país, de cultivar traidores y demoler pilares nacionales, debe ser detenido.