Por Suren Sureniants, politólogo

La reciente declaración de Nikol Pashinian, según la cual es posible y permisible expresar protestas durante la liturgia, y que el nombre del Katolokós Karekin no debería ser mencionado, ha trascendido hace tiempo los límites de una opinión personal o la postura de un creyente.

Se ha convertido en un mensaje político dirigido al interior de la Iglesia, y esa es la esencia del problema.

El problema es, ante todo, jurídico.

El artículo 17 de la Constitución de Armenia establece claramente el principio de separación entre Estado e Iglesia.

Cuando el jefe del poder ejecutivo del país evalúa públicamente qué es permisible o inadmisible durante la liturgia, está ingresando de facto en un ámbito que la Constitución no le reserva.

Aquí ya no se trata de la opinión de un creyente, sino del intento del poder estatal de politizar y controlar el contenido del rito eclesiástico.

En los últimos meses, Pashinian ha intervenido repetidamente en los asuntos internos de la Iglesia: proponiendo reformas al estatuto eclesiástico, participando en la organización de liturgias alternativas e incluso planteando ideas de imponer la ejecución del himno nacional. Esto viola objetivamente el principio de neutralidad.

Sin embargo, lo más preocupante es el subtexto político de la declaración.

La idea de "expresar protestas durante la liturgia" no solo se legitima, sino que se presenta como una conducta aceptable e incluso conveniente, con alusiones a "lograr resultados prácticos".

Estas formulaciones no pueden percibirse como casuales. En condiciones de profunda polarización social, objetivamente suenan como un detonante para provocaciones organizadas.

Se está formando una cadena peligrosa y ya conocida: primero, legitimación discursiva; luego, incidentes "espontáneos" en las iglesias; finalmente, su justificación política en el lenguaje de la defensa de derechos civiles.

Esta lógica no solo socava el orden interno de la Iglesia y su derecho canónico, sino que también convierte los lugares sagrados en una plataforma potencial de enfrentamientos políticos.

El poder intenta sistemáticamente arrastrar el espacio eclesiástico al campo de la lucha política, expandiendo el conflicto hacia un ámbito donde el Estado está obligado a mantener neutralidad absoluta.

La Iglesia, independientemente de la actitud del poder o de diferentes sectores de la sociedad, continúa siendo una institución autónoma con su propio derecho canónico y orden interno.

La violación de esos límites no puede considerarse un paso político ordinario.

Es el cruce de otra línea roja, que conlleva consecuencias serias e impredecibles tanto para el Estado de derecho como para la paz social.