Entre la adaptación geopolítica, el desmantelamiento institucional y la deriva autoritaria
Sobre 2025, año que llega a su fin, podemos decir que ha sido inolvidable. Armenia todavía se encuentra en una fase contradictoria de desarrollo: en el ámbito de la política exterior y la economía, las estructuras europeas, así como Rusia y otros países, observan tendencias cautelosas de estabilización, mientras que a nivel de política interna aumentan los riesgos institucionales y la democracia está amenazada.
Es innegable que cierta suavización de las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán —especialmente en la percepción de inversionistas internacionales y observadores externos— así como la profundización de la cooperación con la Unión Europea, abren nuevas oportunidades regionales y económicas. Sin embargo, al mismo tiempo, Armenia continúa siendo un estado geopolíticamente vulnerable. Las relaciones con Rusia permanecen indefinidas y ambiguas, mientras que las cuestiones fundamentales de seguridad del país aún no tienen soluciones estables y a largo plazo.
Desde una perspectiva de política interna, la confianza de las personas y empresarios en las instituciones estatales ha disminuido de manera preocupante, por decirlo suavemente. Contribuyen a ello tanto las intervenciones directas del Estado en sectores económicos estratégicos (particularmente el proceso de nacionalización de las redes eléctricas), como la abierta y creciente confrontación de las autoridades con la Iglesia Apostólica Armenia. Estoy convencido de que estos fenómenos son evaluados en todos los centros geopolíticos como señales de concentración de poder y aumentan la percepción de incertidumbre política.
En términos macroeconómicos, Armenia muestra relativa estabilidad a corto plazo: crecimiento económico, tipo de cambio estable del dram e inflación controlable. Al mismo tiempo, el 25 por ciento del país continúa en situación de pobreza o pobreza extrema.
Hay que entender que la estabilidad a largo plazo depende no tanto de indicadores numéricos, sino de la confiabilidad institucional, del Estado de derecho y de la solidaridad social. Y precisamente en estas áreas está el punto más vulnerable del desarrollo actual: las tensiones de política interna socavan las tendencias económicas positivas a largo plazo y dañan el clima de inversión. Estas son las cuestiones sustantivas de las que realmente debería hablar una oposición efectiva y programática. Sin embargo, en el campo opositor predomina no la lógica de formular una agenda, sino de reaccionar a los pasos del gobierno. La crítica permanece al nivel de reacción, sin ideas desarrolladas de manera independiente, sin estrategias claras ni visión alternativa presentada al público. Como resultado, en el campo político la mayoría de los ciudadanos no ve una alternativa real al gobierno actual, y en el debate público está ausente una discusión profunda y sustantiva de los problemas existentes.
En este contexto, merece especial atención la cuestión del apoyo externo antes de las elecciones parlamentarias de 2026, en el marco de la lucha contra la desinformación y las "amenazas híbridas". El problema no es solo el financiamiento extranjero, sino también en manos de quién está el poder de definición: ¿quién decide qué se considera desinformación, cuáles son las narrativas "basadas en hechos", y dónde está la frontera entre intervención externa y oposición política legítima? Si estos criterios no son estrictamente neutrales, transparentes y controlables, entonces las herramientas diseñadas para fortalecer la resiliencia democrática pueden convertirse en la práctica en mecanismos de filtración política. Lamentablemente, este no es un riesgo teórico, sino real, especialmente en las condiciones actuales de debilidad institucional y polarización de política interna.
En cuanto a las relaciones entre Estado e Iglesia, aún no sabemos adónde nos llevarán estos desarrollos. Pero ya hoy podemos afirmar que las relaciones entre el gobierno de Armenia y la Iglesia Apostólica Armenia se han deteriorado significativa y estructuralmente. Han causado tensión los procesos penales aplicados contra clérigos de alto rango, las acusaciones públicas del primer ministro dirigidas al Katolikós, así como la ambición política del gobierno de intervenir directamente en los asuntos internos de la Iglesia. Todo esto no es casualidad, sino parte de un conflicto de poder que altera el equilibrio institucional del Estado.
Esta escalada debilita la confianza pública, profundiza la polarización política y pone en duda los fundamentos del Estado de derecho y la estabilidad institucional. Para los observadores internacionales, la tensión entre el gobierno y la Iglesia se percibe como un factor de riesgo político que reduce la previsibilidad de política interna de Armenia y ejerce presión adicional sobre la confianza ya frágil.
Estos desarrollos que ocurren en Armenia no pueden considerarse aisladamente. En diferentes regiones del mundo se observa el fortalecimiento de aquella mentalidad que considera que la democracia y el Estado de derecho no son una ventaja, sino un obstáculo en las condiciones de competencia económica y política global. Esta lógica de "eficiencia", obviamente atractiva para los sistemas autoritarios, es especialmente peligrosa para aquellos estados cuyas instituciones democráticas independientes aún no están consolidadas.
Las democracias rara vez se derrumban en un instante. Más frecuentemente se desintegran gradualmente, mediante la adaptación silenciosa de la sociedad, la normalización de los deterioros institucionales y el cerrar los ojos ante las desviaciones legales. En este sentido, la pregunta "¿Quo vadis Armenia?" no es retórica, sino profundamente política, dirigida no solo a las autoridades, sino a toda la sociedad.
Padre Tiratur Sardarian
Pastor espiritual de la comunidad de Baden-Wurtemberg, Alemania
