Los recientes contactos armenio-alemanes pueden analizarse, en apariencia, desde una óptica económica, especialmente considerando el interés de varios Estados europeos por incorporarse al programa TRIPP. Sin embargo, es bien sabido que —como siempre— toda iniciativa económica es, ante todo, política: una herramienta para ampliar esferas de influencia y asegurar presencia estratégica. Las grandes potencias solucionan sus asuntos políticos mediante operaciones económicas, y las relaciones con Armenia no son una excepción.

Los últimos años lo han demostrado con claridad: el TRIPP, la implicación del Reino Unido en el proyecto de Amulsar, la presencia francesa a través de Veolia Eau, de empresas gestoras de fondos de pensiones y de otros programas. Todo ello comporta, inevitablemente, una cuota política de influencia.

La posible entrada del capital alemán en Syunik, en el marco del TRIPP, parece ser uno de los objetivos no declarados de los encuentros recientes. Y lo mismo cabe esperar de Inglaterra, Francia, Turquía, Rusia, además de Estados Unidos. Esto es precisamente lo que el primer ministro Nikol Pashinian ha vuelto a llamar “política equilibrada”, asegurando en Hamburgo que el acercamiento a la Unión Europea “no se hace a costa de Rusia o de la Unión Económica Euroasiática”. Su participación en Moscú, en la sesión del Consejo Intergubernamental Euroasiático, así lo refrenda.

Cuando llegue el momento en que diversas compañías internacionales estén físicamente instaladas en Syunik, entonces veremos el verdadero alcance de ese equilibrio. El próximo año Armenia exportará unas cuatro toneladas de oro, de las que solo un porcentaje mínimo ingresará al presupuesto estatal. Nuestro subsuelo —que la Constitución reconoce como propiedad de todo el pueblo armenio— es explotado por empresas extranjeras que, directa o indirectamente, se apropian de sus riquezas. Cuesta imaginar qué más desean obtener quienes hoy ambicionan involucrarse también en la red vial de Syunik.

Mientras tanto, el embajador de Azerbaiyán insiste, en los mismos foros alemanes, en que Armenia debe modificar su Constitución para dejar constancia de que no tiene reclamaciones territoriales contra Azerbaiyán. La respuesta de Pashinian —que este asunto jamás se discute con Bakú y que pertenece exclusivamente a la jurisdicción interna armenia— tranquilizó al sector oficialista, pero reavivó las sospechas de la oposición, temerosa de que tarde o temprano el Gobierno termine cediendo también en este punto.

El primer ministro ha insistido en que el futuro acuerdo de paz debe basarse en que las fronteras administrativas de las repúblicas soviéticas se convirtieron en fronteras estatales, y que Armenia no tiene ni tendrá reclamaciones territoriales. Para Azerbaiyán, esta declaración equivale a un simple “lo prometo por mi padre”: una frase sin peso jurídico. Lo mismo ocurre con su afirmación de que el regreso de los habitantes de Artsaj no es realista ni compatible con la lógica del proceso de paz.

Azerbaiyán conoce muy bien el funcionamiento del derecho internacional y no puede ignorar los Tratados de Moscú y Kars de 1921. Según esos acuerdos, el territorio de Najicheván —y, en sentido amplio, también Artsaj y otras zonas— fue confiado a Azerbaiyán solo en administración, y no como propiedad plena. Bakú tampoco puede confiar en que una gran potencia no decida invocar estos tratados en algún momento, según sus intereses, para recordarle que dichas regiones no le pertenecen jurídicamente. Rusia, por ejemplo, podría hacerlo si Azerbaiyán llega a enfrentarse con ella. Por eso Bakú busca ahora una garantía definitiva, exigiendo a Armenia que anule cualquier posibilidad de revisión futura.

Es evidente: Azerbaiyán desea consagrar documentalmente la renuncia armenia a Najicheván y Artsaj, cerrando el camino a cualquier gobierno armenio —ahora o en el futuro— que pretendiera utilizar estos fundamentos históricos para reforzar su posición o su seguridad.

¿Comprende nuestro liderazgo todo esto? Gracias a algunos analistas —entre ellos Araik Sarkisian, que mantienen viva esta discusión— el tema continúa en la agenda pública. Pero no sabemos si las autoridades dimensionan plenamente el poderoso instrumento de negociación que desestiman: invocar las cláusulas fundamentales del Tratado de Kars para frenar, al menos políticamente, las exigencias de Bakú. ¿O acaso la visión que tienen del “nuevo Armenia” les impide releer y entender estos documentos desde una perspectiva estratégica?

En Azerbaiyán, en cambio, entienden perfectamente por qué plantean la necesidad de modificar nuestra Constitución: buscan cerrar de forma definitiva la puerta a la historia, al derecho internacional y a nuestras herramientas de defensa política.

Sin embargo, ¿a quién le interesan estos asuntos cuando resulta más cómodo hablar del atractivo anuncio europeo de 15 millones de euros para el período electoral? ¿O del espectáculo mediático en torno a la Iglesia, de la operación convertida en show en la representación de Artsaj, del escándalo del supuesto narcótico hallado en el bolsillo del arzobispo, o de los interminables documentos sobre propuestas de negociación? ¿Quién los lee ya?

Sí, mantengan las pasiones encendidas; que la mayoría no comprenda nada… hasta que sea demasiado tarde.

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Diálogo de foto de portada: y Syunik?. Entreguémosla también, vivamos en paz