Es momento de comprender que en las condiciones actuales, la realización de elecciones libres, justas y competitivas en Armenia está prácticamente excluida, y no existe posibilidad de cambiar la situación a través de ellas. Vivimos en una cuasi-dictadura donde:

• El orden constitucional y los principios elementales de separación de poderes han sido violados de manera sistemática.
• El sistema de aplicación de la ley, en todos sus niveles y eslabones, se ha convertido en simple ejecutor de la voluntad del grupo gobernante y ha dejado de servir a la ley, transformándose en un mecanismo punitivo que implementa la voluntad política de la junta.
• Toda la infraestructura de seguridad nacional está ocupada no en la defensa de los intereses del Estado y el pueblo, sino sirviendo los intereses de la junta gobernante, lo que contradice tanto los fundamentos legales como los reales de la seguridad nacional.
• Se llevan a cabo represiones masivas contra la Iglesia Apostólica Armenia, el Katolikós de Todos los Armenios y el clero armenio —obispos, vartabeds y sacerdotes— violando la Constitución de la República de Armenia, la protección de las libertades fundamentales y religiosas, la autonomía histórica de la Iglesia Apostólica Armenia y su estatus legal actual.
• Se realizan persecuciones penales y detenciones arbitrarias por motivos políticos, incluyendo contra personas con influencia en la formación de la opinión pública.

En tales condiciones político-legales, ¿de qué elecciones se puede hablar siquiera? ¿No es evidente que todo el proceso electoral será distorsionado de arriba abajo por diversos medios y maneras, y será fundamentalmente falsificado, mientras que la expresión de la voluntad popular no tendrá carácter legítimo ni confiable? Nos enfrentaremos a distorsiones sistemáticas, abusos de recursos administrativos y de fuerza, maquinarias informativas, así como fraudes electorales a gran escala.

En tales condiciones, las elecciones se convertirán en apenas una herramienta falsa y peligrosa de legitimación del poder.

Por consiguiente, primero es necesario asegurar las condiciones mínimas que garanticen la realización de elecciones libres, y solo entonces llevar a cabo elecciones. En particular, es indispensable restaurar primero el orden constitucional, la separación de poderes, y la despolitización de los sistemas judicial y de aplicación de la ley.

Solo después de asegurar realmente esas condiciones se puede hablar de iniciar un proceso electoral. Hoy tales condiciones no existen, y la junta nunca las proporcionará.

Posdata: Esta advertencia está dirigida especialmente al liderazgo de las fuerzas de oposición que se preparan con entusiasmo para las "elecciones". Ser engañados una vez más será fatal.