No conozco en la historia universal una sola revolución que no haya traído desgracias al país y al pueblo donde ha estallado, independientemente de si surgió por impulsos internos o por provocación, dirección u organización externa o por la combinación de todas ellas.

Esta afirmación no deriva únicamente de mi visión demócrata-liberal, siempre favorable a la evolución y contraria a la revolución. Es, más bien, una constatación nacida de los hechos.

Realmente no recuerdo ninguna revolución cuyo resultado no haya sido que los recién llegados al poder recurrieran a la represión contra sus predecesores e incluso contra quienes mantenían una postura imparcial. Persecuciones, encarcelamientos, pérdida de derechos, confiscaciones, exilios, venganzas físicas, y todo ello “por ley”, a veces “por accidente”, pero siempre tras haber modificado previamente el marco legal para justificarlo.

No hace falta abrir manuales de historia universal, ni navegar por Internet, ni revisar los testimonios de las revoluciones ocurridas, y aún en curso, en Francia, Rusia, África, Sudamérica u otros lugares. Basta con recordar lo sucedido en las últimas décadas en nuestro propio entorno regional: desde Irak, Libia y Siria hasta Georgia; desde las revoluciones de colores hasta las “primaveras” árabes, la "revolución de las rosas", la “de seda” y la “revolución de terciopelo”. Especialmente esta última, durante la cual vimos con nuestros propios ojos cómo aquel dirigente que muchos consideraban solo un “populista” terminó su camino hacia el autoritarismo, trayendo sobre Armenia, Artsaj y todo el pueblo armenio guerra, muertos, heridos, discapacitados, pérdida de territorios y posiciones, humillación, pobreza, incertidumbre y el resurgimiento del más peligroso de los males armenios: la emigración masiva.

Recordemos las dos primeras iniciativas del líder que pasó del “terciopelo” al “acero y el martillo” en su supuesta democracia:
La primera fue el desmantelamiento y sometimiento del Tribunal Constitucional; la segunda, la persecución contra la Iglesia Armenia y su clero.
Lo primero, para imponer su propia interpretación de la legalidad, igual que los conocidos “ladrones de ley”, que buscan revestir de legalidad sus crímenes; lo segundo, para instaurar la idea de que “fuera de mí no existe autoridad alguna, ni opinión ni criterio que valga”.

No es necesario enumerar uno por uno los actos ilegales, antihumanos, antinacionales y antipatrióticos registrados en los últimos siete u ocho años, ni las detenciones prolongadas, las represiones y las violaciones sistemáticas del Estado de derecho. De todo ello hablan no solo los medios armenios, sino también la prensa internacional y numerosas personalidades de prestigio: Robert Amsterdam, Joel Velkamp, Alison Hooker, incluso Donald Trump Jr., y hasta el dictador de Bielorrusia, Lukashenko, quien se burla de nosotros y advierte sobre la posible destrucción de nuestro Estado. No recuerdo otro país autoritario donde un periodista o un bloguero pueda ser encarcelado simplemente por hacer una pregunta.

Considero y propongo, que la Constitución de la República de Armenia debería incorporar dos disposiciones adicionales:
La primera, prohibir absolutamente cualquier revolución o actividad revolucionaria en el territorio de Armenia.
La segunda, exigir que todo aspirante a los cargos públicos más altos presente y publique un dictamen de una comisión médica especializada que descarte trastornos mentales, intelectuales, psicológicos o genéticos.

Incluso las grandes revoluciones, como la francesa, que dio origen a importantes valores políticos, sociales, científicos y artísticos, requirieron largos periodos de transición antes de restablecer el orden y garantizar las libertades fundamentales.

Armenia no necesita tales calamidades ni tales pruebas. La revolución es un mal. También lo son los revolucionarios.