Mientras en el Foro de Paz de París el primer ministro Nikol Pashinian afirmaba que, con el apoyo de Donald Trump, el pasado 8 de agosto se había establecido la paz entre Armenia y Azerbaiyán, y que la apertura de una nueva ruta internacional de tránsito transformaría la situación regional, en Ereván se desarrollaba paralelamente la Asamblea Parlamentaria de Euronest. Allí, los delegados europeos —incluidos los representantes del partido gobernante armenio— votaron en contra de una propuesta presentada por los diputados opositores, que exigía garantizar el regreso seguro de los habitantes de Artsaj a sus hogares. La moción fue presentada por el parlamentario opositor Artur Khachatrian.

De igual manera, mientras en París Pashinian sostenía que el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Turquía y la apertura de la frontera eran solo cuestión de tiempo, sin obstáculos aparentes, en una de las comisiones de Euronest —durante un debate sobre el desbloqueo de las rutas de comunicación— fueron precisamente los representantes europeos quienes expresaron reservas. Señalaron que Turquía vincula la apertura de la frontera al cumplimiento de las exigencias azerbaiyanas, incluida la modificación de la Constitución armenia.

Los europeos también mostraron preocupación por la seguridad de la llamada “Ruta Trump”, la participación de otros países y la presencia rusa en el sistema ferroviario armenio. Consideraban que esos factores ponían en duda la viabilidad del corredor que atravesaría Syunik y preguntaban si estos proyectos podrían concretarse en los próximos 10, 30 o 50 años. En general, abordaban el tema no como una iniciativa bilateral entre Armenia y Azerbaiyán, sino como parte de un gran programa internacional de transporte con implicaciones geopolíticas, incluido un marcado componente antirruso.

Probablemente por esa razón Azerbaiyán y Georgia decidieron no participar en la sesión de Euronest celebrada en Ereván, a la que un delegado europeo calificó como una “nota armenia” del organismo. Sin embargo, la delegación armenia no mostró complejos: sus miembros hablaban un excelente inglés, dirigían sesiones y avanzaban la agenda en igualdad de condiciones con sus pares europeos.

El idilio parlamentario

Mientras tanto, en las comisiones del Parlamento armenio se discutía el presupuesto nacional de tres billones de drams (7.7 mil millones de dólares estadounidenses) para el próximo año. Los diputados escuchaban a los responsables de cada área, recortaban el presupuesto del Parlamento y aumentaban el del Gobierno —como suele suceder en años electorales— y presentaban con entusiasmo cifras y programas “grandiosos”. El Gobierno planeaba contraer nuevos préstamos millonarios de organismos internacionales, argumentando que “solo los países solventes reciben créditos” y que no había motivo de preocupación por la deuda pública.

Durante toda la semana, ministros y funcionarios expusieron ambiciosas iniciativas, asegurando que el Estado se preocupa por los problemas de la sociedad:

• que la declaración universal de ingresos se ha simplificado,

• que medio millón de pensionistas verán aumentadas sus haberes desde enero,

• que los pagos con tarjeta recibirán un reembolso del 10 % (“cashback”),

• que los gastos sanitarios disminuirán con la implementación del seguro médico obligatorio,

• y que el servicio militar obligatorio se reducirá en seis meses.

En resumen, dentro de las comisiones parlamentarias reinaba una especie de idilio, solo interrumpido por las críticas de la oposición o las preguntas incómodas de los periodistas sobre violaciones a la ley de protección de datos personales, campañas contra la Iglesia, persecuciones políticas o irregularidades electorales.

Una realidad distinta fuera del Parlamento

Fuera de esas paredes, sin embargo, la ciudadanía permanecía ajena a ese clima optimista. La mayoría, perteneciente a los sectores de bajos ingresos, vive otras sensaciones. Quienes transitan por tiendas, hospitales o plataformas de pago se sienten oprimidos y desmoralizados, no como ciudadanos con derecho constitucional a una vida digna, sino como material de experimentación en la lucha política entre Gobierno y oposición.
Se perciben como sujetos de prueba, instrumentos en las estrategias partidarias, simples piezas en la maquinaria del poder.

Para ellos, las promesas ministeriales suenan vacías: no buscan la voz emotiva de la ministra de Salud, sino dinero real en sus tarjetas bancarias para cubrir lo básico; no esperan discursos sobre el “cashback” del 10 %, sino políticas que les permitan salir de la pobreza estructural. En lugar de sentirse protagonistas del desarrollo nacional, se ven atrapados entre programas, préstamos y propaganda.

Y mientras tanto, los escándalos —de corrupción, espionaje o sexuales, con participación de eclesiásticos y ciudadanos comunes— sirven como cortina de humo, ayudando a olvidar las tarjetas vacías a mitad de mes y la pobreza que, más que una condición económica, se ha instalado como una idea persistente en nuestra mente colectiva.