El anuncio del primer ministro Nikol Pashinian sobre la intención de “liberar la residencia patriarcal” fue, desde el momento mismo de su pronunciamiento, inconstitucional. El artículo 17 de la Constitución de la República de Armenia establece con claridad la separación entre el Estado y la Iglesia. Por lo tanto, el jefe del Poder Ejecutivo no puede interferir en la vida interna de la Iglesia, y para impulsar una iniciativa semejante debería, antes que nada, renunciar a su cargo.

En un principio, el gobierno intentó avanzar con su agenda antieclesiástica mediante la movilización de apoyo público, bajo el formato de una llamada “asamblea espiritual”. Sin embargo, la respuesta negativa de la sociedad lo obligó a cambiar de táctica, optando por la vía de la presión y la persecución judicial.

Actualmente, tres arzobispos se encuentran detenidos, y el caso abierto a partir de la conversación entre el arzobispo Nathan Hovhannisuian y el padre Aghan Yernjakian demuestra que el gobierno busca incluso convertir los procesos disciplinarios internos de la Iglesia en supuestos delitos penales.
Esto no constituye una manifestación del Estado de derecho, sino una manipulación política de la justicia.

Del contenido de la grabación difundida por los medios oficialistas y de la lógica del proceso judicial se desprende con claridad el siguiente paso: el Katolikós de Todos los Armenios podría convertirse en el principal objetivo de esta ofensiva, ya sea mediante una acusación formal o bajo amenaza de detención para forzar su renuncia.

Todo este proceso apunta a debilitar la influencia institucional de la Iglesia Apostólica Armenia y someter la vida espiritual del país a control político. Si no se detiene a través de una amplia movilización política y social, esta campaña podría convertirse en uno de los precedentes clave en la consolidación de un sistema autoritario, poniendo en duda la legitimidad misma de las instituciones del Estado.

Es evidente que esta iniciativa inconstitucional del primer ministro busca crear un entorno político favorable a la reproducción del poder, transformando las elecciones parlamentarias del próximo año en un mero trámite formal.