Han pasado dos años desde el ataque de Azerbaiyán contra Artsaj, que provocó el éxodo total de su población armenia. El tema del retorno sigue cobrando una innegable proyección internacional. Quiero compartir dos noticias importantes.
En Washington, el Departamento de Estado reconoció progresos al aceptar tres prioridades como base de una solución justa entre Armenia y Azerbaiyán:
el derecho al retorno de los armenios de Artsaj,
la liberación de los prisioneros armenios en Bakú,
y la protección del patrimonio cultural cristiano armenio.
El congresista Frank Pallone informó en la red X que, en respuesta a una carta enviada semanas atrás por casi 90 congresistas al secretario de Estado Marco Rubio, el Departamento se comprometió a dar seguimiento a estos temas.
Este giro es fruto de los esfuerzos del Comité Nacional Armenio de América, del Grupo de Defensa de los Derechos del Pueblo de Artsaj y de la diáspora armenia junto a sus aliados. Frente a las negaciones de Bakú y el silencio de Ereván, Estados Unidos se ha expresado oficialmente. Ya no se trata solo de reconocer principios, sino de implementarlos.
Ese mismo día, en Ginebra, dos miembros del Consejo Nacional suizo —Erich Fontobell y Nicolas Walder— participaron en un acto paralelo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organizado por “Solidaridad Cristiana Internacional” y apoyado por el Grupo de Defensa de los Derechos del Pueblo de Artsaj.
Con mandato parlamentario, Suiza ahora está obligada a organizar un foro de paz entre representantes de Azerbaiyán y del pueblo de Artsaj, con el objetivo de negociar el retorno colectivo y seguro de los desplazados.
A la iniciativa se sumaron el ex defensor del pueblo de Artsaj, Artak Beglarian, y el jurista internacional Paul Williams, presidente del Public International Law and Policy Group (PILPG) de Washington. Su mensaje fue claro: los derechos del pueblo de Artsaj deben ser la base de cualquier arreglo, no los intereses geopolíticos.
Estos no son hechos aislados. La Corte Internacional de Justicia ya ordenó a Azerbaiyán garantizar el retorno seguro de los desplazados. El Parlamento Europeo ha aprobado dos resoluciones en el mismo sentido. Francia lo ha hecho dos veces, seguida por Bélgica y ahora Suiza con su inédita iniciativa.
Todas estas decisiones muestran una tendencia clara: el derecho al retorno ya no es solo la demanda de un pueblo despojado de su patria, sino la voluntad de la comunidad internacional.
A ambos lados del Atlántico, legisladores, diplomáticos y actores de la sociedad civil confirman una verdad simple:
no puede haber paz duradera si se construye sobre la limpieza étnica de un pueblo,
ningún acuerdo es justo si priva a decenas de miles de personas de su derecho a regresar a sus hogares,
y ningún orden internacional es digno si calla ante la prisión ilegal de rehenes y la profanación del patrimonio cultural.
Azerbaiyán, como era de esperar, rechaza totalmente estas premisas. El primer ministro Nikol Pashinian, sin embargo, ha optado por ignorar por completo esta cuestión, prefiriendo “cerrar la página de Artsaj” antes que defender los derechos de su pueblo. Pero esa resistencia —tanto de Bakú como de Ereván— no puede borrar el consenso emergente.
El derecho al retorno sigue firmemente en la agenda internacional.