La reunión entre Pashinian, Aliyev y Trump ha dominado el debate en Armenia en los últimos días, tanto dentro del país como en la diáspora. Las reacciones han oscilado entre quienes celebran un hito histórico hacia la paz y quienes lo interpretan como un acto de sumisión por parte de las autoridades armenias. Con especialistas de diversas áreas analizando el encuentro y con muchos de los aspectos centrales ya ampliamente discutidos, me centraré en aquellos detalles que han pasado desapercibidos o han sido tratados de manera insuficiente.

En primer lugar, el documento firmado tiene el mismo peso jurídico que la declaración tripartita del 9 de noviembre entre Armenia, Azerbaiyán y Rusia: se trata de una declaración no vinculante. No impone obligaciones legales ni mecanismos de cumplimiento, lo que limita su trascendencia más allá del plano político y simbólico.

Otro aspecto clave es el peso de las declaraciones orales posteriores a la firma de un documento escrito. Como precedente, tras la firma de los protocolos de normalización entre Armenia y Turquía en 2009, las autoridades armenias evitaron emitir declaraciones adicionales para impedir que Ankara introdujera condiciones verbales no acordadas. En el caso actual, aunque el texto firmado evita explícitamente el término “corredor”, Donald Trump lo utilizó en tres ocasiones durante la conferencia de prensa, reforzando así esa interpretación. Por tanto, al argumento de que “la palabra corredor no aparece en el texto”, cabe responder que sí apareció en las declaraciones oficiales posteriores, pronunciadas por el propio presidente estadounidense.

Esto plantea una cuestión fundamental: el representante armenio firmó el documento escrito, pero las palabras de Trump le pertenecen exclusivamente a él. No obstante, habría sido esencial que el primer ministro Nikol Pashinian aprovechara la oportunidad para corregir públicamente esa narrativa, aclarando que no se trata de un corredor y que el término es inaplicable en este contexto. Al no hacerlo, quedó impuesta la impresión de que Estados Unidos reconoce la existencia de un corredor, sin que dicha afirmación recibiera una réplica formal. Este silencio puede interpretarse como una omisión diplomática significativa.

Otro elemento relevante es la decisión de Estados Unidos de otorgar a Armenia y Azerbaiyán el mismo estatus de socios estratégicos. A diferencia del acuerdo Mirzoian–Blinken, firmado a nivel de cancilleres, el compromiso con Azerbaiyán fue rubricado directamente por Trump y Aliyev en un acto presidencial. El hecho de que el acuerdo con Armenia se haya firmado apenas unos días antes de la salida de Joe Biden de la Casa Blanca sugiere una orientación pro-demócrata por parte de Ereván; de lo contrario, las autoridades armenias podrían haber esperado a la nueva administración para maximizar el impacto político. Llama la atención, además, el cambio de tono de Pashinian cuando Trump criticó a Biden durante el encuentro trilateral, una reacción que, aunque sutil, refuerza la percepción de una alineación táctica con la administración saliente.

En este contexto, la derogación de la Sección 907 de la Freedom Support Act , un viejo reclamo de Ilham Aliyev, constituye un desarrollo simbólico y potencialmente significativo. Esta cláusula, aprobada por el Congreso en 1992, restringe la ayuda militar directa de EE.UU. a Azerbaiyán. Hasta ahora, los presidentes estadounidenses han evitado aplicarla mediante exenciones anuales aprobadas por el Congreso. Aunque Trump, con mayorías en ambas cámaras, podría impulsar una derogación legislativa, ese proceso sería largo, complejo y enfrentaría fuerte oposición, especialmente del Caucus Armenio en el Congreso. Es más probable, entonces, que se limite a renovar la exención anual, una medida que Bakú ya ha presentado a su opinión pública como una derogación definitiva.

Es crucial aclarar que la eliminación de la Sección 907 no implica automáticamente la autorización de ventas de armas a Armenia o Azerbaiyán, pese a los rumores que circulan en redes sociales. Estados Unidos evita vender armas a países en conflicto que, al mismo tiempo, considera aliados, y cualquier transferencia de armas está sujeta a estrictos controles legislativos. El Congreso incluso ha bloqueado decisiones del Ejecutivo en el pasado, como ocurrió con Turquía, miembro de la OTAN.

Tampoco debe confundirse la asistencia en materia de seguridad con ayuda militar directa. Estados Unidos nunca ha vendido armas a Armenia ni a Azerbaiyán. En el caso de Azerbaiyán, Washington ha aclarado que su cooperación en seguridad está orientada a contrarrestar la influencia de Irán, no a fortalecer su posición frente a Armenia.

Otro dato interesante: hasta ahora, Pashinian nunca había tenido una reunión de alto nivel con un presidente estadounidense, más allá de breves encuentros con Trump en foros internacionales. Por su parte, el último presidente estadounidense que recibió oficialmente a Aliyev fue Barack Obama. Por ello, la mera invitación a la Casa Blanca representó un importante capital político interno para ambos líderes, ampliamente difundido en sus respectivos países como un reconocimiento de estatus internacional.

Sin embargo, este acercamiento abre más interrogantes que certezas. Irán ya ha emitido declaraciones críticas, preocupado por la posible erosión de su influencia en la región. El canciller turco, por su parte, insiste en que se trata, en esencia, de un “corredor”, mientras que Aliyev ha reiterado sus condiciones previas tradicionales para la firma de un tratado de paz.

Los planes de inversión, los plazos para alcanzar un acuerdo definitivo y el peso jurídico de la iniciativa de Trump siguen siendo inciertos. El proceso avanzó con una rapidez inusual, priorizando resultados inmediatos por encima de una planificación estratégica detallada, una dinámica que también ha generado preocupación entre especialistas estadounidenses. Todo indica que la estrategia de Washington hacia el Cáucaso Sur carece de un marco integral y coherente, y que más bien responde a un enfoque transaccional, similar al modelo de las Qualified Industrial Zones establecidas en 1996 entre EE.UU., Israel y Jordania, que a una política regional de largo plazo.