Azerbaiyán condenó a la cúpula de Artsaj por terrorismo y por financiar el terrorismo. Pero durante años fue el Estado armenio el que pagó los sueldos, las jubilaciones, las escuelas, los hospitales y hasta el ejército de Artsaj. Si esos dirigentes son “terroristas”, la acusación apunta en realidad a Ereván. Por eso Armenia no debería firmar la paz sin exigir antes su liberación.

El 5 de febrero de este año, el Tribunal Militar de Bakú condenó a prisión perpetua al último presidente de Artsaj, Araik Harutiunian, y a otros cuatro altos dirigentes. Los ex presidentes Arkadi Ghukasian y Bako Sahakian recibieron 20 años de cárcel. Días después, el ex ministro de Estado Ruben Vardanian fue condenado a otros 20. Más tarde, la Corte de Apelaciones confirmó todas las sentencias.

Varios organismos, entre ellos Amnistía Internacional, calificaron el proceso de farsa. Hubo civiles juzgados por un tribunal militar y audiencias abiertas solo para la prensa oficial. Ninguno de los acusados se declaró culpable.

Entre las decenas de cargos hay dos que merecen especial atención: terrorismo y financiamiento del terrorismo. No porque sean creíbles, sino por lo que implican.

Quién pagaba las cuentas

Artsaj nunca pudo sostenerse con sus propios recursos, y nadie lo ocultaba. En 2019, el último año antes de la guerra, su presupuesto fue de 117.900 millones de drams, y casi la mitad lo aportó Armenia.

Después de la guerra de 2020, la dependencia se volvió casi total. En 2021 ingresaron al presupuesto de Artsaj 174.000 millones de drams, y 128.000 millones llegaron desde Ereván: el 73% del total, equivalente a más de 250 millones de dólares.

En 2022, el gobierno armenio había previsto enviar 144.000 millones de drams y terminó girando 176.000 millones, unos 400 millones de dólares. Para 2023 volvió a presupuestar 144.000 millones, más del 5% de todo el gasto del Estado armenio, y aprobó nuevas partidas extra incluso durante el bloqueo del corredor de Lachín.

¿En qué se usaba ese dinero? No lo digo yo: lo dijo el propio Nikol Pashinian en el Parlamento, en junio de 2022, cuando lo acusaban de haber abandonado a Artsaj. Con esos fondos se pagaban los sueldos de todos los empleados públicos, las jubilaciones, las asignaciones sociales, la salud y la educación. Pashinian lo presentó entonces como un motivo de orgullo: Armenia nunca había ayudado tanto a Artsaj.

El dinero se giraba como “préstamo interestatal”, con una tasa simbólica del 0,001% anual. Y cuando Azerbaiyán tomó Artsaj por la fuerza, en septiembre de 2023, el Estado armenio tampoco se desentendió de esas cuentas. En diciembre de ese año, el gobierno decidió hacerse cargo de las deudas que Artsaj había contraído con los bancos armenios: unos 315.000 millones de drams, cerca de 780 millones de dólares. Es decir, la República de Armenia asumió formalmente esas obligaciones como propias.

También el ejército

Si con fondos armenios se pagaban los sueldos de todas las reparticiones públicas de Artsaj, como reconoció Pashinian, eso incluía al Ministerio de Defensa y al Ejército de Defensa de Artsaj, cuya conducción está hoy presa en Bakú. El gasto militar de Artsaj nunca se hizo público: se discutía a puertas cerradas. Pero las cuentas son simples. Si casi tres cuartas partes del presupuesto llegaban desde Ereván, era imposible sostener un ejército sin ese dinero.

El vínculo militar fue incluso más directo. Durante dos décadas, miles de jóvenes de Armenia hicieron el servicio militar obligatorio en Artsaj. En la guerra de 2020, unidades de las Fuerzas Armadas de Armenia combatieron junto al Ejército de Defensa. Recién a mediados de 2022 Ereván anunció que dejaría de enviar conscriptos.

Artsaj no fue una aventura de un puñado de dirigentes. Fue una política de Estado de la República de Armenia durante treinta años, sostenida con su presupuesto, sus soldados y sus armas.

La trampa de Bakú

El razonamiento es sencillo. Si gobernar Artsaj fue terrorismo, y si quien pagó durante años esa administración fue Armenia, la conclusión cae por su propio peso: el financista del terrorismo sería la República de Armenia.

No es una especulación. La acusación presentada en el juicio ya habla de un apoyo sistemático de organismos estatales armenios, de su conducción militar y de redes de la diáspora. El proceso contra los dirigentes de Artsaj fue, en los hechos, un juicio en ausencia contra Armenia.

Ese es el verdadero peligro. Bakú dejó escrito, en una sentencia firme, un relato que puede usar cuando le convenga. Con nombres, montos y supuestas pruebas en un expediente, nada le impide mañana acusar formalmente a la República de Armenia de patrocinar el terrorismo. Podría hacerlo para reclamar reparaciones, para condicionar negociaciones o para presionarla en foros internacionales. Y el acuerdo de paz, que todavía no fue firmado, no contiene hoy ninguna garantía que lo impida.

La diáspora tampoco queda afuera. Si la acusación menciona “redes de la diáspora”, cada colecta, cada campaña solidaria y cada aporte que nuestras comunidades enviaron durante décadas para construir caminos, escuelas o viviendas en Artsaj podría quedar, el día de mañana, bajo la misma etiqueta.

Una obligación, no un favor

Reclamar la liberación de los presos de Bakú no es solo un gesto humanitario. Es una obligación que Armenia no debería subordinar a las conveniencias de la mesa diplomática.

Esos hombres administraron un territorio con dinero que el Estado armenio les envió. Condujeron un ejército que Armenia financió y nutrió con sus propios soldados. Llevaron adelante una política que Ereván sostuvo bajo todos sus gobiernos, incluido el de Pashinian. Si hoy cumplen condenas a perpetua, es por haber hecho en el terreno lo que la República de Armenia decidió y pagó. Abandonarlos sería admitir que el Estado armenio usa a sus hombres y después se desentiende de ellos.

La paz no debería firmarse con ellos presos

El momento para exigirlo es ahora. El acuerdo de paz integral entre Armenia y Azerbaiyán fue rubricado en Washington en agosto de 2025, pero todavía no se firmó. El gobierno armenio repite que está listo para hacerlo cuanto antes, incluso antes de fin de año.

Bakú, en cambio, no tiene apuro y pone condiciones: no firmará hasta que Armenia modifique su Constitución. Azerbaiyán condiciona la paz a sus intereses; Armenia no condiciona nada. Y mientras tanto sigue cediendo: el Parlamento armenio acaba de ratificar el acuerdo marco de la llamada Ruta Trump por Syunik.

Si Bakú pone condiciones, Ereván también puede y debe hacerlo. La liberación de todos los presos armenios, empezando por los dirigentes de Artsaj, tiene que ser parte inseparable de la firma del acuerdo de paz integral. No como un pedido de buena voluntad para más adelante, sino como requisito previo. Firmar con ellos tras las rejas sería aceptar una paz construida sobre una sentencia que acusa a Armenia de terrorismo, y dejar a esos hombres como moneda de cambio permanente en manos de Azerbaiyán.

Sin embargo, el mismo Pashinian que en 2022 mostraba con orgullo cada dram enviado a Artsaj hoy guarda silencio ante una sentencia que criminaliza a su propio Estado. Ereván eligió no confrontar con Bakú en nombre de la “agenda de paz”, como hace también ante las reiteradas reivindicaciones territoriales de “Azerbaiyán Occidental” sobre la propia Armenia. Pero callar ante esta acusación no la neutraliza: la convalida. Y ninguna paz merece ese nombre si deja a los propios presos en las cárceles del otro.

Los dirigentes presos en Bakú no están ahí por terroristas. Están ahí porque gobernaron y defendieron Artsaj en nombre de toda la nación armenia, con el dinero y los soldados que Ereván les dio y que hoy prefiere no mencionar. Exigir su liberación antes de firmar la paz es saldar una deuda que Armenia contrajo con ellos. Y es también, aunque en Ereván no quieran verlo, defender a la propia Armenia de una acusación que ya pesa sobre ella.

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_{Sergio Nahabetian es director del Diario Sardarabad (www.sardarabad.com.ar) y presidente de la Asociación Cultural Tekeyan de Buenos Aires. Como diputado de la Provincia de Buenos Aires, fue autor de la Ley 13.478 de reconocimiento del Genocidio Armenio, aprobada por la Legislatura bonaerense en 2006.}