La alianza opositora Polo Nacional-Democrático, de orientación nacionalista y sin representación parlamentaria, difundió una declaración al cumplirse seis años de la firma del documento que puso fin a la guerra de 2020. En ella reafirma que ese acuerdo carece de validez jurídica, denuncia que las presiones externas se trasladaron al plano interno armenio y fija sus prioridades políticas. A continuación, el texto completo.
El Consejo del Polo Nacional-Democrático ha declarado en reiteradas oportunidades que la declaración de capitulación del 9 de noviembre de 2020 no tiene ningún valor jurídico.
Ese documento es ilegal tanto desde el punto de vista del derecho interno como del internacional. Según el artículo 116 de la Constitución de Armenia, los tratados internacionales de carácter político o militar deben ser ratificados por la Asamblea Nacional. Sin embargo, el documento del 9 de noviembre (que preveía pérdidas territoriales, el retiro de las fuerzas armadas armenias y el control de las rutas que atraviesan territorio armenio por parte del servicio de guardia fronteriza del FSB ruso) fue firmado de manera unilateral, en plena guerra, y nunca fue ratificado.
Para el derecho internacional, un tratado celebrado mediante el uso o la amenaza de la fuerza es nulo (artículo 52 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).
Además, las demás partes violaron los compromisos que ellas mismas habían asumido, algo que reconoció incluso Nikol Pashinian, firmante del documento. Azerbaiyán bloqueó durante meses el corredor de Lachín (punto 6), desoyendo además una resolución de la Corte Internacional de Justicia; en septiembre de 2023 violó el alto el fuego (punto 1) y hasta hoy mantiene cautivos a prisioneros armenios (punto 8). Las fuerzas de paz rusas no impidieron la ofensiva militar azerbaiyana y se retiraron antes de que venciera su mandato de cinco años (puntos 3 y 4). En tanto, el punto 7, que establecía el regreso de los desplazados bajo supervisión de la ONU, terminó convertido en el desplazamiento forzado de toda la población armenia de Artsaj.
Hoy, la única exigencia que ese documento le plantea a Armenia es el punto 9: garantizar una ruta a través de nuestro territorio.
También advertimos que el acuerdo rubricado el 8 de agosto de 2025 es, en el fondo, antiarmenio, y que la siguiente etapa de imposiciones se libraría dentro de Armenia. Un año después, podemos constatar que nuestras previsiones se confirmaron por completo.
El acuerdo rubricado está supeditado a cambios internos en Armenia. Hoy, cuando se habla de «paz», se habla sobre todo de la reforma constitucional, que Bakú presenta como condición previa para la firma.
El 2 de noviembre, quien ocupa el sillón de primer ministro anunció que se ejercerá presión pública sobre la oposición que rechace la nueva Constitución, y que esa presión debe estar encabezada por la mayoría oficialista.
Advertimos asimismo que la persecución continuaría. Antes y después de las elecciones fueron detenidos numerosos dirigentes opositores, mientras que el Katolikós de Todos los Armenios y seis altos clérigos fueron imputados en una causa penal.
Los armenios de Artsaj todavía no regresaron. Según datos oficiales, 19 prisioneros armenios siguen detenidos en Azerbaiyán, sin que su situación se haya resuelto. El programa de gobierno 2026-2031 no menciona ni el regreso de los prisioneros ni el de los artsajíes: allí solo aparecen como familias «desplazadas de Karabaj» a las que hay que proveer de vivienda.
Tampoco se resolvió la cuestión de la ocupación de territorios de Armenia, que continúa.
Nuestro compromiso y nuestras prioridades
Para nosotros, el 9 de noviembre no es solo una jornada de recordación, sino una nueva etapa de lucha.
En la situación actual, siguen en la agenda las siguientes prioridades:
- El cese inmediato de la persecución política y la liberación de los presos políticos.
- La defensa de la Constitución de Armenia frente a reformas impuestas desde el exterior.
- La creación de garantías internacionales para el regreso seguro de los armenios de Artsaj a su tierra.
Es evidente que estos objetivos nacionales no pueden alcanzarse bajo el actual gobierno colaboracionista. Por lo tanto, nuestra tarea principal sigue siendo lograr cuanto antes su salida y la formación de un gobierno nacional-democrático.
