Desde hace más de un año, el oficialismo armenio repite una idea que se volvió casi un dogma: si Armenia no cambia su Constitución, Azerbaiyán no firmará el acuerdo de paz. Detrás de esa frase hay una lógica más amplia, que el gobierno de Nikol Pashinian aplica desde 2020: la paz se consigue cediendo. Es hora de cuestionarla.

El tratado ya resuelve lo que Bakú dice reclamar. El texto rubricado en Washington en agosto de 2025 incluye la renuncia mutua a reclamos territoriales, y el propio gobierno armenio sostuvo que eso ofrece garantías suficientes. Además, según la Convención de Viena, ningún Estado puede invocar su derecho interno para incumplir un tratado. Una vez firmado y ratificado, ese compromiso queda por encima de cualquier lectura del preámbulo constitucional. Y hay más: en septiembre de 2024, al avalar el reglamento de delimitación de fronteras, el Tribunal Constitucional armenio estableció que solo tienen fuerza normativa las disposiciones de la Declaración de Independencia que están expresamente recogidas en el articulado de la Constitución. Es decir, la máxima instancia jurídica del país ya dio la respuesta que Bakú dice necesitar.

La reciprocidad brilla por su ausencia. Mientras se le exige a Ereván que reescriba su ley fundamental, nadie le pide a Bakú que abandone el discurso de “Azerbaiyán Occidental”, con el que reivindica como propio el territorio de Armenia. Aliyev lo pronuncia en actos oficiales y el gobierno armenio responde, en el mejor de los casos, con tibieza.

Cada concesión abre la puerta a la siguiente. Primero fue Artsaj. Después, la disolución del Grupo de Minsk, el retiro de las demandas internacionales y la cuestión del corredor por Syunik. Hoy es la Constitución. Nada indica que mañana no aparezca otra condición. Ceder ante cada exigencia no construye la paz: premia la presión y le enseña al otro que presionar da resultado.

Hay otros caminos. Estados Unidos no solo patrocinó el acuerdo: firmó con Armenia una Carta de Asociación Estratégica y un marco para la ruta TRIPP, que necesita un tratado vigente para avanzar. Azerbaiyán también necesita la paz para sus planes de conexión con Najicheván y su rol en las rutas entre Asia y Europa. Los acuerdos de defensa con Francia y la India, la misión de observación europea en la frontera, los foros multilaterales y la propia diáspora son cartas que Ereván tiene y no juega. El propio gobierno demostró que puede cambiar de rumbo cuando quiere: se alejó de Rusia, que como garante falló cuando más se la necesitaba. Si fue capaz de reconfigurar sus alianzas, no puede alegar ahora que la única salida es ceder.

El oficialismo responderá con tres objeciones.

“Azerbaiyán tiene superioridad militar y puede esperar.” Justamente por eso las concesiones no sirven: cambiar la Constitución no modifica el equilibrio de fuerzas. Al día siguiente del referéndum, Bakú tendrá la misma ventaja y la misma capacidad de exigir algo nuevo. Hoy su principal herramienta no es la guerra sino el chantaje, y el chantaje se alimenta de la disposición a ceder. Lo único que altera esa ecuación es fortalecer la defensa propia y elevar el costo político de una agresión, que pondría en riesgo una ruta que Washington presentó como un logro propio.

“Estados Unidos no va a presionar a un socio energético.” Nadie pretende que rompa con Bakú. Pero la ruta TRIPP atraviesa territorio armenio. Sin Armenia no hay corredor. Lo que falta no es margen para pedir, sino voluntad de pedir con firmeza.

“Sin tratado, el riesgo recae sobre Armenia.” Es el argumento más fuerte y el más engañoso, porque nadie garantiza que la reforma traiga la firma. Bakú no fijó fecha ni lugar, ni asumió ningún compromiso escrito: solo dice que “no verá obstáculos”. Y hay un escenario que el gobierno prefiere no mencionar: ¿qué pasa si el referéndum fracasa? Azerbaiyán tendría el pretexto perfecto para congelar todo y acusar a Armenia de mala fe. Si el oficialismo cree que la reforma es inevitable, lo mínimo sería exigir que quede atada a la firma y ratificación simultánea del tratado, con garantes internacionales. Ceder primero y esperar después no es pragmatismo: es una apuesta a ciegas con la soberanía del país.

Nadie discute que Armenia necesita la paz. Lo que se discute es la lógica según la cual hay que pagarla con concesiones sucesivas. Cambiar la ley fundamental de un Estado porque lo exige un vecino que no renuncia a su retórica expansionista sienta un precedente peligroso: el de una nación que define su orden interno según la voluntad de otro.

Una paz basada en la renuncia permanente no es paz: es una tregua que dura hasta la próxima exigencia. La paz duradera se negocia desde la dignidad, no desde el miedo. Y Armenia tiene más cartas de las que su gobierno está dispuesto a jugar.

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Sergio Nahabetian es director del Diario Sardarabad (www.sardarabad.com.ar) y presidente de la Asociación Cultural Tekeyan de Buenos Aires. Como diputado de la Provincia de Buenos Aires, fue autor de la Ley 13.478 de reconocimiento del Genocidio Armenio, aprobada por la Legislatura bonaerense en 2006.