El sábado 31 de octubre por la noche se supo que tres adolescentes de 15 años fueron trasladados en estado de extrema gravedad al centro médico Surp Asdvadzamayr de Ereván, con lesiones de distinta consideración.

Todavía no se conocen los detalles del hecho, aunque no se descarta que se trate de otro ajuste de cuentas entre delincuentes.

En Armenia hay una verdadera explosión de las prácticas mafiosas. Las noticias se llenan a diario de tiroteos, apuñalamientos y asesinatos. Lo más preocupante es que cada vez aparecen con más frecuencia adolescentes y jóvenes en este clima de violencia.

Es evidente que Armenia atraviesa una profunda crisis en la gestión del Estado, con causas sistémicas que van desde la ineficacia de las fuerzas del orden hasta problemas sociales y educativos.

Pero no es menos importante que la violencia y la impunidad son, en los hechos, alentadas desde el más alto nivel del poder.

Por ejemplo, tras la trifulca del 29 de octubre en la Asamblea Nacional, Nikol Pashinian no solo no condenó la conducta de sus compañeros de bancada, sino que la celebró públicamente al declarar: “Sea con una silla o con lo que sea, es adecuado y correcto”.

El primer ministro alienta en público el comportamiento patotero y las provocaciones de los suyos en el Parlamento y, de hecho, asume la responsabilidad política de lo ocurrido.

Con su conducta, le transmite a la sociedad una señal peligrosa: la agresión, el uso de la fuerza y el desprecio por la ley pueden volverse aceptables si se los naturaliza desde la máxima autoridad del país.

En este contexto, ¿por qué habría de sorprendernos que la “cultura” de la violencia se extienda también entre adolescentes y jóvenes? (Por supuesto, el aumento de la violencia juvenil también responde a problemas sociales y educativos, a la escasa eficacia de la respuesta policial y a las secuelas psicológicas de la posguerra).

Desde luego, de cada delito son responsables quienes lo cometen. Pero la responsabilidad política y moral por la formación de un clima social delictivo recae, en primer lugar, sobre el poder.

Si desde el cargo de primer ministro se alienta la violencia, ¿por qué en la calle se habría de vivir con otras “leyes”?

Cuando la gente ve que el líder del país celebra que se tire una silla y que se use la fuerza como respuesta “adecuada”, termina asumiendo la agresión como forma de relacionarse en todos los ámbitos.