La Armenia de Contrato Cívico o "Armenia Real" no es una Armenia en la que la Iglesia Apostólica Armenia tenga grandes chances de seguir siendo la Iglesia Apostólica Armenia
En toda esta historia en torno a la Iglesia hay casi de todo: ofensa a los sentimientos de los creyentes, riesgo de división de la sociedad en torno a valores, presión política sobre una institución nacional, serios interrogantes sobre una posible coincidencia con intereses externos y, a mi juicio, un sello político antinacional bastante claro. Ya no queda nada por decir ni por analizar, y predomina lo emocional, por razones comprensibles. Pero precisamente por eso hace falta salir un momento de la emoción y analizar este proceso con la mirada política más fría: no para reaccionar una vez más, sino para entender dónde está la vulnerabilidad del poder, cómo quitarle la iniciativa y cómo convertir la defensa en contraofensiva.
En la tercera ronda de la campaña contra la Iglesia, Pashinian hizo algo que a la vez fortaleció y volvió vulnerable su posición: convirtió su deseo político en un objetivo oficial, plasmado en documentos del Estado. Y este es justamente el momento en que la Iglesia debe dejar de limitarse a defenderse. Hasta ahora Pashinian podía hacer un posteo, lanzar una acusación, formular una exigencia política y después cambiar de tema, de vocabulario o de blanco. Ahora la situación es otra. Cuando la remoción del Katolikós ya figura en el programa oficial del Gobierno y, por encargo del primer ministro, un organismo estatal elabora al respecto un informe de 74 páginas y una hoja de ruta, es el propio poder el que lleva su objetivo político a un terreno donde ya no se le puede pedir otra explicación política más, sino el fundamento jurídico.
Ese es el principal resultado político de la tercera ronda. El poder intentó oficializar la presión, pero con eso oficializó también su responsabilidad. Intentó darle a una exigencia política el peso de un documento de Estado, pero así abrió la posibilidad de impugnar la legalidad de esa exigencia. Intentó obligar a la Iglesia a responder a 74 páginas, pero él mismo llegó al punto en que se lo puede obligar a responder una sola pregunta: ¿con qué ley? Por eso las 74 páginas no van a cambiar nada si ahora cambia lo más importante: la posición de la Iglesia. Tampoco lo cambiarían 740, porque la competencia no se crea con páginas.
A lo largo de toda esta campaña, la verdadera ventaja de Pashinian nunca fue la cantidad ni la fuerza de sus argumentos. Su ventaja fue la iniciativa. Él decidió cuándo atacar, a quién apuntar, qué acusación formular, con qué vocabulario hablar y cuál sería el próximo paso. La Iglesia quedó casi siempre en el lugar de quien responde. Y en la lucha política, quien siempre responde, aun teniendo razón, le deja al adversario el recurso más valioso: la posibilidad de manejar la agenda. Eso es lo que tiene que terminar. La tercera ronda no hay que cerrarla con una respuesta más larga, sino con un cambio de posición: de la defensa a la contraofensiva, de reaccionar a tomar la iniciativa, de responder acusaciones a exigirle al poder del Estado un fundamento jurídico.
Ya en la primera etapa de la campaña escribí que "el problema a resolver" de Pashinian "chocó contra una pared", y después señalé que la campaña "se estaba asfixiando". Cuando se intentó trasladar el proceso al interior de la Iglesia y presentar la injerencia política como una "reforma" intraeclesial, mi evaluación tampoco cambió: el problema no era reformar la Iglesia, sino imponer control político sobre una institución autónoma. Y cuando esa agenda pasó al programa del partido oficialista Contrato Cívico (CC), ya era evidente que lo que no se había logrado con presión pública y reordenamiento interno iban a intentar convertirlo en política de Estado. En ese sentido, la primera ronda fue la ofensiva pública, que no generó el respaldo social necesario; la segunda, el intento de forzar un reordenamiento dentro de la Iglesia, que no obtuvo la legitimidad intraeclesial necesaria; y la tercera es ya la oficialización del objetivo político.
En el programa oficial del Gobierno para 2026-2031 quedó establecido que "se garantizará" la remoción del jefe de facto de la Santa Iglesia Apostólica Armenia, tras lo cual se prevén la elección de un locum tenens del Katolikós, el proceso de aprobación de un estatuto y la elección de un nuevo Katolikós de Todos los Armenios. Después llegó el informe de 74 páginas preparado por encargo del primer ministro, con sus "constataciones" y su hoja de ruta. Es decir, el deseo político ya se volvió oficial. Pero justamente acá surge la vulnerabilidad jurídico-política más seria del poder. Mientras Pashinian emitía opiniones políticas, se le podían oponer opiniones políticas. Cuando el Poder Ejecutivo asume en su programa oficial la función de "garantizar" la remoción del jefe de facto de una Iglesia autónoma, la cuestión ya no es solo el Katolikós. La cuestión es el límite de la competencia del poder estatal.
La República de Armenia reconoce por ley la autonomía de la Santa Iglesia Apostólica Armenia dentro de su1 -., }78912|56765432q1 jerarquía. Por lo tanto, es hora de dar vuelta el planteo por completo. La Iglesia no tiene por qué seguir explicando por qué el Katolikós no se va: es el Gobierno el que tiene que explicar con qué ley piensa garantizar su remoción. +La Iglesia no debe responder al informe de 74 páginas con un contrainforme de 174: es el Gobierno el que tiene que mostrar en cuál de sus 74 páginas figura esa competencia.. La Iglesia no tiene que probar una y otra vez que la injerencia es política: el poder tiene que probar que su injerencia se ajusta a derecho. Esto ya no es defensa. Esto es contraofensiva.
Y precisamente desde acá debe empezar la cuarta ronda: desde una posición de anticipación. El factor tiempo es decisivo, porque si el poder también prepara reformas legislativas, esperar a que primero cree los mecanismos jurídicos que necesita para su objetivo, los apruebe en el Parlamento y recién entonces empezar a reaccionar significa aceptar otra vez las reglas de juego y el calendario de Pashinian. Anticiparse es actuar antes del próximo paso del adversario, no después. Por eso, si yo estuviera en el lugar de la Sede Madre de la Santa Echmiadzín, ahora mismo, sin perder tiempo, formaría un grupo de trabajo de alto nivel integrado por constitucionalistas, especialistas en derecho administrativo, abogados y canonistas: no para otra declaración, sino para una hoja de ruta jurídico-política de la contraofensiva.
Hay que someter cuanto antes todo el proceso a una auditoría jurídica: las disposiciones pertinentes del programa de gobierno, la naturaleza jurídica del encargo del primer ministro, la competencia del organismo estatal que elaboró el informe de 74 páginas, las acciones estatales ya realizadas y las reformas legislativas en preparación. Frente a cada paso hay que plantear cuatro preguntas:
- ¿Quién lo decidió?
- ¿Con qué fundamento jurídico?
- ¿Actuó dentro de los límites de sus atribuciones?
- ¿Cómo puede impugnarse esa acción?
Y cuando haya base legal para litigar, hay que evaluar también un paso muy concreto: presentar una demanda que obligue a dar respuestas.
Conozco el contraargumento y no hace falta esquivarlo. En Armenia existe una seria preocupación pública por la independencia del Poder Judicial, por la posible influencia del Ejecutivo en causas políticamente sensibles y por el riesgo de que los procesos se dilaten. La pregunta, entonces, es lógica: si el poder también logra estirar el proceso judicial o usarlo a su favor, ¿qué se gana yendo a los tribunales? Mi respuesta es simple: ese riesgo hay que calcularlo, no usarlo como excusa para abandonar el terreno jurídico. En política, un terreno que puede estar bajo influencia del adversario no siempre hay que dejárselo. A veces la maniobra correcta es justamente entrar en él y convertirlo, en la medida de lo posible, en un escenario público y documentado para la agenda propia, expuesto a la mirada de toda la sociedad.
Por eso el proceso judicial no debe verse solo bajo la disyuntiva simplista de "¿ganamos o perdemos?". En el tribunal hay que exigir respuestas. Que el Gobierno presente en un procedimiento formal qué norma de la Constitución o de qué ley le otorga la competencia de "garantizar la remoción del jefe de facto" de la Santa Iglesia Apostólica Armenia. Que esa respuesta se convierta en documento judicial, que la posición del organismo estatal quede asentada, y que cada objeción, pedido, postergación y resolución pase a ser un hecho político de conocimiento público. A partir de ese momento, la causa deja de ser solo asunto de abogados y se convierte también en una herramienta de rendición de cuentas. Si el Gobierno tiene fundamento jurídico, que lo presente. Si no lo tiene, eso también tiene que quedar a la vista. Si el proceso se demora sin motivo, esa misma demora pasa a ser objeto de evaluación pública y mediática. No hay que negar el riesgo: hay que incorporarlo a la estrategia y volverlo manejable a favor propio.
Ahora bien, el proceso judicial no debe convertirse ni en un show político ni en una presión sobre los jueces. Esto no significa despolitizar; al contrario, supone una hiperpolitización, pero inteligente. Tiene que ir acompañado de una comunicación pública fría, precisa y profesional.
Antes de cada audiencia importante, la sociedad tiene que entender qué cuestión jurídica se discute ese día; y después, qué respondió el Gobierno, qué fundamento presentó, qué dejó sin responder y qué resolvió el tribunal. Documento, pregunta, respuesta, conclusión jurídica. Así, incluso un proceso prolongado puede mantenerse en el foco de la atención pública y de la rendición de cuentas política, sin que la cuestión central se pierda en el ruido procesal.
La cuarta ronda tiene además otra condición indispensable: unificar el lenguaje político. La oposición puede tener posturas distintas respecto del Katolikós, del gobierno de la Iglesia, de la necesidad de reformas o de la relación entre Estado e Iglesia. Es natural. Uno puede abordar el problema desde la constitucionalidad; otro, desde la defensa de las instituciones nacionales; un tercero, desde la libertad religiosa; un cuarto, desde el principio de limitación del poder. Pero esas diferencias no deben erosionar el planteo central. La cuarta ronda no necesita veinte lenguajes políticos contradictorios. Necesita un único eje jurídico-político: ¿con qué ley, con qué atribución, con qué fundamento jurídico?
Esto no significa defender a una persona, sino defender un límite institucional. No significa afirmar que en la Iglesia no hay problemas, sino sostener que su existencia no le da automáticamente al Gobierno la facultad de disponer de la conducción de la Iglesia. No se trata de discutir con Pashinian quién es más creyente, sino de exigir que el Poder Ejecutivo muestre el fundamento jurídico de sus actos. Justamente esto puede convertirse en un planteo común para distintos actores políticos y sociales, sin borrar sus diferencias ideológicas.
Ya en etapas anteriores escribí que el fracaso de esta campaña contra la Iglesia podía tener un significado mucho mayor que la cuestión eclesiástica, y lo formulé así: "el fracaso de esta campaña será un renacimiento para nosotros". Hoy esa idea tiene que llegar a su conclusión política. Lo que está en juego en esta lucha no es solo quién seguirá siendo Katolikós. La cuestión es mucho más amplia: ¿existe en Armenia un límite al poder estatal que una mayoría política no puede cruzar por el solo hecho de tener el poder? Es acá donde la contraofensiva deja de ser solamente eclesiástica y pasa a ser una defensa del Estado. Devolver al Gobierno a sus límites legales no es una lucha contra el Estado: es proteger al Estado de la pretensión del poder político de no tener límites.
Por eso la lógica de la cuarta ronda debe ser simple y operativa: equipo jurídico; auditoría rápida de todo el proceso; identificación de los actos y acciones estatales impugnables; preparación de posibles causas judiciales con la lógica de exigir respuestas; análisis jurídico anticipado de las reformas legislativas previstas; seguimiento público y profesional de los procesos judiciales; y, en el terreno político y social, un único planteo común: ¿con qué ley? Hay que preguntarlo en el Parlamento, en los debates públicos, ante cada nueva iniciativa legislativa y, si existe un fundamento jurídico adecuado, también en los tribunales. Porque en política llega un momento en que hay que dejar de solo responder y empezar a exigir respuestas.
La agenda de las tres primeras rondas la manejó Pashinian. La de la cuarta no debe manejarla él. Tiene que empezar desde una posición de anticipación de la Iglesia, sobre una base jurídica sólida, sosteniendo el mismo planteo central en el campo político y social más amplio posible. Sin ruido, sin histeria y sin una respuesta de 740 páginas, sino con una sola pregunta, fría, de Estado y sumamente concreta: "Gobierno de la República de Armenia, muestren la ley que les otorga la competencia de garantizar la remoción del jefe de facto de la Iglesia Apostólica Armenia".
Después, que pongan sobre la mesa sus 74 páginas. Y si quieren, que traigan 740. De todas ellas nos alcanza con una sola: la página en la que esté escrita esa competencia.
Si esa página no existe, las 74 páginas no van a cambiar nada. Y la cuarta ronda tiene que empezar no desde el lugar de quien responde, sino de quien exige respuestas.
P. D.: El tiempo apremia. La Armenia de Contrato Cívico o "Armenia Real" no es una Armenia en la que la Iglesia Apostólica Armenia tenga grandes chances de seguir siendo la Iglesia Apostólica Armenia.
