Editorial diario Sardarabad
Hoy, 21 de septiembre, Armenia cumple 35 años de independencia. Aquel referéndum de 1991, con una participación del 95% y un 99,3% de votos a favor, puso fin a casi siete décadas de dominio soviético y dio origen a la Tercera República. No fue un trámite administrativo: fue la reafirmación de una voluntad nacional que había sobrevivido al genocidio, a la diáspora forzada y a la desaparición de su soberanía durante gran parte del siglo XX.
Treinta y cinco años después, hay motivos para el orgullo y motivos para la inquietud, y sería deshonesto de nuestra parte no nombrar ambos.
Lo que se construyó no es poco: instituciones estatales propias, una economía que —con altibajos— logró insertarse en el mundo, generaciones enteras que nacieron y crecieron sin haber conocido otra cosa que un Estado armenio soberano. Ese dato, que hoy puede parecer obvio, era impensable para nuestros abuelos.
Pero la independencia no es un estado adquirido de una vez y para siempre: es un ejercicio que se renueva —o se erosiona— todos los días. Y en ese sentido, este aniversario llega en un momento delicado para la Armenia real, la que gobierna Nikol Pashinian desde Ereván y no la que celebramos en los actos protocolares.
La derrota de Nagorno Karabaj y el desplazamiento forzado de su población armenia dejaron una herida que todavía no cicatrizó, y que ninguna cifra de PBI ni ningún discurso oficial puede disimular. El discurso azerbaiyano sobre el supuesto "Azerbaiyán Occidental" —es decir, sobre territorio soberano de la propia República de Armenia— sigue circulando desde Bakú sin que, a nuestro juicio, el Gobierno armenio haya dado la respuesta contundente que la gravedad del planteo exige. No se trata de un matiz semántico: es una amenaza formulada en voz alta contra la integridad territorial del país cuya independencia hoy conmemoramos.
A eso se suma un año electoral que dejó un mapa político fragmentado —con el oficialista Contrato Cívico controlando el Parlamento pero con una oposición que impugna resultados y una ley de reforma electoral que, no por casualidad, restringe el voto de los ciudadanos no residentes y golpea de lleno a comunidades como la nuestra, la de la diáspora argentino-armenia. Y persiste, además, la tensión abierta entre el primer ministro y la jerarquía de la Iglesia Apostólica Armenia, un conflicto que no es solo interno: cada nueva escalada erosiona la imagen de la Iglesia armenia y, con ella, la reputación de los armenios como pueblo, puertas afuera.
Frente a este panorama, la diáspora tiene un rol que no es meramente ceremonial. No alcanza con izar la bandera tricolor una vez al año: hace falta sostener la mirada crítica sobre lo que ocurre en la Patria, acompañar sin caer en la complacencia y exigir, desde el afecto y no desde la distancia, que el Estado armenio esté a la altura de lo que sus ciudadanos —y los ocho millones de armenios que viven fuera de sus fronteras— necesitan.
Treinta y cinco años de independencia son, ante todo, treinta y cinco años de aprendizaje sobre lo difícil que es sostener un Estado soberano en una región hostil. Celebrarlos con honestidad implica reconocer los logros sin ocultar las deudas pendientes. Es, en definitiva, la única forma de que esta independencia siga siendo, dentro de otros treinta y cinco años, motivo genuino de orgullo y no apenas un recuerdo idealizado.
