Nikol Pashinian vuelve a demostrar, con sus últimas declaraciones contra el Katolikós Karekín II, que no distingue —o no quiere distinguir— entre el cargo que ocupa y la nación que dice representar. Acusar al primado de la Iglesia Apostólica Armenia de no creer en Dios, de carecer de vida espiritual y de haber "traicionado su pacto" ante el pueblo no es una crítica política: es un exceso que ningún jefe de gobierno debería permitirse, y que como director de este diario me veo obligado a señalar con toda claridad.

La Iglesia Apostólica Armenia no es un organismo estatal más, sujeto a la evaluación de quien gobierne de turno. Es, junto con la lengua, el pilar que sostuvo a los armenios durante siglos sin Estado propio, durante el genocidio y durante la dispersión que nos convirtió en pueblo de diáspora. Para millones de armenios que no pisan Ereván pero sí la parroquia, la escuela y la comunidad organizada en torno a la Iglesia, atacar la legitimidad espiritual del Katolikós desde la tribuna del parlamento es atacar uno de los pocos símbolos que todavía nos mantienen unidos por encima de fronteras, generaciones y banderías políticas.

Y hay algo más grave todavía. Cuando un primer ministro en ejercicio cuestiona públicamente la fe de la máxima autoridad religiosa de su país, lo que exhibe ante el mundo no es una reforma institucional en marcha: es una nación fracturada, incapaz de resolver sus diferencias sin exhibirlas como espectáculo. Esa imagen no distingue entre gobierno e Iglesia a los ojos de nadie: golpea la reputación de los armenios como pueblo, justo cuando Armenia más necesita presentarse como una nación cohesionada y confiable ante sus socios internacionales y ante su propia diáspora.

Pashinian parece haberse convencido de que administrar circunstancialmente el Estado le otorga también autoridad sobre la conciencia religiosa de la nación. Se equivoca, y se equivoca gravemente. Un primer ministro es una persona a la que le tocó, por un tiempo determinado, gestionar una parte del gobierno de un país; no es el dueño de la fe de su pueblo, no es su árbitro moral, y mucho menos tiene derecho a arrogarse la representación espiritual de una nación entera. Confundir el poder de administración con autoridad sobre lo sagrado es, en el mejor de los casos, soberbia; en el peor, un cálculo político cínico que usa a la Iglesia como blanco fácil para consolidar relato interno.

Y sin embargo, existía y existe, un camino mucho más simple que Pashinian eligió no tomar. Cuando una persona no se siente a gusto con su líder religioso, o incluso con la máxima autoridad de su Iglesia, no convoca al parlamento ni recurre a una tribuna oficial: busca otra parroquia, otro sacerdote, otro pastor espiritual que le permita seguir viviendo su fe en paz. Esa es, precisamente, la libertad que ofrece la vida religiosa a cualquier fiel.

Pashinian, en cambio, no ejerció esa libertad como un ciudadano más: utilizó el poder del Estado para intentar imponerle a toda una nación su propio conflicto de conciencia con la jerarquía eclesiástica, como si su incomodidad personal debiera convertirse, por decreto de su investidura, en el problema de todos los armenios.

El daño de estas declaraciones no se queda en el despacho de Pashinian ni termina cuando termine su mandato. Trasciende su gestión y recae sobre todos los armenios, dentro y fuera de Armenia, durante mucho más tiempo del que él estará en el poder. Puede haber, sí, cuestiones legítimas de conducta y transparencia dentro de la jerarquía eclesiástica que merezcan discutirse con seriedad. Pero la descalificación personal y pública del primado de la Iglesia no resuelve ninguna de ellas: solo profundiza una herida que la armenidad —ya castigada por la guerra y el desplazamiento forzado de Artsaj— no puede seguir pagando por la vanidad de un solo hombre.

Más allá de las intenciones de cada actor —que no nos corresponde juzgar—, el resultado objetivo de este conflicto es una Armenia más dividida, con su principal institución identitaria desprestigiada y debilitada. Y una Armenia dividida es, lisa y llanamente, una Armenia más vulnerable frente a quienes históricamente le han disputado su territorio, su memoria y su lugar en la región. Ese es, en definitiva, el costo real de confundir un cargo circunstancial con la representación eterna de un pueblo.