En un artículo publicado en la revista ORER editada en Praga para lectores europeos y armenios, sobre la campaña que continúa contra la Iglesia en el período post-electoral, la ex funcionaria y dirigente de Armenia Fuerte Lilia Shushanian analiza la causa penal iniciada contra el Katolikós de Todos los Armenios, Karekín II, y seis obispos, en el marco de la escalada de presión del Gobierno de Nikol Pashinian sobre la Iglesia Apostólica Armenia. La autora repasa los antecedentes del conflicto con la diócesis de Masyatsotn, la reacción del Consejo Mundial de Iglesias y advierte sobre los riesgos que la situación plantea para la independencia judicial y la autonomía eclesiástica en Armenia.
"Desde hace más de un año, la Iglesia Apostólica Armenia enfrenta una presión creciente por parte del Gobierno de Armenia y del primer ministro Nikol Pashinian. El 7 de agosto de 2026 estos hechos alcanzaron un punto sin precedentes en la historia de la Armenia independiente: Su Santidad Karekín II, Catolicós de Todos los Armenios, se presentó ante un tribunal en el marco de una causa penal. Una causa que tanto en Armenia como en los círculos internacionales es percibida ampliamente como políticamente motivada.
Estos hechos ya generaron preocupación internacional. El 7 de agosto, el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) expresó "profunda preocupación" por la situación creada en torno a la Iglesia Apostólica Armenia, advirtiendo en particular sobre el riesgo de una "injerencia indebida en los asuntos internos de la Iglesia". El CMI reafirmó su solidaridad con la Iglesia Apostólica Armenia y sus fieles, señalando que la preocupación por la situación ya excede los límites del debate político interno de Armenia.
Los fundamentos de la causa penal
El 7 de agosto se realizó la primera audiencia judicial de la causa penal iniciada contra el katolikós Karekín II y seis obispos.
La expresión "causa penal" suele asociarse con delitos graves. Sin embargo, este caso contra el Katolikósde Todos los Armenios se originó en enero de 2026, a raíz de la decisión de destituir al obispo Gevorg Saroian, titular de la diócesis de Masyatsotn —una decisión adoptada conforme a las normas de gobierno interno de la Iglesia—. Saroian impugnó esa decisión ante un tribunal civil, trasladando de hecho un asunto canónico interno de la Iglesia a la esfera de la justicia ordinaria. El tribunal resolvió que, hasta la resolución final del caso, Saroian debía continuar en funciones, prohibiendo a la Iglesia obstaculizar el ejercicio de sus facultades, incluida la administración de las finanzas de la diócesis. Cuando el Katolikós y el Consejo Espiritual Supremo decidieron destituirlo, la fiscalía sostuvo que esa decisión violaba lo resuelto por el tribunal.
Cabe destacar que, antes de eso, Saroian ya había firmado, junto con el primer ministro Nikol Pashinian, la iniciativa para destituir al Katolikós Karekín II. En este contexto político, la causa plantea inevitablemente interrogantes sobre la independencia del Poder Judicial, preocupaciones que se vuelven aún más sensibles a la luz de la declaración de Pashinian en 2019: "¿Hay hoy en Armenia algún juez que no haga lo que dice el primer ministro?".
Qué ocurrió en la audiencia del 7 de agosto
El juez a cargo del caso, Hakob Manukian, se excusó de intervenir. Más allá de los fundamentos formales de la recusación, resulta comprensible que para cualquier juez armenio pueda ser extremadamente difícil involucrarse en un proceso judicial tan sensible y sin precedentes.
Ahora surge la pregunta: ¿cuántos jueces más podrían verse implicados en este caso antes de que comience su instrucción propiamente dicha? En un contexto de preocupación social por la influencia del Gobierno sobre el sistema judicial, existe la percepción de que la elección del próximo juez que tome el caso podría "no ser casual".
De iniciativa personal a política de Estado
Las normas internas de la Iglesia Apostólica Armenia no contemplan la destitución del Katolikós de Todos los Armenios por iniciativa política ni por ninguna otra vía externa.
Cuando el primer ministro Pashinian se involucró por primera vez personalmente en la iniciativa contra el Katolikós, presentó su accionar no como funcionario del Estado, sino como fiel de la Iglesia a título individual. Con el correr de los acontecimientos, esa distinción fue perdiendo fuerza: Pashinian terminó firmando la iniciativa de destitución ya abiertamente en su carácter de primer ministro de la República de Armenia. Y las propuestas sobre la destitución y el cambio en el gobierno de la Iglesia fueron incorporadas después al programa electoral oficial del partido que él conduce.
Estos hechos plantean interrogantes de fondo sobre los límites entre el poder del Estado y la autonomía constitucionalmente garantizada de la institución religiosa.
El panorama más amplio de las presiones
Es importante subrayar que la causa penal contra el Catolicós no es un hecho aislado. Durante el último año se impulsó una serie de medidas que afectan a la Iglesia Apostólica Armenia y su posición institucional. Entre ellas figuran el cese de la protección estatal que se brindaba al Katolikós de Todos los Armenios, cambios en la organización de la asistencia espiritual en las fuerzas armadas y en los establecimientos penitenciarios, y la eliminación de la asignatura "Historia de la Iglesia Armenia" del programa escolar, pese a que su enseñanza sigue estando prevista por ley.
Tras las muy cuestionadas elecciones parlamentarias del 7 de junio de 2026, se registró otro hecho sin precedentes durante la primera sesión de la nueva Asamblea Nacional. Por primera vez desde la restauración de la independencia de Armenia en 1991, el Katolikós de Todos los Armenios no fue invitado a dirigirse a la Asamblea Nacional en su primera sesión, pese a que el reglamento parlamentario prevé expresamente ese discurso.
Las dos fuerzas parlamentarias opositoras, Armenia Fuerte y la Alianza Armenia, calificaron esa decisión de inconstitucional e ilegal, y tras la sesión se dirigieron a la Sede Madre de Echmiadzín para recibir la bendición del Katolikós de Todos los Armenios.
Una situación sin precedentes en la historia de la Armenia independiente
Desde la independencia, el máximo referente de la Iglesia Apostólica Armenia nunca había sido objeto de un hostigamiento de esta naturaleza, con el jefe del Poder Ejecutivo del país llevando adelante al mismo tiempo una campaña política abierta en torno a la conducción de la Iglesia y sus asuntos de gobierno interno.
Para los armenios, el simbolismo histórico de esta situación resulta particularmente preocupante. En distintos períodos del pasado, la Iglesia Apostólica Armenia sufrió graves persecuciones bajo dominaciones extranjeras. Una de las páginas más oscuras fue la de las represiones estalinistas contra la Iglesia: en 1938, el Katolikós de Todos los Armenios Khoren I murió en circunstancias ampliamente vinculadas a la acción de los organismos de seguridad soviéticos, en el marco de una represión más amplia contra el clero y las instituciones religiosas armenias.
A la luz de esta memoria histórica, la comparecencia del Katolikós de Todos los Armenios ante un tribunal civil, por una decisión relativa al gobierno interno de la Iglesia, adquiere una significación que excede ampliamente la causa penal en sí.
Consideraciones jurídicas y de derechos humanos
Los hechos actuales plantean serios interrogantes tanto desde el ordenamiento constitucional y legal de Armenia como desde los estándares europeos de derechos humanos.
La Constitución de la República de Armenia
La Constitución de Armenia reconoce la misión exclusiva de la Santa Iglesia Apostólica Armenia como iglesia nacional en la vida espiritual del pueblo armenio, en el desarrollo de su cultura nacional y en la preservación de la identidad nacional. Al mismo tiempo, consagra la separación entre las organizaciones religiosas y el Estado.
Ley N.° ՀՕ-80-Ν "Sobre las Relaciones entre la República de Armenia y la Santa Iglesia Apostólica Armenia", del 2007.
El artículo 2 de esta ley reconoce a la Santa Iglesia Apostólica Armenia como iglesia nacional y reconoce expresamente "el autogobierno de la Santa Iglesia Apostólica Armenia dentro de los límites de su jerarquía".
La Ley sobre Libertad de Conciencia y Organizaciones Religiosas
El artículo 17 de esta ley consagra la separación entre la Iglesia y el Estado, y establece que el Estado "no interfiere en las actividades ni en la vida interna de la iglesia y las organizaciones religiosas conforme a la ley, y prohíbe la actuación de cualquier organismo estatal o de personas que actúen por su encargo dentro de la estructura de las iglesias y organizaciones religiosas".
El Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del TEDH
La situación creada genera preocupación también desde la óptica de los artículos 9 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protegen la libertad religiosa y la libertad de asociación.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su jurisprudencia, ha considerado de manera constante que la autonomía de las comunidades religiosas constituye un componente fundamental del pluralismo democrático, incluido el derecho a organizar su propia conducción y sus asuntos internos sin injerencia arbitraria del Estado.
Conclusión
En las circunstancias actuales, la comparecencia del Katolikós de Todos los Armenios ante la justicia tiene una significación mucho más amplia que la de una sola causa penal.
Si se la analiza en el contexto de las campañas políticas directas contra la conducción de la Iglesia, de las medidas que afectan su posición institucional y de la intervención de instituciones estatales seculares en asuntos de su gobierno interno, surgen interrogantes de fondo sobre la libertad religiosa, la autonomía de la Iglesia, los límites de la relación Iglesia-Estado, la independencia judicial y la resiliencia de las instituciones democráticas en Armenia."
