El 2 de agosto se realizó la primera sesión de la novena convocatoria de la Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional conformada con esta composición no expresa la verdadera voluntad política de los ciudadanos de la República de Armenia y presenta graves problemas de legitimidad, motivados tanto por los mecanismos de formación del poder establecidos en la reforma constitucional de 2015, como por las irregularidades ocurridas durante la celebración de las elecciones de 2026 y el conteo de sus resultados.

El primer problema radica en la estructura del sistema constitucional vigente.

En las elecciones de 2026 tenían derecho a voto 2.503.990 ciudadanos. Según datos oficiales, el partido Contrato Civil recibió 726.819 votos, es decir, el 49,75% de quienes participaron en la votación y apenas el 29% de quienes tenían derecho a votar. Como resultado, la fuerza política que no obtuvo el respaldo ni del 30% de los ciudadanos habilitados para votar ni del 50% de quienes efectivamente participaron, controlará durante los próximos cinco años, a través de su mayoría parlamentaria, los poderes legislativo y ejecutivo. Tendrá además un rol decisivo en la conformación de las máximas instancias judiciales, la Fiscalía, el Banco Central, la Comisión Electoral Central, los órganos de investigación, la Policía, el Defensor de los Derechos Humanos y otras estructuras de las fuerzas de seguridad y del orden.

De este modo, una fuerza política que obtuvo el respaldo de menos de la mitad de los ciudadanos que participaron en las elecciones tendrá, durante los próximos cinco años, una influencia decisiva sobre el funcionamiento de casi todo el sistema del poder estatal.

El segundo problema está vinculado con la celebración de las elecciones y el conteo de sus resultados. Durante ese proceso se registraron numerosas irregularidades electorales, cuyo punto máximo fue la decisión ilegal de la Comisión Electoral Central y su posterior convalidación por parte del Tribunal Constitucional. Como consecuencia, los ciudadanos que votaron a una de las fuerzas opositoras, el partido Armenia Próspera, quedaron en los hechos privados del derecho a estar representados en la Asamblea Nacional.

El tercer problema tiene que ver con las condiciones desiguales e injustas en que se desarrollaron las elecciones: detenciones y arrestos masivos de representantes de las fuerzas opositoras, violaciones de la presunción de inocencia, actos de violencia, así como el desconocimiento del derecho al voto y sanciones ilegales aplicadas a ciudadanos de la República de Armenia que llegaron desde el exterior, además de restricciones impuestas a las misiones de observación.

"En esta situación, la oposición representada en la Asamblea Nacional tiene una misión importante: si bien las herramientas que la ley le reserva son limitadas, debe usarlas al máximo y con coherencia."

Esperamos que la oposición no se limite a declaraciones de rutina. Debe poner todo su instrumental político y jurídico al servicio de la defensa de los intereses vitales de la República de Armenia.

La Alianza Pública también continuará con su actividad, con el objetivo de eliminar el sistema de poder unipersonal en Armenia y conformar un orden constitucional y político que excluya la posibilidad de que una fuerza política con el respaldo de menos del 30% de quienes tienen derecho a votar y del 50% de quienes participaron en las elecciones controle en forma unilateral, durante cinco años consecutivos, los poderes legislativo y ejecutivo, y tenga una influencia decisiva en la conformación del poder judicial, de los organismos estatales independientes y del sistema de seguridad.

Alianza Pública, grupo promotor para el control y equilibrio de poderes:

Anna Kostanian
Arsen Tavadian
Gor Pluzian
Hayk Dorunts
Hovhannes Ishkhanian
Ruben Harutyunian
Vardan Harutyunian
Taron Nahapetian