La evaluación de expertos independientes de la ONU, que pone en duda las bases jurídicas de las acusaciones de terrorismo contra el arzobispo Bagrat Galstanian y los miembros de la «Lucha Sagrada», representa un golpe serio a la versión oficial que el poder viene sosteniendo desde hace un año.
Los expertos manifestaron preocupación por que la causa podría constituir un abuso de la legislación antiterrorista y una restricción de derechos fundamentales. Señalaron además que la investigación difundió de manera selectiva las grabaciones de las escuchas telefónicas, mientras que no permitió a la defensa hacer públicos los fragmentos que, a su entender, tienen carácter exculpatorio. Esta circunstancia plantea interrogantes serios no solo sobre la imparcialidad de la instrucción, sino sobre la equidad de todo el proceso.
No es difícil recordar la campaña propagandística que el poder organizó hace apenas un año, cuando presentó esta causa como el descubrimiento del «terrorismo del siglo». Nikol Pashinian agradeció públicamente a los organismos de seguridad al comienzo de una reunión de gobierno, mientras que el bloque «Contrato Civil» difundía, en nombre de la Asamblea Nacional, una declaración de condena sobre el «grupo terrorista» —cuando el tribunal ni siquiera había comenzado a examinar la causa—. En los hechos, el poder político ya había pronunciado su «sentencia».
Hoy, sin embargo, a nivel de expertos internacionales se pone en duda no solo el fundamento de la acusación, sino también la imparcialidad del poder y de los organismos de seguridad. En el trasfondo de las evaluaciones de la ONU resuena claramente la preocupación de que el proceso penal podría haber estado motivado políticamente y haber sido utilizado para presionar a la oposición.
Resulta simbólico que justamente hoy, en la misma causa, se haya registrado otra decisión polémica. El juez Farkhoian rechazó modificar la prisión domiciliaria aplicada al diputado Artur Sargsian, desatendiendo el criterio jurídico fijado por el Tribunal Constitucional en 2021, según el cual la condición de diputado supone su liberación inmediata si la Asamblea Nacional no dio el consentimiento correspondiente para restringir su inmunidad.
Pero la conclusión de los expertos de la ONU sobre esta causa tiene un alcance mucho más profundo. Deja al descubierto un problema sistémico: si expertos internacionales de peso ponen en duda las bases fácticas y jurídicas de una de las causas penales más resonantes del poder, tarde o temprano las mismas preguntas van a surgir también respecto de otras causas con trasfondo político. Hay motivos para suponer que muchas de las causas hoy abiertas contra dirigentes políticos privados de libertad tampoco van a resistir, con el tiempo, un examen jurídico y profesional internacional.
En los sistemas autoritarios, la justicia deja de servir a la ley y pasa a servir al poder. En esas condiciones, las acusaciones suelen construirse no sobre pruebas incuestionables, sino sobre la conveniencia política, y los tribunales y organismos de seguridad se convierten en instrumentos al servicio de la voluntad del poder.
El tiempo, por regla general, es el investigador más implacable. Las causas armadas por encargo político pueden servir por un tiempo a los intereses del poder, pero, tarde o temprano, su insolvencia fáctica y jurídica queda al descubierto. Esta evaluación de los expertos de la ONU es, precisamente, otro testimonio importante de ese proceso.
