Argentina reclama Malvinas por vía constitucional desde 1994, mientras Armenia elimina de su Constitución la referencia a Artsaj.

La memoria de la disputa por las islas Malvinas —Falkland para el Reino Unido— volvió a ocupar un lugar central luego de la victoria de Argentina sobre Inglaterra en semifinales del Mundial. Dirigentes políticos, veteranos de guerra y analistas vincularon abiertamente el partido con la cuestión, todavía sin resolver, de la soberanía. Sin embargo, suele pasarse por alto que el reclamo argentino no es solo político: está consagrado en la Constitución del país.

Desde 1994, la Constitución argentina establece la recuperación de las Malvinas como objetivo nacional permanente, al tiempo que obliga al país a perseguir esa meta exclusivamente por medios pacíficos, por la vía diplomática y en el marco del derecho internacional.

Esto plantea un interrogante clave para Armenia. Azerbaiyán sostiene que Armenia debe eliminar de su Constitución toda referencia a Nagorno Karabaj, y presenta esa exigencia como condición previa para la paz. Pero si Argentina tiene derecho a mantener su posición constitucional sobre Malvinas sin apartarse de la vía pacífica y diplomática, ¿por qué Armenia habría de verse privada del mismo derecho?

Una aspiración constitucional, cuando se persigue mediante el diálogo y el derecho internacional —y no mediante el uso de la fuerza—, no constituye un obstáculo para la paz: es una expresión legítima de política nacional.

El verdadero criterio no pasa por si un Estado mantiene o no un reclamo constitucional, sino por los medios que emplea para llevarlo adelante. La paz se fortalece cuando los Estados se comprometen con la diplomacia, el respeto al derecho internacional y la protección de los derechos humanos, no cuando se los obliga a borrar su propia historia o a renunciar a sus principios constitucionales.