Las represiones, persecuciones y amenazas de ajuste de cuentas físico que impulsaría el gobierno de Nikol Pashinian constituyen la realidad cotidiana de Armenia, y quienes se niegan a reconocerlo carecen de honestidad o de coraje, denunció la diputada Anna Mkrtchyan, del bloque opositor "Pativ Unem" ("Tengo el honor"), durante una conferencia de prensa de la comisión parlamentaria sobre los derechos de los perseguidos por motivos políticos.

Se trata de una serie de acusaciones formuladas desde la oposición, sin que hasta el momento exista una respuesta oficial del gobierno armenio ni confirmación judicial independiente de los señalamientos más graves.

Según la legisladora, la ofensiva del oficialismo contra los ciudadanos armenios atravesó distintas etapas. En un primer momento, sostuvo, la persecución se disimulaba bajo la forma de un reclamo popular. Hoy, en cambio, las instrucciones se dan en vivo y en directo, y las amenazas de represalias buscan silenciar la libertad de expresión.

Mkrtchian fue más allá y denunció que, a lo largo de estos ocho años de gobierno, en Armenia se habría abierto lo que calificó como "el capítulo de los asesinatos políticos": personas con posiciones disidentes, sostuvo, ya no están entre nosotros, tras morir en prisión o en sus propias comunidades luego de celebrar algún triunfo. La diputada afirmó que, más allá de los métodos, el objetivo de la represión sigue siendo uno solo: sostener el poder mientras se pisotean los derechos y las libertades de los ciudadanos.

Como antecedentes de lo que definió como una escalada represiva, mencionó los casos de Armén Grigorian, fallecido en prisión luego de ser acusado de criticar al gobierno; Volodia Grigorian, alcalde opositor de Parakar; y Garnik Petrosian, quien en 2020 se sentó en la silla del presidente del Parlamento y fue hallado muerto dos días después.

En la misma conferencia de la comisión, la ex embajadora Dzyunik Aghajanian cuestionó la pasividad de las representaciones diplomáticas occidentales en Ereván frente a la situación de derechos humanos, aunque dijo confiar en la capacidad de resistencia de la sociedad armenia. También se hizo referencia al caso del presidente de la Federación de Boxeo, Gagik Tsarukian, detenido pese a que, según los denunciantes, la causa económica en su contra carecería de sustento penal.

Hasta el cierre de esta nota, el gobierno de Pashinian no había salido a responder a las declaraciones de la diputada Mkrtchian.