El mismo día que Israel y el Líbano firmaban en Washington un acuerdo marco de paz, aviones de combate israelíes bombardeaban el distrito de Nabatieh, en el sur del país.

No al día siguiente: el mismo viernes 26 de junio, mientras el secretario de Estado Marco Rubio declaraba ante las cámaras que el acuerdo era "el comienzo del comienzo", las Fuerzas de Defensa de Israel ejecutaban ataques que dejaron al menos dos muertos en la localidad de Mayfadún.

La escena podría parecer una paradoja. En realidad, es un patrón que quienes seguimos el conflicto armenio conocemos muy bien.

Dos acuerdos marco, una misma lógica

El acuerdo trilateral entre Israel, el Líbano y Estados Unidos incluye proyectos piloto para que el ejército libanés tome control de zonas ocupadas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y un proceso orientado al desarme de Hezbollah. Pero no obliga a Israel a retirarse del sur del Líbano que sigue ocupando, y Tel Aviv ha dejado en claro que continuará sus operaciones militares cuando las considere necesarias. Hezbollah, por su parte, no participó de las negociaciones y rechazó los términos: su secretario general, Naim Qassem, exigió una retirada israelí incondicional, y un diputado de Hezbollah advirtió que cualquier intento del ejército libanés de hacer cumplir el acuerdo derivaría en una "guerra civil".

En el Cáucaso Sur, Armenia y Azerbaiyán atraviesan un proceso estructuralmente idéntico. El 8 de agosto de 2025, en la Casa Blanca, Nikol Pashinian e Ilham Aliyev rubricaron el texto de un tratado de paz —técnicamente aún no ratificado de forma definitiva— ante un Donald Trump ávido de laureles diplomáticos. El acuerdo se sostiene sobre promesas de inversión e infraestructura sin garantías institucionales vinculantes. Azerbaiyán condiciona la firma definitiva a que Armenia reforme su Constitución, y tras las elecciones del 7 de junio, Pashinian no obtuvo la mayoría parlamentaria necesaria para hacerlo sin un referéndum. El camino sigue bloqueado.

En ambos casos, la arquitectura es la misma: acuerdo marco mediado por Washington, ratificación diferida, actores con capacidad de veto excluidos de la mesa y cuestiones centrales relegadas a negociaciones futuras que nadie garantiza.

Los ausentes que más importan

En toda negociación de paz hay una pregunta incómoda: ¿quiénes son los ausentes? En estos dos casos, los ausentes son precisamente quienes más tenían para perder.

En el Líbano, faltó Hezbollah. En el caso armenio-azerbaiyano, faltaron los más de 120.000 armenios expulsados de Artsaj en septiembre de 2023 y sus dirigentes, a quienes el vencedor no convocó como parte sino que procesó penalmente. Entre los detenidos en Bakú hay tres ex presidentes de la República de Artsaj —Arayik Harutyunian, Arkadi Ghukasuian y Bako Sahakian— sometidos a procesos que el Parlamento Europeo calificó de juicios sin garantías legales, con denuncias de torturas. Ruben Vardanian, ex ministro de Estado de Artsaj, cumple condena tras un proceso denunciado internacionalmente como una parodia judicial.

El retorno de los armenios de Artsaj a sus hogares está completamente ausente de todos los acuerdos negociados desde 2023. No es un olvido: es una exclusión deliberada. Y la obscenidad de la simultaneidad lo confirma: el mismo día en que se publicitaba el fin de las negociaciones entre Armenia y Azerbaiyán, en Bakú se celebraban juicios contra artsajíes capturados durante la ofensiva de 2023.

En esa mesa se habló de fronteras, corredores e infraestructura. Nadie habló de los 120.000 armenios que no pueden volver a sus casas.

Una lógica que conocemos

Quienes integramos la comunidad armenia llevamos décadas denunciando exactamente esta lógica. Es la misma lógica que consagró la impunidad tras el Genocidio de 1915: la comunidad internacional eligió entonces la estabilidad sobre la justicia, y las víctimas quedaron sin reparación ni reconocimiento. Es la lógica según la cual las grandes potencias cierran expedientes diplomáticos sin abrir expedientes de justicia, y los incentivos económicos se utilizan para eludir el derecho, la rendición de cuentas y la reparación. Lo que cambia es el escenario. Lo que no cambia es que las víctimas quedan fuera de la sala.

Un acuerdo que normaliza las relaciones entre dos estados mientras deja sin resolver la situación de quienes perdieron su territorio, sus bienes, su libertad y en muchos casos a sus muertos, no es un acuerdo de paz. Es un acuerdo de conveniencia entre élites. Y un acuerdo al que las víctimas no adhieren es un acuerdo que ellas no tienen razón para defender.

La pregunta no es si estos acuerdos son perfectos. La pregunta es si hay voluntad política —en Ereván, en Washington, en Bakú y en las capitales europeas— de no repetir el error de construir una paz que deja a sus víctimas afuera.

Por ahora, los hechos no permiten el optimismo.