Pensar que el resultado de las elecciones en Armenia no tiene ninguna relación con los procesos que ocurren en el mundo exterior, y que es el elector armenio quien lo decide todo, resulta sin duda agradable, pero está a kilómetros de la realidad. Y eso sin siquiera mencionar que en nuestras elecciones participaron, y estuvieron representados, numerosos actores externos a través de nuestras propias fuerzas políticas. Lamentablemente.
Pero aun dejando eso de lado y observando cuántos acontecimientos decisivos han ocurrido en el mundo desde el 7 de junio y que inciden directamente sobre nuestra región, ya se puede comprender mucho: Azerbaiyán ha retomado, en distintos formatos, sus discursos sobre la llamada «Azerbaiyán Occidental», lo que representa una amenaza real para nuestra seguridad en el corto plazo y exige que centremos nuestra atención en ello; Irán se sentó a negociar con Estados Unidos, pero nadie sabe qué ocurrirá en 60 días ni si Teherán endurecerá nuevamente su postura, lo que colocaría a la región en una situación cualitativamente distinta; el primer ministro británico Keir Starmer, de orientación europeísta, presentó su renuncia —Trump nunca le estrechó la mano—; Rusia multiplica sus declaraciones y acciones inaceptables hacia Armenia; legisladores estadounidenses aprobaron una resolución contra la política iraní de Trump; Canadá vuelca su mirada hacia Europa, y la Unión Europea intenta ganarse las simpatías de Armenia. Todas estas partes, más Turquía, convertida en factor regional de peso, no son indiferentes a qué tipo de gobierno existe en Armenia.
En todos esos países se avecinan elecciones o cambios cruciales. Después de todo esto, pensar que Armenia puede tener durante otros cinco años el mismo elenco gobernante sería, cuanto menos, ingenuo. Y sin embargo, parece que nuestro pueblo, incluida su parte politizada, representada tanto por la oposición actual como por el oficialismo, tiene esa ingenuidad. Una de sus expresiones es precisamente la presentación ante el Tribunal Constitucional de los recursos de impugnación de los resultados electorales: tan absortos estamos en nuestras disputas internas que casi no advertimos lo que ocurre a nuestro alrededor.
¿Qué escenario se abre el 4 de julio, cuando el Tribunal Constitucional publique su decisión sobre la admisibilidad de los recursos presentados? Dos de sus magistrados no participarán en el examen por conflicto de intereses: Vladímir Vardanian, ex militante del partido oficialista Contrato Civil, y Artak Zeinalian, ex miembro del partido República. Los siete restantes examinan los recursos presentados por siete fuerzas políticas —agrupados en un único expediente— que solicitan la anulación de los resultados electorales y, en algunos casos, la convocatoria a una segunda vuelta. El magistrado ponente es el vicepresidente del Tribunal, Edgar Shatirian; las partes demandadas son la Comisión Electoral Central, el Ministerio del Interior, el Comité Anticorrupción y la Fiscalía. La audiencia se inicia este 26 de junio; para que una resolución sea válida se requieren cinco votos a favor.
En caso de que se anule la decisión de la Comisión Electoral Central, los escenarios probables son dos: convocar a una segunda vuelta o establecer un nuevo mecanismo de distribución de bancas.
Sin entrar en el análisis jurídico, examinemos qué le conviene a quién.
Si se convoca una segunda vuelta, eso no beneficia en modo alguno a los bloques opositores en las circunstancias actuales. La situación de presión y represalia que ejerce el oficialismo —como lo ilustra la detención preventiva de Avetik Chalabian, coordinador de la iniciativa Hayakve, acusado de obstruir el ejercicio del voto— impedirá que quienes votaron a la oposición por distintas motivaciones repitan ese voto. Los porcentajes de las dos principales fuerzas opositoras —dejamos de lado a Armenia Próspera— caerán en forma considerable; quedarán únicamente sus simpatizantes más convencidos. En cuanto al oficialismo, también podría registrar algún retroceso, ya que el clima general de desgaste ahuyentará a ese elector que fue a votar simplemente para ejercer su derecho y marcó al partido gobernante únicamente porque no quiere un regreso al pasado, pero que no está lo suficientemente convencido de su elección como para repetirla. En cualquier caso, sobre el fondo de una caída general de la participación, la ventaja porcentual del oficialismo sobre la oposición crecería, y la oposición estaría así facilitando que el partido Contrato Civil alcance la mayoría constitucional.
¿Será acaso por eso que nuestros opositores recurrieron al Tribunal, movidos por un impulso patriótico, para que quienes gobiernan el país no se sientan débiles e inseguros ante el mundo exterior, y conviertan ese cincuenta por ciento aproximado en cincuenta y uno para enfrentar desde una posición más firme las bravatas rusas y dar la cara ante la suave presión occidental? ¡Vaya, qué oposición tan proestatista la que hemos tenido sin saberlo!
El otro escenario —un nuevo mecanismo de distribución de bancas beneficiaría al oficialismo de una manera difícil de prever; ni imaginamos quiénes ingresarían al Parlamento en lugar de los actuales. Y si los resultados se mantienen tal como están, eso no satisface ni al oficialismo ni a la oposición: el primero no tendrá mayoría constitucional (los dos tercios del Parlamento necesarios para reformar la Constitución) y recibirá presiones de todos lados; la oposición seguirá en el poder hablando interminablemente de recursos administrativos y fraude, y después de eso le dará vergüenza asumir sus bancas.
En todo caso, el recurso ante el Tribunal Constitucional ya es, para la oposición, una coartada para justificar la decisión de asumir sus mandatos —en cualquiera de los dos escenarios posibles— y, sobre todo, una maniobra para ganar tiempo: permite que sus bases se acostumbren a la idea de aceptar las bancas y trabajar cinco años como oposición parlamentaria. Así al menos podrán justificarse: «¿Qué más podíamos hacer? Fuimos al TC». Y en caso de una segunda vuelta con el resultado descripto, tendrán el argumento de que se vieron obligados a asumir igual.
Olvídense de movilizar las calles: nadie va a congregarse durante mucho tiempo más.
A esto se suma que el oficialismo, de aquí a que el Tribunal Constitucional publique su fallo, no se cruzará de brazos: intensificará en la televisión pública la difusión de las grabaciones sobre compra de votos, y recibirá una nueva dosis de respaldo externo el primero de julio, con la visita a Ereván de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el comisario de ampliación Marta Kos y otras autoridades europeas que estuvieron recientemente en la capital armenia con motivo de la cumbre de la Comunidad Política Europea.
Es decir: hasta que el TC publique su resolución, Ereván vivirá una efervescencia comparable a la de la campaña electoral.
Sin fanatismos particulares, estimada oposición: todas sus acciones quiéranlo o no, lo comprendan o no, conducen ahora mismo a consolidar las posiciones del oficialismo. Les quedará el placer de liberar vapor en el formato parlamentario, blindándose con los contragolpes del poder, a costa de los nervios de todos nosotros.
Hay algo, sin embargo, que importa más que todo esto. El hecho de que, a pesar de todo, nuestra sociedad sí extrae conclusiones de las elecciones. Primero: todos vieron que, independientemente de la disposición pacífica del lado armenio, Azerbaiyán sigue reclamando nuestros territorios, llegando incluso a vincular los resultados de nuestras elecciones con sus aspiraciones, y nuestro pueblo comprendió una vez más que el discurso de la «Azerbaiyán Occidental» debe enfrentarse con todos los medios disponibles, y que ese es el desafío más importante que tiene Armenia por delante.
Y segundo: que Armenia necesita nuevas fuerzas políticas. Las existentes ya no son viables; se sostienen sobre el dinero, y lo que necesitamos ahora es una oposición de otra calidad. Hace años que escribo sobre el hecho de que el sistema político armenio es un círculo cerrado en el que el poder se transfiere entre los mismos actores, impidiendo la surgimiento de nuevas fuerzas. ¿Hacían falta unas segundas elecciones del mismo tenor para que muchos comprendieran que este espacio político ha agotado su potencial ideológico, y que se ha abierto lugar para nuevas palabras, nuevos pensamientos y nuevas ideas? Se necesitan aagendas de cambios sistémicos y nuevas fuerzas que la lleven adelante.
