A medida que se acercan las elecciones en Armenia, el panorama político se llena cada vez más de debates sobre si las distintas fuerzas políticas están bajo la influencia de diversos centros políticos externos. Se trata, en cierto sentido, de un fenómeno natural y esperable: en cualquier país, especialmente en los Estados pequeños, los actores globales tienen intereses permanentes, y estos intereses suelen expresarse a través de fuerzas políticas locales que se alinean con sus agendas.

Como resultado, en los últimos días ha surgido un debate bastante acalorado sobre qué fuerzas políticas en Armenia son consideradas prorrusas y cuáles prooccidentales. Estas clasificaciones se utilizan con frecuencia como herramienta para influir en la opinión pública y orientar las decisiones de los votantes en una determinada dirección.

Por ejemplo, el partido gobernante suele enfatizar que ciertas fuerzas opositoras mantienen vínculos más estrechos o reciben influencia de Rusia, mientras presenta su propio curso político como más proeuropeo y orientado hacia la integración con Occidente. A su vez, la oposición formula acusaciones similares pero en sentido contrario, señalando que las autoridades dependen excesivamente de potencias externas o que sirven a agendas foráneas.

En realidad, este tipo de etiquetamiento es una herramienta habitual de la comunicación política, pero no siempre ofrece un panorama completo u objetivo de las posiciones reales de cada fuerza en materia de política exterior. De este modo, se han consolidado ciertas percepciones entre los votantes armenios: las autoridades han logrado instalar el relato de que, en caso de derrota, Armenia se convertiría en una gobernación rusa, mientras que la oposición sostiene que, si el partido gobernante es reelegido, Armenia se transformaría en un vilayet turco.

Sin embargo, la realidad no es, naturalmente, tan simple como se la presenta. La mayor parte de la responsabilidad recae sobre las autoridades, ya que en última instancia es el gobierno quien debe generar un clima de unidad y tolerancia cívica que, en el caso de Armenia, hoy no existe.

En cuanto a la oposición, en los últimos años no ha logrado relacionarse adecuadamente con las autoridades y las fuerzas políticas de la Unión Europea y los Estados Unidos, por lo que prácticamente no recibe respaldo de los actores occidentales. Esto es, en términos generales, responsabilidad de la propia oposición, y no es necesario profundizar más en este punto.

Es sumamente importante comprender cómo las autoridades se posicionan como una fuerza política prooccidental, orientada hacia Europa, defensora de la integración europea y del fortalecimiento de los lazos con el continente, mientras acusan periódicamente a Rusia de llevar adelante una guerra híbrida contra Armenia y su gobierno. Sin embargo, la realidad es que desde 2018, las autoridades armenias no han adoptado ninguna medida seria contra los intereses vitales de Rusia en el Cáucaso Sur ni en Armenia.

No se han distanciado de manera significativa de la Unión Económica Euroasiática (UEE) ni de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC). Una base militar rusa continúa operando en territorio armenio. La central nuclear armenia, bajo control ruso, sigue en funcionamiento. Rusia es el principal socio comercial de Armenia, con un intercambio que alcanza miles de millones de dólares anuales. Al mismo tiempo, Rusia alberga la mayor diáspora armenia del mundo, cuyo tamaño es casi equivalente a la población actual de Armenia.

En consecuencia, las expectativas de que el objetivo primordial de Armenia sea desvincularse de la influencia rusa y aproximarse a Europa son, cuanto menos, incompatibles con la realidad, y semejantes transformaciones no pueden concretarse en las condiciones actuales. Los relatos que las autoridades han instalado en el debate político interno, que son una fuerza proeuropea que conduce a Armenia hacia Europa y que se celebrará un referéndum sobre la adhesión a la Unión Europea, resultan, al menos en esta etapa, sorprendentes, dado que por el momento no existe ninguna posibilidad, ni teórica ni práctica, de que se lleven a cabo.

Por lo tanto, estos debates en el ámbito político interno son falsos. No se corresponden con la realidad: constituyen un intento de engañar a la ciudadanía durante el período preelectoral con el fin de perpetuar el poder político por otros cinco años.