El genocidio armenio es una herida abierta que interpela al presente.
Cada 24 de abril, el pueblo armenio —disperso por todos los continentes, desde Ereván hasta Buenos Aires— alza su voz para recordar, para nombrar, para resistir el olvido.
Hoy se cumplen 111 años del inicio del Genocidio armenio: la deportación y exterminio sistemático de aproximadamente 1.500.000 armenios a manos del Imperio Otomano.
Un crimen que marcó para siempre la historia de la humanidad y que sigue siendo, en ciertos foros internacionales, una verdad incómoda.
El 24 de abril de 1915, las autoridades otomanas arrestaron y ejecutaron a cientos de intelectuales y líderes armenios en Constantinopla. Ese día inauguró una maquinaria de destrucción: deportaciones masivas, masacres, marchas de la muerte e inanición deliberada. La intención no era desplazar a un pueblo: era borrarlo.
Ese plan sistemático y deliberado cumple, sin ambigüedad, la definición jurídica y moral de genocidio.
“Un crimen sin nombre alienta a otros a cometer el mismo crimen.”
La advertencia, atribuida a Rafael Lemkin —quien acuñó precisamente la palabra “genocidio”, inspirado entre otros casos, por el exterminio del pueblo armenio—, conserva toda su vigencia. La negación es la última fase del genocidio. Mientras el Estado turco continúe rechazando el reconocimiento oficial, el crimen permanecerá incompleto en su resolución histórica. Y la impunidad, sabemos, es siempre una invitación a la repetición.
Para la comunidad armenia —en Argentina y en toda la diáspora—, este aniversario tiene una dimensión particular. Somos descendientes de sobrevivientes. Nuestros abuelos y bisabuelos llegaron a estas costas con lo puesto, sin idioma, sin documentos, cargando solo la memoria de lo que habían perdido y la voluntad de reconstruir una vida.
Fundaron instituciones, iglesias, escuelas... No pidieron lástima: pidieron justicia.
Hoy, 111 años después, esa justicia sigue pendiente en los planos diplomático y judicial. Pero en el plano de la memoria, la batalla está avanzando. Más de treinta países —entre ellos Argentina, Francia, Estados Unidos, Uruguay y el Vaticano— han reconocido oficialmente el genocidio. Cada reconocimiento es un ladrillo en el muro contra el negacionismo; cada ley que lo consagra, un acto de reparación simbólica hacia las víctimas y sus descendientes.
El reconocimiento no es un gesto retórico ni un capricho político: es un imperativo ético. Porque si la historia no puede llamar por su nombre a lo que ocurrió en 1915, ¿cómo puede el presente juzgar con claridad los crímenes de masa que siguen ocurriendo?. Recordarlo no es solo un acto hacia el pasado, sino también una advertencia frente a las violencias del presente.
Sin embargo, sería deshonesto detenerse allí.
El reconocimiento es la puerta; la reparación es lo que hay detrás de ella. La experiencia del Holocausto lo ilustra con claridad: Alemania asumió obligaciones concretas —económicas, institucionales, simbólicas— precisamente porque primero reconoció su responsabilidad de manera inequívoca. Sin ese paso previo, ninguna compensación es exigible como obligación jurídica. Pero un reconocimiento que no abre paso a ningún proceso reparatorio corre el riesgo de convertirse, con el tiempo, en una absolución barata: el mundo llama al crimen por su nombre, y el Estado perpetrador queda eximido de toda consecuencia. Armenia perdió vidas, pero también perdió tierras, bienes, patrimonio e historia. Una justicia integral exige restitución, indemnización e garantías de no repetición. El reconocimiento es urgente e irrenunciable, pero no puede ser el punto de llegada: debe ser el punto de partida.
En este 24 de abril, desde Sardarabad, renovamos nuestro compromiso irrenunciable.
Recordamos a cada una de las víctimas.
Honramos a quienes sobrevivieron y a quienes reconstruyeron comunidad desde las cenizas.
Exigimos el reconocimiento pleno e incondicional por parte del Estado turco.
Y afirmamos, con la misma convicción que nos fundó, que la memoria no es nostalgia: es un acto de justicia.
No olvidaremos. No perdonaremos el olvido.