Así comenzó el fascismo, el nazismo, el comunismo: del autoritarismo suave al totalitarismo brutal, y todo en nombre del pueblo.

En la historia, ningún régimen comenzó de golpe con tanques, campos de concentración o una dictadura cerrada.

Todos comenzaron con un pequeño paso, aparentemente insignificante a primera vista: cuando el Estado empieza a decidir qué se puede pensar, qué se puede decir y sobre qué temas no se puede hablar.

Cuando el poder comienza a definir, según sus propios intereses, el perímetro de las ideas permitidas y prohibidas, es en ese preciso momento cuando nace el peligroso fenómeno político que la historia luego llamó fascismo. Las declaraciones de estos últimos días, realizadas por el Primer Ministro de Armenia, no revelan posiciones políticas aisladas, sino un cambio profundo en la mentalidad del Estado.

Ha declarado que:

1. La nueva Constitución no debe contener ninguna referencia a la Declaración de Independencia de Armenia, porque "está fundada en la lógica del conflicto".

2. Ha admitido públicamente que fue él quien "solicitó" la renuncia del director del Museo-Instituto del Genocidio Armenio, luego de que este obsequiara al vicepresidente de los Estados Unidos un libro sobre Artsaj, lo que el Primer Ministro calificó de "acto provocador".

Estas dos declaraciones pueden parecer distintas, pero en realidad están construidas sobre la misma lógica política: la resignificación de los fundamentos del Estado.

Si el documento fundacional del Estado es presentado como fuente de conflicto, se está proponiendo de hecho abandonar las bases políticas e históricas sobre las que se construyó la independencia estatal de Armenia.

La Declaración de Independencia de Armenia no es simplemente un texto histórico. Es el documento fundamental de la identidad estatal, que define los cimientos ideológicos y axiológicos de la condición de Estado armenio. Renunciar a ese documento no significaría un mero cambio técnico constitucional, sino una reformulación de la identidad del Estado, algo que Azerbaiyán, su beneficiario directo y dictador político de esta agenda, ha reclamado en reiteradas ocasiones.

Pero aún más llamativa es la segunda declaración formulada en esa misma conferencia de prensa. Cuando el Primer Ministro de un país afirma públicamente que, a "pedido" suyo, renunció el director del Museo del Genocidio Armenio, surge no solo un problema político, sino institucional. El museo-instituto no es un organismo estatal, sino una estructura con estatuto de fundación, cuyo director no es un funcionario subordinado al Primer Ministro. Esto significa que dicho funcionario no está bajo la subordinación administrativa directa del gobierno.

De aquí surge una pregunta fundamental:

¿Cómo es posible que el Primer Ministro declare públicamente que, por exigencia o pedido suyo, renuncia alguien que jurídicamente no le está subordinado? Hay miles de personas en esa situación en nuestro país.

Desde el punto de vista de la ciencia política, esto ya no es gobernanza institucional, sino una expansión de la voluntad del poder más allá de los límites de las instituciones estatales. Este fenómeno se describe en la teoría política como poder voluntarista: cuando las decisiones no se basan en la competencia institucional, sino en la voluntad política subjetiva del poder, en el dictado administrativo.

Pero aún más peligrosa es la cadena ideológica que se configura en la lógica de estas declaraciones:

1. Si se afirma que el tema o la idea de Artsaj está construido "sobre la lógica del conflicto", de ello se desprende que hablar de Artsaj o mantener esa idea en el discurso público se considera un factor de prolongación del conflicto y que el habitante de Artsaj que aspira al restablecimiento de sus derechos naturales es visto como instigador del conflicto.

De ahí se desprende lógicamente el siguiente paso:

2. Si la idea de Artsaj se equipara con la guerra, entonces quienes portan y expresan esa idea serán presentados como portadores e instigadores de la lógica de guerra.

Y de ahí surge el tercer eslabón:

3. Si una persona, un actor público o incluso un sector social es presentado como portador de la lógica bélica, puede ser visto como una amenaza potencial para la seguridad nacional. Y quienes representan una amenaza para la seguridad nacional son contemplados, según la lógica de los sistemas de seguridad del Estado, como sujetos pasibles de control, aislamiento y restricción.

En este punto, la cadena ideológica alcanza una conclusión sumamente peligrosa:

4. La idea comienza a criminalizarse, y sus portadores pueden ser presentados como un desafío a la seguridad, no solo privados de sus cargos, sino expulsados del espacio público y aislados.

La manifestación práctica y preliminar de esta lógica es precisamente lo que le ocurrió al director del Museo-Instituto del Genocidio Armenio. Cuando el director obsequia al vicepresidente de los Estados Unidos un libro sobre Artsaj, y a continuación el Primer Ministro declara que eso es una provocación, es ahí donde se aplica este mecanismo ideológico.

El acto no se evalúa como un gesto científico, cultural o académico, sino como una conducta políticamente inaceptable.

El problema ya no es el libro.

El problema es que ciertos temas comienzan a ser considerados ideas y acciones permitidas o prohibidas.

Desde el punto de vista de la ciencia política, esto recuerda a los modelos políticos en los que el Estado comienza a dividir a la sociedad no en ciudadanos, sino en grupos ideológicamente tolerados e ideológicamente inaceptables.

Cuando la política ideológica del Estado llega al punto en que alzar la voz sobre ciertos temas nacionales puede ser catalogado como "provocación" o "problema de seguridad nacional", se están configurando los peligrosos antecedentes que la historia ha descrito reiteradamente como la fase inicial del fascismo ideológico.

En ese modelo, lo peligroso no es solo el uso de la fuerza, sino ante todo el control sobre el pensamiento y las ideas. Porque es precisamente desde ese momento que la sociedad se divide, ya no según posiciones políticas, sino según espacios de pensamiento y acción permitidos o inaceptables.

Cuando el poder comienza a decidir qué fragmento de la memoria nacional, la historia o la identidad es "permitido" y cuál es "provocador", el Estado se aparta gradualmente de la lógica de una sociedad abierta y plural.

Hoy vemos solo los primeros brotes de este fenómeno. La historia demuestra que si tales fenómenos no son detenidos a tiempo, se convierten muy rápidamente en extremismo ideológico y, luego, también en extremismo estatal.

Por lo tanto, el problema no es una sola declaración, ni una sola renuncia, ni un solo episodio político. El problema es que esta lógica, si no se detiene a tiempo, conduce inevitablemente al mismo camino por el que transitaron numerosas sociedades.

Ese camino tiene en la historia una formulación muy simple:

Así comenzó el fascismo.