El líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, habría sido asesinado tras ataques lanzados por Estados Unidos y Israel.
Dos meses antes, Estados Unidos, mediante una operación militar, secuestró al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Si estos hechos se consolidan como precedentes, estaremos ante una señal inequívoca de que las relaciones internacionales han ingresado en una fase de descomposición sistémica. Las acciones dirigidas contra los máximos dirigentes de Estados soberanos, ejecutadas sin mandato de la Organización de las Naciones Unidas y al margen de procedimientos universalmente reconocidos por el derecho internacional, dejan de ser excepciones extraordinarias para convertirse en un instrumento político normalizado dentro de la lógica del uso abierto de la fuerza.
Una operación contra un jefe de Estado no es un episodio táctico más: implica la neutralización física o política de la soberanía de un país. Supone trasladar el conflicto a un nivel cualitativamente distinto, donde el objetivo ya no es influir o contener, sino alterar directamente la estructura del poder estatal.
Cuando tales acciones no reciben una respuesta internacional proporcional, el silencio o la mera condena retórica pueden interpretarse como una forma de legitimación indirecta.
Aunque el sistema internacional conserva una arquitectura jurídica formal, la capacidad de la Organización de las Naciones Unidas y de los tribunales internacionales para hacer cumplir sus decisiones depende, en última instancia, de la voluntad política de los Estados más poderosos. Cuando esta voluntad no existe, el derecho queda subordinado a la lógica del poder. Las resoluciones pueden ser jurídicamente vinculantes; su ejecución, en cambio, es selectiva y condicionada por el equilibrio geopolítico.
En este contexto, emerge una realidad amarga pero evidente: el único factor de disuasión plenamente efectivo en el sistema internacional contemporáneo es la posesión de armas nucleares. Los Estados que disponen de esta capacidad adquieren un grado significativo de inmunidad estratégica, independientemente de su comportamiento político.
La política de la administración de Donald Trump lo evidenció con claridad. Pese a la retórica confrontativa, Washington evitó un enfrentamiento militar directo con Corea del Norte, consciente de las consecuencias de una escalada nuclear. Del mismo modo, Estados Unidos se ve obligado a negociar con Rusia y China como actores estratégicos en condiciones de paridad, precisamente porque se trata de potencias nucleares.
Se configura así un orden internacional de facto dividido en dos categorías: Estados con escudo nuclear y Estados sin él. Para estos últimos, la soberanía se vuelve relativa y la seguridad, condicional.
Esta transformación resulta especialmente peligrosa para los Estados pequeños y medianos. Aquellos países cuya seguridad descansaba en el derecho internacional, la mediación diplomática y el sistema multilateral quedan en una posición de creciente vulnerabilidad. Cuando las reglas pierden eficacia, es la correlación de fuerzas la que determina la seguridad, y la soberanía pasa a depender de cálculos estratégicos ajenos.
Cuando la única “línea roja” real es el arma nuclear, el mundo se instala en un equilibrio inestable donde la paz no se sostiene en normas compartidas, sino en el miedo recíproco.
Al mismo tiempo, esta dinámica puede convertirse en un incentivo para la proliferación nuclear. Si la experiencia demuestra que solo la capacidad atómica garantiza inmunidad estratégica, numerosos Estados podrían concluir que deben aspirar a ella. Países como Arabia Saudita, Turquía o Egipto podrían acelerar sus ambiciones estratégicas, abriendo una nueva fase de escalada e inestabilidad global.
Nos encontramos, así, ante un mundo en el que el orden ya no descansa en normas universalmente aceptadas, sino en la disuasión y el temor. Un mundo donde la legalidad subsiste formalmente, pero la fuerza tiende a imponerse como principio rector de la política internacional.
