El pasado 6 de febrero, Su Santidad Karekin II, Patriarca Supremo y Katolikos de Todos los Armenios, recibió en audiencia a los capellanes militares cuyo servicio en las Fuerzas Armadas de Armenia fue cancelado el 1 de febrero por orden del Ministro de Defensa, Suren Papikian.
Durante el encuentro, Su Santidad expresó su valoración y bendición paternal a los padres espirituales, manifestando su gratitud por el servicio dedicado que brindaron en favor de la formación de una atmósfera espiritual y moral saludable en el ejército armenio, fortaleciendo la fe de los soldados, el amor a la patria y el espíritu combativo.
En el marco de la reunión, el Katolikos de Todos los Armenios también realizó nuevas designaciones de servidores espirituales, exhortando a los sacerdotes a continuar su misión salvadora de almas con la misma devoción y espíritu comprometido en sus nuevos lugares de servicio.
Contexto: La disolución del servicio de capellanía militar
La decisión del ministro Papikian de disolver el Servicio Espiritual de las Fuerzas Armadas —establecido en 1997 por iniciativa conjunta del difunto Katolikos Karekin I y el entonces Ministro de Defensa Vazken Sarkisian— ha generado una profunda controversia en Armenia.
De los 42 capellanes que servían en unidades militares, solo cuatro permanecieron en servicio activo tras aceptar unirse al movimiento de "reforma eclesiástica" impulsado por el Primer Ministro Nikol Pashinian. Los restantes 35 sacerdotes y diáconos nombrados por la Santa Sede de Echmiadzin, fueron devueltos a la Santa Sede tras negarse a sumarse a la campaña gubernamental contra el Katolikos Karekin II. Además, tres diáconos que estaban realizando su servicio militar obligatorio permanecerán en el ejército hasta completar sus dos años de conscripción.
Según testimonios de capellanes, fueron presionados por altos funcionarios militares durante reuniones en enero para que se unieran al movimiento contra el líder de la Iglesia Apostólica Armenia. El diácono Artur Kevorkian denunció públicamente que en una reunión con Papikian y el Jefe General del Estado Mayor, teniente general Eduard Asrian, se les ofreció aumentos salariales a cambio de su adhesión a la campaña.
Reacciones y denuncias legales
El abogado de la Iglesia, Ara Zohrabian, calificó la decisión como ilegal, señalando que la ley sobre las relaciones entre la República de Armenia y la Iglesia Apostólica Armenia garantiza a la Iglesia el derecho a mantener representantes espirituales permanentes en las unidades militares. Además, el estatuto del Servicio Espiritual del año 2000 establece que no puede ser disuelto sin el consentimiento del Katolikos.
El sacerdote Psak Mkrtchian, capellán militar durante décadas, advirtió que la ausencia del clero tendrá consecuencias que solo el tiempo revelará. "Los soldados, oficiales y el ejército mismo enfrentan una pérdida de apoyo espiritual", señaló, destacando que el liderazgo espiritual no era meramente ceremonial sino central para la moral de los soldados, la prevención de suicidios y la orientación ética, incluso en zonas de conflicto como Artsaj.
Tensiones crecientes entre la Iglesia y el Estado
Esta medida se enmarca en la campaña sostenida que el gobierno de Pashinian viene desarrollando desde mediados de 2025 contra la Iglesia Apostólica Armenia y el Katolikos Karekin II. El Primer Ministro ha exigido públicamente la renuncia del líder eclesiástico, realizando acusaciones personales que la Iglesia considera infundadas y difamatorias.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) expresó la semana pasada su "profunda preocupación" por la escalada del conflicto entre el gobierno armenio y el liderazgo eclesiástico. Organizaciones internacionales como Christian Solidarity International y el Foro Europeo para la Libertad Religiosa (FOREF Europa) han condenado lo que describen como una intervención sin precedentes del gobierno armenio en los asuntos de la Iglesia, advirtiendo que tales acciones amenazan la independencia de la Iglesia y, por extensión, la identidad nacional de Armenia.
En una nación donde más del 90% de la población se declara fiel a la Iglesia Apostólica Armenia —una institución con más de 1.700 años de historia— estas medidas gubernamentales representan no solo un conflicto institucional sino un desafío a uno de los pilares fundamentales de la identidad armenia.
