Presidido por Su Santidad Karekin II, Patriarca Supremo y Katolikós de Todos los Armenios, el 18 de diciembre se celebró en la Santa Sede de Echmiadzín el encuentro de los miembros residentes en Armenia del Consejo Espiritual Supremo.

El Consejo analizó la presión ejercida contra la Santa Sede, la conducta desviada de diez obispos y las consecuencias divisorias que ello ha generado, así como posibles vías para superar la situación que afecta a la Iglesia.

Uno de los puntos centrales fue el examen de las persecuciones y procesos judiciales irregulares dirigidos contra clérigos y fieles. El Consejo reiteró su exigencia a las autoridades judiciales y policiales de Armenia para que se garantice la justicia y la legalidad respecto de los clérigos, benefactores nacionales y devotos armenios detenidos bajo acusaciones infundadas. Se enfatizó que la Santa Sede debe emplear todos los medios legales disponibles para proteger los derechos de la Iglesia y de sus ministros, así como para lograr la restitución de los santuarios usurpados.

El Consejo consideró inadmisible la injerencia del Gobierno —incluido personalmente el Primer Ministro— en la vida interna de la Iglesia Armenia y en sus normas canónicas. Señaló que tales intervenciones contravienen la Constitución, ofenden la sensibilidad religiosa del pueblo y vulneran los derechos y tradiciones consagradas de la Iglesia.

También se abordó la omisión forzada de los nombres del Katolikós y del obispo diocesano durante celebraciones litúrgicas en presencia del Primer Ministro. Esta práctica había sido condenada unánimemente por el Sínodo Episcopal del 26 de noviembre por ser anticanónica y potencialmente conducente al cisma. El Consejo expresó su sorpresa por la participación de algunos obispos —que antes habían apoyado la condena— en ceremonias distorsionadas organizadas por el Gobierno.

Respecto a la conducta de los diez obispos, su autoaislamiento y la ausencia reiterada de algunos miembros en las reuniones, el Consejo manifestó profunda preocupación por la postura divisoria adoptada. Calificó esta actitud como una violación de su voto espiritual y un atentado contra la unidad de la Iglesia. Asimismo, consideró inaceptables las acusaciones infundadas difundidas por dichos obispos, instándolos a abandonar agendas impuestas y anticánonicas y a regresar al seno de la Iglesia Madre, siguiendo únicamente los procedimientos canónicos legítimos.

Dada la situación crítica y perjudicial para la Iglesia y su feligresía en todo el mundo, el Consejo estimó urgente convocar próximamente un Sínodo Episcopal, emitiendo para ello las instrucciones pertinentes.

Se presentó además la propuesta de intensificar la cooperación con organismos internacionales y entidades de derechos humanos para contrarrestar las percepciones erróneas difundidas por la maquinaria estatal de propaganda en torno a la situación de la Iglesia.

Los participantes expresaron su reconocimiento al clero que, en estos momentos difíciles, ha demostrado fidelidad a la Iglesia, afrontando las pruebas con valentía, fe y unidad. El Consejo exhortó a los pastores a fortalecer a los fieles mediante una adecuada información, invitando a la comunidad a evitar actitudes que puedan dañar la unidad eclesial.

Finalmente, el Consejo se refirió a los disturbios provocados en el recinto de la Catedral Madre antes de la reunión, motivados por una concentración de obispos. Condenó estas acciones ilegales, que alteraron el clima espiritual del monasterio, y expresó su agradecimiento al pueblo creyente, que, pese a las provocaciones, mostró vigilancia, devoción y lealtad hacia la Iglesia.