“Instamos a la fuerza política gobernante a detener la campaña ilegal contra la Iglesia y a comprometerse a superar los graves problemas que enfrenta el país”, se lee en un comunicado emitido por la Santa Sede. “A la vez, hacemos un llamado a los organismos y funcionarios estatales pertinentes para que tomen todas las medidas legales necesarias para prevenir este acto ilegal”.

Grupos de la oposición armenia y figuras públicas prominentes críticas con el gobierno condenaron los planes declarados de Pashinian con mayor firmeza. También instaron a sus partidarios a estar listos para acudir a Echmiadzin y proteger al líder supremo de la Iglesia armenia.

Si bien expresó su celo por proteger el centro espiritual de todos los armenios, la iglesia no instó explícitamente a que se prepararan para tal acción. Su declaración decía: «Llamamos a nuestro pueblo a no ceder a las provocaciones de las autoridades, a mantenerse vigilantes y prudentes, y a unirse con fe y espíritu de oración para afrontar las dificultades actuales».

Pashinian ya amenazó el 26 de junio con expulsar por la fuerza a Karekin II de Echmiadzin si el Katolikós seguía ignorando sus exigencias. Las fuerzas de seguridad allanaron la Santa Sede Madre por la mañana siguiente en un intento de arrestar al arzobispo Michael Achabahian, un crítico declarado del primer ministro. Sin embargo, no lo lograron tras encontrarse con la férrea resistencia de cientos de sacerdotes y laicos indignados.

Achabahian se entregó a los investigadores varias horas después del allanamiento sin precedentes. Fue acusado de incitar a un cambio de régimen violento, una acusación que él y otros críticos de Pashinian rechazan por considerarla motivada políticamente.

A principios de este mes, el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) expresó su profunda preocupación por la campaña de Pashinian. La organización con sede en Suiza, que reúne a 352 iglesias ortodoxas y protestantes de todo el mundo, instó al gobierno armenio a abstenerse de acciones o declaraciones que socaven los principios de la libertad religiosa, el debido proceso y el ejercicio pacífico de la fe.