Bajo la presidencia de Su Santidad Karekin II, Sumo Patriarca y Katolikós de Todos los Armenios, se realizó del 15 al 17 de septiembre en la Santa Sede de Etchmiadzin la sesión ordinaria del Consejo Espiritual Supremo. Las sesiones fueron conducidas por el arzobispo Nathan Hovhannisian, presidente del Consejo Monástico.

Participaron también el arzobispo Aram Ateshian, representante del Patriarcado Armenio de Constantinopla, y el obispo Teodoros Zakarian, inspector del Departamento de Finanzas del Patriarcado Armenio de Jerusalén.

El doctor en Derecho Gevorg Danielian y el doctor en Derecho Ara Zohrabian presentaron informes sobre los problemas existentes en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, así como sobre los procesos penales y otras actuaciones judiciales que involucran a la Iglesia y a miembros del clero.

Los participantes analizaron las iniciativas legislativas debatidas en la Asamblea Nacional y las disposiciones referidas a la Iglesia Apostólica Armenia incluidas en el programa de gobierno.

Durante las exposiciones se denunciaron prácticas administrativas consideradas discriminatorias, obstáculos al desarrollo de la misión de la Iglesia y distintas formas de presión contra miembros del clero. Asimismo, se analizaron los mecanismos jurídicos nacionales e internacionales disponibles para la protección de los derechos de la Iglesia y las acciones previstas en ese sentido.

El Consejo Espiritual Supremo consideró inaceptable lo que calificó como una política continuada de injerencia de las autoridades en la vida interna de la Iglesia, acompañada —según señaló— por medidas de presión, persecución y restricciones mediante mecanismos estatales.

El organismo sostuvo que esas actuaciones vulneran las garantías constitucionales de autonomía de la Iglesia y de libertad de conciencia y de religión de los fieles. Asimismo, condenó lo que considera una afectación del estatus constitucional de la Iglesia Apostólica Armenia y reclamó la eliminación de los obstáculos que dificultan el normal ejercicio del ministerio religioso.

El obispo Musheg Babaian, director del Departamento Administrativo-Económico de la Santa Sede, informó sobre lo que describió como obstáculos artificiales generados por organismos estatales y administraciones locales para el normal funcionamiento de Etchmiadzin. Entre ellos mencionó rechazos injustificados en trámites relacionados con programas benéficos y educativos, el registro de derechos de propiedad y la concesión de permisos de construcción.

Los participantes analizaron posibles vías para resolver estas cuestiones y proteger los derechos de la Santa Sede. Según el Consejo, la obstrucción de programas pastorales, educativos y benéficos perjudica intereses de alcance nacional, particularmente la formación de las nuevas generaciones y el pleno desarrollo de la misión de la Iglesia.

El arzobispo Nathan Hovhannisian y Ara Zohrabian presentaron además informes sobre la actualización de los documentos estatutarios que regulan la vida interna de la Iglesia. Tras debatir las propuestas, el Consejo dispuso continuar ese trabajo de acuerdo con los principios canónicos y las tradiciones de la Iglesia Armenia.

Por su parte, el archimandrita Husik Smbatian, decano del Seminario Teológico Guevorkian, informó sobre las actividades de las instituciones espirituales y educativas de la Santa Sede, con especial referencia a la captación de nuevos aspirantes, el mejoramiento de la calidad académica y la ampliación del cuerpo docente.

El Consejo subrayó la importancia de formar clérigos capacitados y comprometidos, y señaló la necesidad de perfeccionar los programas y métodos de enseñanza, fortalecer el cuerpo docente y profundizar la preparación teológica y pastoral de los seminaristas.

El obispo Zakaria Baghumian, director del Centro de Educación Cristiana de la Santa Sede, presentó por su parte los avances en la elaboración de una guía destinada a los pastores para organizar la educación cristiana en las comunidades, establecer un sistema unificado de escuelas dominicales y desarrollar programas y materiales educativos.

El Consejo recibió favorablemente el informe y encomendó trabajar junto con las diócesis y los pastores para ampliar la actividad de las escuelas dominicales y fomentar una mayor participación de niños y jóvenes en los programas espirituales y educativos.

Durante las sesiones se trataron asimismo otras cuestiones relacionadas con la actividad de las diócesis y con el fortalecimiento de la misión de la Iglesia.

La reunión concluyó con las palabras de bendición y reconocimiento de Karekin II, Katolikós de Todos los Armenios.

Contexto

La reunión tuvo lugar en momentos de una profunda confrontación entre el gobierno del primer ministro Nikol Pashinian y la jerarquía de la Iglesia Apostólica Armenia, conflicto que se intensificó a partir de 2024 y que durante 2026 adquirió una creciente dimensión judicial e institucional.

Al anunciar esta reunión del Consejo Espiritual Supremo, la propia Santa Sede había señalado que entre los temas de la agenda figuraban los procesos penales y 23 causas judiciales relacionadas con la Iglesia y miembros del clero.

Uno de los principales procesos es el iniciado contra Karekin II y seis obispos y arzobispos integrantes del Consejo Espiritual Supremo, acusados de obstaculizar el cumplimiento de una resolución judicial relacionada con Gevorg Saroian, quien había sido apartado de la conducción de la Diócesis de Masyatsotn y posteriormente reducido al estado laical por decisión eclesiástica.

La Justicia había ordenado provisionalmente su restitución mientras se resolvía el litigio. La posición de la Iglesia es que la designación, remoción o reducción al estado laical de un obispo constituye una cuestión estrictamente canónica y religiosa, sobre la cual los tribunales civiles no tienen competencia. La acusación sostiene, en cambio, que las decisiones adoptadas posteriormente impidieron la ejecución de una resolución judicial vigente.

El 18 de septiembre, un día después de finalizada la reunión del Consejo Espiritual Supremo, se realizó en Vagharshapat una nueva audiencia preliminar. Karekin II y los otros seis acusados no estuvieron presentes y fueron representados por sus abogados.

Durante la audiencia, el abogado Ara Zohrabian solicitó que se ponga fin a la persecución penal y se cierre la causa, al sostener que los hechos atribuidos a la máxima autoridad de la Iglesia no constituyen delito. Subsidiariamente, la defensa pidió que la cuestión sea remitida al Tribunal Constitucional para determinar los límites de la intervención estatal en asuntos internos de la Iglesia.

La próxima audiencia fue fijada para el 30 de octubre, oportunidad en la que el juez Serzh Rushanian deberá pronunciarse sobre las solicitudes formuladas por la defensa.

La confrontación se extiende también al plano político e institucional. El programa de gobierno de Armenia para 2026-2031 incluye expresamente una agenda referida a la Iglesia Apostólica Armenia que contempla el apartamiento del actual Katolikós, la elección de un locum tenens, la adopción de un estatuto para la Iglesia y posteriormente la elección de un nuevo Katolikós. El gobierno sostiene que estas medidas buscan restablecer la “canonicidad”, garantizar transparencia y evitar la politización de la Iglesia, mientras que la jerarquía eclesiástica las considera una injerencia estatal en su autonomía interna.

En este contexto se inscriben también las causas contra los arzobispos Mikael Achabahian y Bagrat Galstanian. La condena dictada anteriormente contra Achabahian por llamados públicos al derrocamiento del gobierno fue anulada el 25 de junio por el Tribunal Penal de Apelación, que ordenó un nuevo juicio y levantó su arresto domiciliario, aunque mantuvo la prohibición de abandonar el país. Galstanian, quien encabezó las protestas antigubernamentales de 2024, permanece sometido a arresto domiciliario mientras continúa el proceso en el que se lo acusa, junto con otras personas, de preparar acciones destinadas a tomar el poder y cometer actos terroristas, acusaciones que él y su defensa rechazan.

Pashinian, por su parte, ha acusado públicamente a sectores de la jerarquía eclesiástica de encabezar un “partido de la guerra” y de mantener vínculos o ser vulnerables a servicios de inteligencia extranjeros. La Iglesia ha rechazado esas acusaciones y sostiene que las actuaciones del gobierno constituyen un intento de someter la institución religiosa al poder político.