Una nueva resolución presentada a la Asamblea Nacional Francesa por los diputados Laurent Wauquiez y Alexandra Martin apoya los esfuerzos de paz de Armenia con Azerbaiyán y exige la liberación de los líderes de Artsaj (Nagorno Karabaj) actualmente detenidos en Azerbaiyán. La resolución, presentada el martes 22 de julio de 2025, también propone el establecimiento de una asociación estratégica entre Francia y Armenia.

Los autores de la resolución destacan el decidido compromiso de Armenia en un proceso de paz con Azerbaiyán tras el fin de las hostilidades en el otoño de 2023, y señalan que Armenia ha buscado la reconciliación de conformidad con el derecho internacional y con un compromiso sincero con la estabilidad regional.

Los autores subrayan que cualquier futuro acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán debe basarse en los principios de soberanía, inviolabilidad de fronteras, no uso de la fuerza, el derecho de las personas desplazadas a regresar y la protección de las minorías étnicas y religiosas.

A pesar de los esfuerzos de paz, la resolución expresa profunda preocupación por la suerte de las poblaciones armenias desplazadas de Artsaj y, más urgentemente, por la situación de los exlíderes políticos, militares y civiles de la región. Estas personas se encuentran actualmente bajo custodia azerbaiyana, presuntamente sin garantías de un juicio justo, en violación de los Convenios de Ginebra y los principios fundamentales del derecho internacional humanitario.

La resolución subraya el papel histórico y político de Francia como amigo cercano de Armenia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y actor clave en la Política Europea de Vecindad. Por ello, Francia tiene la responsabilidad de apoyar los esfuerzos de paz de Armenia y de desarrollar una alianza estratégica con Ereván, basada en valores democráticos compartidos, derechos humanos, seguridad y desarrollo sostenible.

El documento también insta a Francia a pronunciarse con firmeza a favor de la liberación inmediata de los presos políticos de Artsaj, señalando que su continua detención arbitraria se considera una perpetuación del sufrimiento y la injusticia y un obstáculo deliberado a la reconciliación regional.

Pide que se establezca una investigación internacional independiente bajo los auspicios de las Naciones Unidas u otros órganos competentes sobre las condiciones de detención y el trato jurídico de los prisioneros armenios detenidos en Azerbaiyán, e insta a que se rindan cuentas por las violaciones del derecho internacional humanitario.

La resolución argumenta que los juicios en curso contra estos detenidos armenios forman parte de una estrategia más amplia de Azerbaiyán para borrar la existencia misma de Armenia. Esta política, afirma, va más allá del encarcelamiento e incluye la erradicación sistemática de la población armenia de Artsaj y la destrucción del patrimonio histórico, cultural y religioso armenio en los territorios bajo control azerbaiyano.