La Gran Sala del TEDH rechazó el pedido de Bakú para revisar la sentencia en el caso del mayor Haig Doroian, asesinado en 2016 cerca de Talish. Es el primero de más de veinte casos vinculados a la guerra de cuatro días.
El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que declaró a Azerbaiyán responsable de la tortura y el asesinato de un militar armenio durante la Guerra de Abril de 2016 quedó firme. El 2 de noviembre, un panel de cinco jueces de la Gran Sala rechazó el pedido del gobierno azerbaiyano de remitir a esa instancia el caso V. T. y otros contra Azerbaiyán. Con esa decisión, la sentencia dictada el 18 de junio pasado pasó a ser definitiva y de cumplimiento obligatorio.
Así lo informó el equipo de abogados que llevó adelante la causa, integrado por Ara Ghazarian, Haiguhi Harutiunian, Araks Melkonian, Ardag Zeinalian, Hasmig Harutiunian y Siranush Sahagian. “La tortura y el asesinato de un militar herido e indefenso no pueden justificarse con la guerra”, señalaron en un comunicado.
La víctima, identificada por el tribunal con las iniciales H. T., es el mayor Haig Doroian, de 30 años, jefe del servicio de armamento de artillería coheteril de una unidad del Ejército de Defensa de Artsaj con base en Madaghis. El 2 de abril de 2016, mientras trasladaba municiones hacia una posición cercana a la aldea de Talish junto con el conductor Hrant Gharibian, el camión militar en el que viajaban cayó en una emboscada de un grupo de sabotaje azerbaiyano.
Doroian quedó herido y ya no podía moverse ni defenderse por sus propios medios. El tribunal dio por probado que, en ese estado, soldados azerbaiyanos lo torturaron y lo mataron por decapitación. Según el equipo legal, primero decapitaron a Gharibian y luego le cortaron las manos a Doroian antes de decapitarlo con vida.
La Corte constató la violación del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a la vida) y del artículo 3 (prohibición de la tortura).
La demanda fue presentada el 13 de abril de 2016, apenas días después de los hechos, por los padres y la hermana del militar. El tribunal analizó por separado el padecimiento de los familiares: el asesinato brutal, la mutilación del cuerpo y la imposibilidad de recuperar las partes faltantes y darle una sepultura digna les provocaron un sufrimiento psicológico grave y prolongado. Por eso, la Corte reconoció también la violación de sus propios derechos por trato degradante, en los términos del artículo 3.
Azerbaiyán deberá pagar 60.000 euros a los padres en forma conjunta, 30.000 euros a la hermana y algo más de 14.000 euros en concepto de gastos, dentro de los tres meses siguientes a que el fallo quedara firme.
Durante el proceso, Azerbaiyán intentó negar la participación de sus militares y eludir su responsabilidad alegando que no controlaba ese territorio. El tribunal concluyó, en cambio, que el militar armenio se encontraba bajo la autoridad y el control efectivo de las fuerzas azerbaiyanas. La propia versión de Bakú quedó desmentida por declaraciones oficiales azerbaiyanas y por videos difundidos en aquel momento.
La Corte también descartó el planteo de que la familia debía recurrir primero a la justicia azerbaiyana. Tuvo en cuenta los obstáculos prácticos y sistemáticos que enfrentan los demandantes armenios y señaló que Azerbaiyán no ofrece a los armenios étnicos ningún recurso legal efectivo.
Tras conocerse la sentencia en junio, Bakú llevó su malestar al plano diplomático. El 22 de junio, la Cancillería azerbaiyana convocó al jefe de la oficina del Consejo de Europa en Bakú y calificó el fallo de injusto y parcial. Entre otras cosas, objetó que el texto mencionara a la “República de Nagorno Karabaj” y a sus instituciones. Ni esa protesta ni el intento de llevar el caso a la Gran Sala modificaron el resultado.
El cumplimiento de la sentencia quedará ahora bajo la supervisión del Comité de Ministros del Consejo de Europa.
Este es el primer fallo del TEDH sobre crímenes cometidos durante la guerra de cuatro días de 2016, y llega casi diez años después de los hechos. Ante el tribunal siguen pendientes otras 21 demandas por hechos similares, presentadas por familiares de militares y civiles armenios. Los abogados anticiparon que esperan nuevas resoluciones judiciales y destacaron que esta sentencia constituye un precedente jurídico importante para la protección de las víctimas de conflictos armados y de sus familias.