Azerbaiyán desplegó en Europa una campaña sistemática contra Armenia. A lo largo de octubre, la iniciativa internacional “Un mundo libre de minas” llevó una muestra fotográfica sobre víctimas de explosiones por casi una decena de ciudades del continente. Arrancó el 5 de octubre en Ginebra, frente al Palacio de las Naciones, y siguió por Brno (7), Liubliana (9), Sarajevo (11), Zagreb (13), Salzburgo (15) y Roma (17), hasta llegar a Milán el 21.
Según la agencia estatal azerbaiyana Azertaj, en cada parada se informó a los visitantes que Armenia no cumplió sus compromisos y debe entregar a Bakú mapas de minado “confiables”. Los organizadores atribuyen a las minas cerca de 500 víctimas desde el fin de la guerra y aseguran que la mayoría de las explosiones se produjeron fuera de las zonas marcadas en los mapas recibidos. La campaña pide, además, que la ONU incorpore el “mundo libre de minas” como 18.º Objetivo de Desarrollo Sostenible.
Aunque se presenta como una iniciativa de la sociedad civil, la muestra no tiene nada de espontánea. La organiza el club fotográfico Gilavar, ganador este año de un concurso de subsidios convocado por la Agencia Estatal de Apoyo a las ONG de Azerbaiyán y el Fondo de Renacimiento de Karabaj, en alianza con la agencia nacional de desminado (ANAMA). Se trata, en los hechos, de una campaña financiada por el Estado de Ilham Aliyev.
Lo que los paneles no cuentan es que Armenia ya entregó mapas de campos minados. En junio de 2021 cedió los de Aghdam (Akna), con unas 97.000 minas, a cambio de la liberación de 15 prisioneros armenios. En julio entregó los de Fizuli (Varanda) y Zangilán (Kovsakan), con cerca de 92.000 minas, a cambio de otros 15. En diciembre de ese año hubo un nuevo canje. Bakú sostiene que esos mapas solo son precisos en un 25%, pero siempre los obtuvo poniendo a los prisioneros como moneda de cambio.
Presión frente al Parlamento Europeo
En paralelo, la organización “Familias de Desaparecidos de Karabaj” protestó en Bruselas: el 20 de octubre en la plaza Luxemburgo, frente al Parlamento Europeo, y el 21 en la plaza Schuman. Los manifestantes afirmaron que, “a causa de la ocupación armenia”, esperan desde hace 30 años noticias de 4010 compatriotas, entre ellos 71 niños, 288 mujeres y 319 hombres mayores.
La presión dio resultado: el 21 de octubre, por primera vez, una delegación de estas familias fue recibida en el Servicio Europeo de Acción Exterior por un asesor político del Representante Especial de la UE para el Cáucaso Sur y por el coordinador de relaciones con Azerbaiyán. Allí exigieron que Armenia informe la ubicación de fosas comunes y anunciaron que seguirán movilizándose.
Lo que Bakú calla
Mientras Azerbaiyán se muestra ante Europa como víctima, al menos 19 armenios siguen presos en sus cárceles. En febrero, el Tribunal Militar de Bakú condenó a prisión perpetua al expresidente de Artsaj Araik Harutiunian, al excomandante del Ejército de Defensa Levon Mnatsakanian, a su segundo Davit Manukian, al expresidente del Parlamento Davit Ishjanian y al excanciller Davit Babaian. Los expresidentes Arkadi Ghukasian y Bako Sahakian recibieron 20 años de prisión, la misma pena que se le impuso a Ruben Vardanian. Los juicios se realizaron a puertas cerradas, y desde que el Comité Internacional de la Cruz Roja debió cerrar su misión en Azerbaiyán, en septiembre de 2025, a pedido del propio gobierno de Aliyev, no queda ningún canal independiente para conocer el estado de los detenidos.
A eso se suma que el Comité de Investigación de Armenia denunció ante instancias internacionales la desaparición forzada de otros 32 armenios tras la guerra de 2020, que Bakú nunca reconoció como prisioneros. Tampoco se habló de ellos en Bruselas, ni de los más de 100.000 armenios forzados a abandonar Artsaj en septiembre de 2023.
Bakú trabaja con método: muestras itinerantes, actos frente a las instituciones europeas, reuniones de alto nivel y un mismo relato repetido ciudad por ciudad, con el respaldo de su propio Estado. Del lado armenio, en cambio, ni la Cancillería ni el gobierno de Nikol Pashinian dieron respuesta, y sin información oficial la diáspora queda sin herramientas para salir al cruce. La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo Ereván va a seguir callado?
