Organizaciones de derechos humanos alemanas rechazan la entrega del Premio de la Paz pidiendo al Parlamento de Hesse que condicione el reconocimiento a la liberación de los rehenes armenios y al retorno de los desplazados de Karabaj
WIESBADEN.- El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, recibió este jueves el Premio de la Paz de Hesse, uno de los galardones más prestigiosos de Alemania en la materia, por sus "esfuerzos para establecer la paz en el Cáucaso Sur". La ceremonia se realizó en el Landtag, el parlamento del estado federado de Hesse, en la ciudad de Wiesbaden, y contó con la presencia de la vocera del primer ministro, Melania Harutiunian, quien difundió imágenes del acto.
El premio, de 25.000 euros, es otorgado desde 1994 por la Fundación Albert Osswald y reconoce a personalidades que hayan realizado aportes destacados a la paz y a la cooperación internacional. Entre sus anteriores galardonados figuran el Dalai Lama, el pianista Daniel Barenboim y el excanciller estadounidense Sam Nunn. La presidenta del Landtag de Hesse, Astrid Wallmann, integrante del directorio del premio, sostuvo que la distinción reconoce "un proceso continuo de reformas democráticas y de acercamiento a Europa" por parte de Armenia desde 2018.
Horas antes de la ceremonia, un grupo de organizaciones alemanas de derechos humanos envió una carta al Landtag de Hesse y al directorio del premio en la que cuestionó la oportunidad de la entrega y reclamó que se aproveche la ocasión para exigir avances concretos en tres puntos: el retorno seguro y digno de la población armenia desplazada por la fuerza de Nagorno Karabaj, la liberación inmediata de los 19 rehenes armenios que Azerbaiyán mantiene detenidos en Bakú, y la protección internacional del patrimonio cultural armenio en Karabaj.
La carta, dirigida al Landtag, a su presidencia y al directorio del premio, fue firmada por representantes de distintas entidades: Jonathan Spangenberg, titular del Consejo Central de los Armenios de Alemania; Sarah Reinke, de la Sociedad para los Pueblos Amenazados; la doctora Tessa Hofmann, presidenta del Grupo de Trabajo para el Reconocimiento del Genocidio; el doctor John Eibner, presidente de Solidaridad Cristiana Internacional, y Peter Fuchs, responsable de esa misma organización en Alemania.
Los firmantes recordaron que Alemania reconoció el Genocidio Armenio el 2 de junio de 2016, lo que —sostienen— implica una responsabilidad histórica que debe traducirse en compromisos políticos concretos, y no diluirse con el paso del tiempo. En ese sentido, advirtieron que "las lecciones de la historia siguen siendo frágiles cuando no se traducen en acciones políticas claras".
El texto también recopila una serie de pronunciamientos internacionales sobre lo ocurrido en Karabaj a partir del bloqueo del corredor de Berdzor y la ofensiva militar azerbaiyana de septiembre de 2023, que derivó en el desplazamiento forzado de más de 100.000 armenios: la advertencia de la asesora especial de la ONU para la Prevención del Genocidio, Alice Wairimu Nderitu, sobre el riesgo de un genocidio; la intervención de la excanciller alemana Annalena Baerbock ante el Consejo de Seguridad de la ONU condenando el desplazamiento; la determinación del asesor especial de la ONU Juan Méndez, según la cual el desplazamiento forzado y el trauma psicológico infligido cumplen con los criterios de la Convención sobre el Genocidio; y la orden de la Corte Internacional de Justicia, de noviembre de 2023, que obligó a Azerbaiyán a no obstruir el regreso seguro de los desplazados armenios.
La carta también cita al exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, quien ya en agosto de 2023 había advertido sobre un genocidio en curso contra los armenios de Karabaj, y que en abril de 2024, durante un discurso en la Catedral de San Pablo de Fráncfort, remarcó que "las masacres no son la única forma de genocidio", y que tanto el hambre como el sufrimiento psicológico severo —ambos aplicados contra la población armenia de Karabaj— constituyen actos genocidas. En la misma línea se pronunció, en septiembre de 2024, la Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio (IAGS), que calificó las condiciones de vida generadas por el bloqueo del corredor como un acto genocida, y el éxodo forzado de 2023 como limpieza étnica.
Más allá del contexto de Karabaj, los firmantes de la carta también apuntaron contra la política interna del propio Pashinian, señalando que bajo su gobierno la Iglesia Apostólica Armenia sufre una presión creciente del Estado, con encarcelamientos y restricciones a la libertad de circulación de religiosos, incluidos arzobispos, además de injerencias en los asuntos internos de la Iglesia y presiones políticas sobre el propio Katolikós, a quien —sostienen— se le llegó a exigir la renuncia. Según las organizaciones, buena parte de esa presión responde a que representantes eclesiásticos se pronunciaron en defensa de los derechos de los desplazados de Karabaj.
También recordaron episodios en los que el primer ministro armenio se dirigió públicamente, en tono agraviante, a víctimas del desplazamiento forzado: en marzo de 2026 le preguntó a una mujer desplazada de Karabaj "por qué no se había quedado allí", y en mayo de ese año interpeló a la población karabají con la frase "¿por qué no murieron?", en referencia a los soldados que, según él, habrían abandonado sus posiciones. "Este trato hacia las víctimas genera una contradicción preocupante con los valores democráticos y con el propio sentido del premio a la paz", señala la carta.
Las organizaciones advirtieron, además, que si la distinción "valora el proceso de paz actual sin hacer referencia a lo ocurrido en Karabaj, a las graves violaciones de derechos humanos ni a sus consecuencias internacionales, sin tener en cuenta los derechos de las víctimas", existe el riesgo de que el premio termine siendo interpretado como un intento de "blanquear" un crimen consumado.
Por ese motivo, pidieron al Landtag de Hesse y al directorio del premio que utilicen la entrega del galardón como una oportunidad para señalar con claridad las cuestiones no resueltas del conflicto y exigir su inclusión en el proceso de paz en curso.