La Fiscalía turca pide hasta 2.352 años de prisión para el principal rival de Erdogan, en un juicio que los críticos califican de maniobra política para neutralizar a la oposición antes de las elecciones de 2028.
La democracia turca no deja de registrar nuevos logros, instructivos para déspotas de toda clase. En Estambul se desarrolla estos días el macrojuicio contra el exalcalde Ekrem Imamoglu y unos 400 exfuncionarios y colaboradores del municipio metropolitano, todos acusados de delitos de corrupción. Las causas acumuladas son tantas que, si el tribunal las confirma con los artículos correspondientes, el acusado podría afrontar una condena de hasta 2.352 años de prisión.
El trasfondo es conocido: Imamoglu es el principal rival político del presidente Recep Tayyip Erdogan de cara a las próximas elecciones presidenciales. El 19 de marzo de 2025, la policía rodeó su domicilio al amanecer — táctica normalmente reservada a delincuentes de alto riesgo — y lo arrestó bajo los cargos de corrupción. Días después, el Partido Republicano del Pueblo (CHP) lo proclamó candidato presidencial para 2028. Hoy lleva casi un año preso en la prisión de alta seguridad de Silivri, donde también se celebra el juicio en una sala habilitada especialmente para los 402 acusados.
"Este juicio no es legal, es completamente político. Su objetivo es frenar al CHP y bloquear a su candidato presidencial." manifestó Özgür Özel, líder del CHP.
La acusación tiene 3.900 páginas y describe una supuesta "organización criminal con fines de lucro" liderada por Imamoglu. Los cargos incluyen sobornos, blanqueo de capitales, manipulación de licitaciones públicas, extorsión y fraude. A todo esto se suman acusaciones paralelas de terrorismo, espionaje y falsificación de su título universitario, requisito constitucional para presentarse a la presidencia, que la Universidad de Estambul le anuló un día antes de su arresto. En enero de 2026, un tribunal rechazó su recurso.
La estrategia resulta transparente: mantener al adversario electoral encerrado y ocupado en tribunales durante años. Como señaló un analista del Instituto İstanPol, el proceso "largo y prolongado" confina a la oposición a una postura defensiva, le impide definir su propia agenda política y la hace sentir "constantemente en riesgo".
Desde su detención, miles de personas salieron a las calles en todo el país — las mayores protestas en Turquía en más de una década —, hasta que el gobierno prohibió las manifestaciones en Estambul, Ankara e Esmirna.
La lección es clara: en la "democracia" turca, el mejor rival es el que está tras las rejas. Cuanto más tiempo permanezca el adversario entre juicios y acusaciones, mejor para quien gobierna. Un modelo que, lamentablemente, encuentra cada vez más imitadores en la región.
