La familia de Rubén Vardanian informó que el empresario y filántropo armenio ha decidido no apelar la sentencia de 20 años de prisión dictada en su contra.

Según el comunicado difundido por sus allegados, esta decisión no implica que Vardanian esté de acuerdo con el fallo ni que renuncie a su defensa. Por el contrario, se trata -afirman- de una negativa consciente a “legitimar un proceso que desde el inicio no tuvo relación con la justicia”.

De acuerdo con la declaración familiar, las audiencias no constituyeron un juicio en condiciones de transparencia, sino una “escenificación”. Señalan que las sesiones se realizaron a puerta cerrada, que no se permitió la presencia de observadores independientes y que diversas mociones presentadas por la defensa fueron ignoradas.

Asimismo, denuncian que el texto completo de la sentencia no fue leído en la sala del tribunal y que, al momento de difundirse el comunicado, la familia aún no había recibido la versión oficial escrita con la debida traducción. Consideran esta situación una “grave violación procesal”, que impide incluso comprender formalmente los fundamentos de la condena a 20 años de prisión.

En el comunicado se sostiene que la apelación solo tiene sentido cuando existe una instancia superior capaz de corregir errores del tribunal de primera instancia. Sin embargo, cuando las irregularidades son de carácter sistémico y afectan principios fundamentales del debido proceso, recurrir el fallo se convierte en un mecanismo que legitima una persecución considerada ilegal.

“Acudir a una instancia superior en estas condiciones equivaldría a reconocer que el proceso judicial cumple, aunque sea mínimamente, con las normas del derecho, lo cual no es el caso”, señala la familia.

Vardanian no reconoce el veredicto como un acto legítimo de justicia y lo considera parte de una persecución de carácter político. La renuncia a la apelación, subrayan, “no es el fin de la lucha, sino la negativa a participar en una farsa”.

Finalmente, la familia anunció que continuará buscando justicia a través de mecanismos jurídicos internacionales y otras instancias fuera del sistema judicial que dictó la condena, al considerar que “es imposible defender los propios derechos en un sistema que desde el inicio niega el derecho a un juicio justo”.