En la investigación preliminar del proceso penal iniciado por incumplimiento de acto judicial, se ha establecido persecución penal pública contra 7 personas: el arzobispo Natan Hovhannisian, los obispos Hovnan Hakopian, Makar Hakopian, Mushegh Babaian, Haykazun Najarian, Vahan Hovhannisian y el sacerdote Movses Sahakian, informó el Comité Investigativo a los medios de comunicación.

Los cargos se encuadran en el artículo 507, parte 2 del Código Penal (incumplimiento de acto judicial u obstrucción de su ejecución, cometido mediante el uso de autoridad oficial o influencia condicionada por ella). Como medida cautelar se eligió la prohibición de ausentarse del país.

La abogada Marine Farmanian, quien estuvo presente en los interrogatorios del obispo Hovnan Hakopian, primado de la diócesis de Gugarats, y del obispo Makar Hakopian, primado de la diócesis de Syunik, informó a periodistas que la prohibición de abandonar el territorio de Armenia obstaculiza de hecho la participación en el Sínodo de Obispos. Respecto al reverendo Makar se estableció prohibición de hablar sobre la medida cautelar, lo que la abogada considera ilegal.

Anteriormente, el abogado Ara Zohrabian había informado que desde la mañana se estaban entregando citaciones mediante la policía a los miembros obispos del Consejo Espiritual Supremo para comparecer ante el Comité Investigativo como acusados. Fueron convocados los primados de las diócesis de Gugarats y Syunik, así como el padre Movses Sahakian. Los interrogatorios están relacionados con el caso de Arman Saroian, ex primado de la diócesis de Masyatssotn, despojado de su rango.

El obispo Makar Hakopian declaró a periodistas que le prohibieron hablar del caso, pero aseguró que jamás traicionará su voto. Enfatizó que la decisión de destitución fue tomada por órganos colegiados de la Iglesia y no unilateralmente.

El obispo Hovnan Hakopian señaló que considera lo sucedido como presión contra la Iglesia, subrayando que la Sede Madre no ha realizado ninguna acción anticanónica.

Cabe recordar que del 16 al 19 de febrero en Sankt Pölten, Austria, está previsto el Sínodo de Obispos, al cual los altos clérigos podrían no asistir debido a estas restricciones.

"El poder teme a una Iglesia organizada, autónoma e institucional, no a individuos": Sureniants

Los procesos que se desarrollan en torno a la Iglesia Apostólica Armenia en los últimos días ya no pueden interpretarse en el marco de disputas legales, problemas disciplinarios o conductas individuales de funcionarios, analiza el politólogo Suren Sureniants.

Estamos ante acciones sistemáticas, consecuentes y deliberadas que, en esencia, constituyen una guerra declarada por el poder contra la Iglesia como estructura portadora de identidad nacional, espiritual e institucional.

La presentación de cargos criminales contra seis obispos de la Sede Madre y un sacerdote bajo la falsa justificación de obstrucción al cumplimiento de un acto judicial, cuando se trata de relaciones canónicas internas de la Iglesia, significa de hecho, la criminalización del orden jurídico autónomo de la Iglesia. El Estado interviene abiertamente en el campo de la administración interna de la Iglesia, imponiendo su propia voluntad política mediante mecanismos judiciales y de fuerza.

La cuestión del ex primado de la diócesis de Masyatssotn se ha convertido en un pretexto para atacar a toda la jerarquía eclesiástica. Cuando se persigue criminalmente a obispos por permanecer fieles a las disposiciones del Katolikos o a las decisiones del Sínodo de Obispos, el proceso pierde toda lógica jurídica. Este es un mensaje directo a la Iglesia: someterse o enfrentar presión criminal.

Es lógico suponer que esta cadena podría llegar hasta el Katolikos, convirtiendo a toda la clase episcopal en blanco de responsabilidad penal.

Paralelamente, se aplican mecanismos punitivos administrativos y políticos. La suspensión del servicio de capellanes en el ejército no puede percibirse como un paso técnico u organizativo. Es un instrumento abierto de presión con el cual el poder demuestra su disposición a expulsar inmediatamente a la Iglesia de sistemas estatales y públicos importantes, utilizándola como medio de chantaje político.

Tampoco es casual la intensificación de las presiones en vísperas de la celebración del Sínodo de Obispos. Esto evidencia que el objetivo real del poder no es solo silenciar a clérigos individuales, sino impedir la formación de la voluntad colectiva de la Iglesia. El poder no teme a individuos, sino a una Iglesia organizada, autónoma e institucional que puede actuar como sujeto independiente.

Es necesario constatar claramente que lo ocurrido viola groseramente el artículo 17 de la Constitución de la República de Armenia, que establece el principio fundamental de separación entre Estado e Iglesia. Sin embargo, el problema no radica solo en la violación constitucional. El poder estatal actúa de hecho como sujeto político que considera a la Iglesia no como institución autónoma, sino como objetivo de control.

Cuando el poder declara la guerra a la Iglesia, de hecho declara la guerra a su propia memoria histórica, a la identidad nacional y a una de las últimas instituciones autónomas dentro de la sociedad.Esto pone en peligro el orden constitucional y la paz social.

Suren Sureniants, politólogo