El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, intervino ante los participantes del III Congreso Internacional titulado “Patrimonio cultural y derecho al retorno: la restauración del patrimonio cultural de los azerbaiyanos expulsados de Armenia como vía hacia la justicia, la reconciliación y la paz”.

En su discurso, Aliyev sostuvo que, tras la “recolonización armenia” de las tierras que considera ancestrales de Azerbaiyán y como resultado de “masacres y expulsiones ilegales” ocurridas en distintos momentos del siglo XX, “cientos de miles de nuestros compatriotas abandonaron su patria y buscaron refugio en Azerbaiyán”.

Según el mandatario, los azerbaiyanos que habitaban en Armenia fueron “forzosamente reubicados”, sus bienes “apropiados”, y su patrimonio cultural —material y espiritual— “confiscado, destruido o asimilado”. Aseguró además que estos hechos están respaldados por “documentación fiable”.

Aliyev acusó a Armenia de destruir repetidamente el “rico patrimonio cultural” de los azerbaiyanos en lo que denomina “Oeste de Azerbaiyán”, incluyendo santuarios y cementerios, con el propósito de “borrar las huellas del pueblo azerbaiyano”. Señaló que es necesario promover, en el marco del derecho internacional, la evaluación de “los crímenes contra la humanidad cometidos por los armenios contra los azerbaiyanos”.

El presidente subrayó que uno de los ejes centrales de su planteamiento es garantizar el “derecho al retorno” de los azerbaiyanos desplazados de Armenia, un derecho que, afirmó, está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y otros instrumentos internacionales. También insistió en la necesidad de contar con la participación de agencias especializadas de la ONU para la preservación y restauración del patrimonio cultural.

“El derecho al retorno —dijo— es uno de los principios fundamentales de los derechos humanos y supone no solo el regreso físico, sino la recuperación de la integridad espiritual, del patrimonio cultural y de la memoria histórica.”

Aliyev sostuvo que la “restauración y protección del patrimonio cultural azerbaiyano en Armenia” constituye una “demanda legítima del pueblo azerbaiyano” y un requisito para “cerrar la página de la enemistad” y alcanzar la “comprensión mutua entre los pueblos”.

Destacó asimismo la reunión celebrada el 8 de agosto de 2025 en Washington, bajo mediación estadounidense, donde Armenia y Azerbaiyán firmaron una declaración conjunta y firmaron de manera preliminar un borrador de acuerdo de paz, acontecimientos que, según él, “inspiran esperanza y confianza” en la futura convivencia.

“Creemos —concluyó— que los miembros de la comunidad del Oeste de Azerbaiyán regresarán a las tierras de sus antepasados y que se consolidarán relaciones de buena vecindad entre nuestros pueblos.”

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^{Nota de redacción:}

El discurso de Ilham Aliyev configura un marco histórico profundamente unilateral. La selección de hechos excluye sistemáticamente episodios ampliamente documentados de violencia, destrucción cultural y desplazamiento sufridos por la población armenia a lo largo del siglo XX y, de manera especialmente significativa, la limpieza étnica de Artsaj en 2023. Esta interpretación parcial se complementa con la introducción del concepto político-ideológico de “Oeste de Azerbaiyán”, una noción sin sustento histórico ni jurídico, destinada a redefinir retrospectivamente la composición demográfica y territorial de Armenia.

Asimismo, la acusación de destrucción cultural dirigida exclusivamente contra Armenia omite la demolición sistemática del patrimonio armenio en Najicheván y en los territorios ocupados tras la guerra de 2020, fenómeno ampliamente señalado por investigadores y organizaciones internacionales.

Este desequilibrio en la atribución de responsabilidades evidencia un uso instrumental del lenguaje de los derechos humanos, orientado no a la reconciliación genuina, sino a la consolidación de ventajas políticas y territoriales obtenidas por Azerbaiyán en el período posterior al conflicto.

En este contexto, las apelaciones oficiales a la “buena vecindad” adquieren un carácter marcadamente táctico. Mientras persistan la militarización de la región, la presión territorial sobre Armenia y la ausencia de garantías internacionales para las comunidades desplazadas, la retórica conciliatoria difícilmente podrá interpretarse como un compromiso auténtico con una paz justa, estable y basada en el respeto mutuo.