Ereván — El 14 de noviembre de 2025, durante la sesión ordinaria del Gabinete presidida por el primer ministro Nikol Pashinian, el gobierno de Armenia aprobó el proyecto de ley “Sobre el Seguro de Salud Universal”, junto con un paquete de iniciativas complementarias, marcando un paso decisivo hacia la reforma del sistema sanitario del país.

El proyecto prevé que, a mediano plazo, el porcentaje de ciudadanos que no acceden a atención médica por motivos económicos disminuya en un 30 %, situándose en un máximo del 6 % de la población asegurada. Asimismo, se espera una reducción de más del 20 % en el gasto sanitario privado dentro del gasto total en salud.

Para garantizar el acceso equitativo, el Estado asumirá la totalidad de las primas del seguro de salud para menores de 18 años y mayores de 65. También cubrirá las primas de personas de entre 18 y 65 años que cuenten con discapacidad o protección social. La ministra de Salud, Anahit Avanesian, destacó que el sistema se estructurará en base a factores de edad, ingresos y vulnerabilidades sociales. Pashinian, por su parte, subrayó la necesidad de mecanismos sólidos de control que eviten abusos y aseguren que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan.

En la misma sesión, el Ejecutivo aprobó un paquete legislativo que prohíbe, a partir del 1 de enero de 2027, la venta y presencia de bolsas y sacos plásticos en comercios, restaurantes, ferias y puntos móviles de venta, incluyendo aquellos de más de 50 micras. El ministro de Medio Ambiente, Hambardzum Matevosian, explicó que solo se permitirán bolsas destinadas a embalaje y bolsas de basura fabricadas con materiales secundarios. Como alternativas se promoverán bolsas reutilizables de papel o tela.

El Primer Ministro destacó la importancia de campañas públicas de sensibilización, apoyo continuo a los comerciantes y la necesidad de un plan claro para implementar la prohibición de aquí a 2027, señalando que la sociedad está acostumbrada al uso cotidiano del plástico.

Finalmente, el gobierno estableció nuevos requisitos para el tratamiento preliminar de aguas residuales industriales. Desde el 1 de julio de 2026, las empresas no podrán verter aguas residuales en el sistema de alcantarillado centralizado sin cumplir con los estándares fijados.

Con estas medidas, el Ejecutivo refuerza su compromiso con el bienestar social y la sostenibilidad ambiental, avanzando en reformas estructurales con impacto directo en la vida de los ciudadanos.