Ereván (Armenia).— Decenas de residentes de Gyumri se dirigen hacia la capital armenia para expresar su apoyo al alcalde Vardán Ghukasian, quien fue trasladado recientemente por las fuerzas del orden al Comité Anticorrupción en Ereván.

“Cuando lleguemos a Ereván, alzaremos la voz, gritaremos y defenderemos a nuestro alcalde. ¡Pueblo, mantengan las posiciones o nos arrollarán!”, declaró Avetis Arakelian, primer vicealcalde de Gyumri, en declaraciones a la prensa local.

Tensión en Gyumri

Las horas previas estuvieron marcadas por una fuerte tensión frente al Ayuntamiento de Gyumri, donde se registraron enfrentamientos entre ciudadanos y agentes de policía. Testigos informaron de empujones, forcejeos y detenciones, mientras las autoridades empleaban la fuerza para dispersar a los manifestantes.

El subjefe de la Policía, Karén Hakobian, aseguró a los periodistas que los agentes habían actuado “con fuerza proporcional y no excesiva”.

Contexto político y antecedentes

El conflicto político entre el Gobierno central y las autoridades locales de Gyumri viene escalando desde principios de mes.
Durante una sesión de preguntas y respuestas en el Parlamento, el 1 de octubre, el primer ministro Nikol Pashinian lanzó duras críticas hacia la administración de Gyumri, refiriéndose directamente a Ghukasian:

“Gyumri ha estado gobernada durante seis meses por un clan, cuyo jefe, conocido por muchos como Vardánik o, según acusaciones, el padre de un corrupto local, se ha permitido hacer declaraciones que ponen en duda la soberanía de Armenia. Quienes cuestionen la soberanía de la República de Armenia deben ser eliminados del ámbito político y público.”

El 17 de octubre, Ghukasian respondió a esos comentarios, pidiendo al primer ministro que aclarara su significado, ya que —dijo— la frase “ser eliminado del ámbito público” podría interpretarse como una amenaza a su vida.

Escalada de la crisis

La detención de Ghukasian por presunta corrupción ha provocado una ola de protestas en Gyumri y ahora también en Ereván, donde simpatizantes y autoridades locales denuncian una persecución política y un intento del Gobierno de controlar la segunda ciudad más importante del país.