La Asamblea Nacional de Armenia celebró el jueves una sesión extraordinaria en la que aprobó una declaración sobre el establecimiento de la paz con Azerbaiyán. El texto, impulsado por la mayoría gobernante, fue votado con 64 votos a favor y 2 abstenciones, mientras que las bancadas opositoras decidieron no participar en el debate ni en la votación.

La iniciativa fue presentada por Hayk Konjorian, jefe de la fracción oficialista Contrato Cívico, quien subrayó que el objetivo es “respaldar la paz ya establecida” entre Armenia y Azerbaiyán, y hacer un llamado a todos los actores políticos, sociales y culturales a fortalecer y desarrollar este proceso.

El documento parlamentario ratifica el compromiso de Armenia con la soberanía, la integridad territorial y la coexistencia pacífica, y se alinea con la declaración conjunta firmada el 8 de agosto de 2025 en Washington por el primer ministro Nikol Pashinian, el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev y el presidente estadounidense Donald Trump. En ese marco, se resalta la importancia de reabrir comunicaciones fronterizas y garantizar el tránsito entre Azerbaiyán continental y Najicheván a través del territorio armenio, siempre bajo respeto a la soberanía y con beneficios mutuos.

La declaración también expresa la disposición de Armenia a cooperar con Estados Unidos y otros socios internacionales en la implementación del proyecto de corredor “Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional” (TRIPP), y exhorta a evitar discursos o actos que puedan reavivar el conflicto.

Los legisladores oficialistas defendieron que esta decisión fortalece la democracia y la economía armenias, abre el camino hacia relaciones diplomáticas con Bakú y Ankara, y consolida la seguridad de los ciudadanos. El vicepresidente del Parlamento, Hakob Arshakian, afirmó que “este es el camino de un Estado viable, un Estado que dialoga, abraza la paz, la libertad y la independencia”.

La oposición, en cambio, se mantuvo ausente como gesto de rechazo político, advirtiendo que el proceso aún contiene riesgos vinculados a las exigencias de Azerbaiyán sobre modificaciones constitucionales.

Aunque no equivale a la firma definitiva del tratado de paz, la resolución parlamentaria representa un respaldo político simbólico que legitima el rumbo emprendido por el gobierno y que busca cerrar un ciclo de casi cuatro décadas de conflicto armado, especialmente en torno a la cuestión de Nagorno-Karabaj.