Las cifras demuestran que los residentes de Artsaj desplazados por la fuerza no tienen prisa por solicitar la ciudadanía armenia. Las razones son diferentes: objetivas y subjetivas, afirmó el defensor de los derechos humanos de Artsaj, Gegham Stepanian, durante el debate sobre la cuestión de "la adquisición de la ciudadanía de la República de Armenia para los desplazados por la fuerza de Nagorno-Karabaj".
Según él, hasta 2023, el pasaporte con el código 070 otorgado a los ciudadanos de Artsaj otorgaba a la persona todos los derechos que tenía un ciudadano de la República de Armenia, con la única excepción del derecho a votar, y una vez registrado en Armenia e incluido en las listas electorales, la persona también podía ejercer sus derechos electorales en Armenia.
"La gente de Artsaj con pasaportes con el código 070 solía ir a trabajar en el sector de servicios públicos estatales de Armenia, algo que por ley estaba disponible exclusivamente para los ciudadanos de Armenia.
Según la decisión, a los ciudadanos de Artsaj desplazados por la fuerza se les concedió un estatus de protección temporal, que se extendió hasta diciembre de 2025 con las últimas modificaciones.
Paralelamente, se ha establecido que los ciudadanos de Artsaj pueden presentar una solicitud individual de ciudadanía y recibirla de forma acelerada o simplificada", dijo.
Gegham Stepanian observó que las cifras demuestran que los residentes de Artsaj desplazados por la fuerza no tienen prisa por solicitar la ciudadanía por diferentes razones. y las razones.
"El efecto de la obtención de la ciudadanía sobre el derecho de retorno. Es innegable que, al menos desde el punto de vista de las percepciones, la cuestión de no obtener la ciudadanía de la República de Armenia entre el pueblo de Artsaj, está directamente relacionada con la perspectiva de regresar a Artsaj y de su derecho a regresar.
La posible pérdida del derecho de retorno es una de las principales preocupaciones, que lamentablemente no ha recibido la atención adecuada hasta ahora.
Sobre este tema tuvimos conversaciones con varios expertos en derecho internacional, la posición de la comunidad profesional es que la aceptación de la ciudadanía, no elimina el derecho a regresar", dijo el Defensor del Pueblo de Artsaj.