Hace 30 años, como resultado de represiones, ataques y acciones criminales de Azerbaiyán, 20.000 residentes de la región de Shahumian de la República de Artsaj fueron desalojados y deportados, más de 700 personas fueron asesinadas o desaparecidas, los asentamientos armenios históricos fueron devastados y saqueados, Los valores espirituales y culturales armenios de la región fueron destrozados y destruidos, se lee en el informe de la Oficina del Defensor del Pueblo de Nagorno-Karabaj.

"Las casas armenias fueron divididas, y los "nuevos propietarios" de Azerbaiyán escribieron sus nombres en las puertas con pintura al óleo. La iglesia fue profanada y convertida en un corral de ovejas. La cruz fue rota, la campana fue destrozada con un disparo de rifle y los fragmentos estaban esparcidos de un lado a otro", dicen los testigos presenciales.

Los crímenes cometidos contra los shahumianos fueron un acto de “castigo” por el ejercicio de su derecho al libre albedrío y a una vida independiente y digna en su patria.

La cuestión del restablecimiento de la justicia y los derechos violados de los pobladores de Shahimian, que fueron privados de su patria por motivos étnicos y religiosos, no se plantearon claramente en la agenda de negociación y las autoridades azerbaiyanas no rindieron cuentas por los crímenes cometidos contra ellos. Además, esa impunidad sigue generando nuevos crímenes, de los que fuimos testigos en abril de 2016, durante la agresión desatada por Azerbaiyán contra el pueblo de Artsaj en septiembre de 2020, y ahora sigue manifestándose tras la declaración de alto el fuego trilateral del 9 de noviembre.

La comunidad internacional continúa mostrándose, reprochablemente, indiferente a lo que está sucediendo, que no se deriva del principio de protección universal de los derechos humanos”, se lee en el comunicado.