Freedom House observa con gran preocupación la primera condena penal de un ciudadano armenio en virtud de la nueva disposición del Código Penal que tipifica como delito los “insultos graves” contra funcionarios del gobierno. 

Así lo afirma una publicación en la página de Facebook de esta organización sin fines de lucro, no gubernamental con sede en Washington D. C. y con oficinas en cerca de una docena de países. Conduce investigaciones y promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos.​ Se describe como «una voz clara para la democracia y libertad en el mundo». 

La publicación continúa de la siguiente manera:

“La aplicación de esta legislación, que resultó con más de 260 casos penales solo en 2022, significa una clara degradación de las normas democráticas en Armenia y crea un efecto disuasorio para la libertad de expresión. Hacemos un llamado al parlamento para que revoque esta ley que viola tan descaradamente los principios consagrados en la Constitución de Armenia, los compromisos del país con la OSCE y la Convención Europea de Derechos Humanos de la que es parte”.