El asistente del presidente de Azerbaiyán y jefe del Departamento de Política Exterior de la Administración Presidencial, Hikmet Hajiyev, afirmó que «la sociedad armenia debe pedir perdón a los azerbaiyanos que durante 30 años no pudieron regresar a su patria». Lo dijo este lunes 26 de octubre en una sesión especial titulada «El lenguaje de la paz y la lucha contra la desinformación», en el marco de la Plataforma de Diálogo de Bakú sobre Cultura y Medios.

«Hay ciertos acontecimientos que no podemos borrar de la historia. Sin embargo, no tenemos intención de vengarnos. Para establecer una paz duradera debemos seguir dando pasos y presentando iniciativas. Armenia debe pedir perdón al pueblo azerbaiyano», declaró Hajiyev, uno de los colaboradores más cercanos de Ilham Aliyev.

En la misma sesión, el funcionario dijo que Bakú sigue preocupado por «las manifestaciones de revanchismo en la sociedad armenia» y se refirió a la idea de «Armenia Real» que promueve el gobierno de Nikol Pashinian. Según él, Armenia debe existir dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente y no basarse en «interpretaciones históricas que no se corresponden con la realidad». También advirtió que el acuerdo de paz puede firmarse, pero también puede quedar solo en el papel, y sostuvo que Azerbaiyán pasó 30 años construyendo un sistema para contrarrestar la desinformación.

Un tratado que sigue sin firmarse

Las declaraciones llegan mientras el acuerdo de paz, rubricado en Washington el 8 de agosto de 2025, sigue sin firma. Bakú condiciona ese paso a que Armenia modifique su Constitución, cuyo preámbulo remite a la Declaración de Independencia, que el gobierno de Aliyev considera un reclamo territorial. Ereván rechaza esa interpretación. Una reforma de ese tipo exigiría un referéndum.

El propio Pashinian dio señales contradictorias en las últimas semanas: el 15 de octubre dijo que se propone firmar y ratificar el tratado antes de 2031, y una semana después habló de una posible firma entre 2027 y 2028.

Lo que Hajiyev no dice

El reclamo de Hajiyev se refiere a los azerbaiyanos desplazados durante la primera guerra de Karabaj. Pero omite que desde 2020 Bakú controla esos territorios y que quienes hoy no pueden volver a su tierra son los más de 100.000 armenios de Artsaj, expulsados tras la ofensiva de septiembre de 2023. Tampoco menciona a los armenios que debieron abandonar Azerbaiyán entre 1988 y 1990, tras los pogromos de Sumgait, Kirovabad —la ciudad natal del propio Hajiyev— y Bakú. Ni a la veintena de armenios que siguen presos en Bakú, entre ellos ocho ex dirigentes de Artsaj, cinco de los cuales fueron condenados a cadena perpetua.

No es la primera provocación reciente del funcionario. A comienzos de septiembre, durante una visita con diplomáticos extranjeros a los monasterios de Kantsasar y Tativank, Hajiyev presentó ese patrimonio como «cristiano albano caucásico» y, en el museo de manuscritos de Kantsasar, mostró las páginas en blanco de un facsímil entre las risas de los diplomáticos. La Sede Madre de la Santa Echmiadzín lo condenó como una falsificación. Del lado del gobierno, la única respuesta llegó del presidente de la Asamblea Nacional, Ruben Rubinian, ante una pregunta de la oposición: calificó esas afirmaciones de «infundadas» y pidió cuidar la paz recién alcanzada. La Cancillería no emitió una declaración propia y el canciller Ararat Mirzoian remitió a los periodistas a las palabras de Rubinian.

Dos maneras de hacer política

El contraste entre ambos gobiernos es cada vez más visible. Los representantes de Bakú usan cada foro, cada entrevista y cada visita para imponer su relato: hablan de paz mientras suman exigencias (la reforma constitucional, el discurso de «Azerbaiyán Occidental» y ahora un pedido de perdón) e invierten los roles de víctima y victimario. Lo hacen de manera coordinada y sin conceder nada.

Del lado armenio predomina una prudencia que muchas veces se convierte en silencio. El gobierno de Pashinian lo justifica en la necesidad de no poner en riesgo el proceso de paz. El argumento puede tener lógica diplomática, pero tiene un costo: cada declaración de Bakú que queda sin una respuesta firme se instala como verdad ante la opinión pública internacional. Firmar la paz no obliga a aceptar la versión del otro sobre la historia. Responder con datos y con claridad no es revanchismo: es defender la memoria y la dignidad de un pueblo.